San Cristóbal de las Casas, Chiapas.— El ingreso de grupos de jóvenes israelíes que recién concluyeron su servicio militar obligatorio en su país, a escuelas públicas de comunidades indígenas en Los Altos de Chiapas ha desatado una fuerte controversia entre pobladores.

Los lugareños, organizaciones civiles y autoridades educativas, exigen a las autoridades locales esclarecer cómo se vulneraron los estrictos protocolos de acceso y protección de menores en los planteles.

La polémica cobró relevancia pública el pasado 12 de junio, cuando habitantes de la comunidad tsotsil de Nachig, en el municipio de Zinacantán, denunciaron y difundieron fotografías sobre la presencia de 25 ciudadanos israelíes al interior de la escuela primaria Narciso Mendoza y del albergue escolar Manuel Gamio.

Posteriormente, reportes periodísticos revelaron que estas visitas no eran un hecho aislado, sino parte de un programa recurrente que se ha extendido a escuelas de San Cristóbal de Las Casas y Chamula.

El mecanismo de ingreso y las organizaciones detrás

De acuerdo con la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el acceso de personas ajenas al sistema educativo a los planteles escolares está estrictamente regulado y requiere convenios formales, oficios de comisión y verificación de antecedentes, especialmente cuando hay contacto con niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, investigaciones publicadas por medios nacionales señalan que los voluntarios ingresaron saltándose los filtros administrativos centrales. El acceso se concretó mediante acuerdos directos e informales con directores de escuelas y comités de padres de familia, quienes aceptaron el apoyo de los extranjeros para cubrir carencias materiales en los planteles, como pintura y mantenimiento de aulas.

Asimismo, reportes locales documentan que pastores de iglesias evangélicas de la región con afinidad hacia Israel fungieron como enlace comunitario para facilitar su llegada a las localidades.

Las agrupaciones señaladas en las denuncias son principalmente Heroes for Life (Héroes por la Vida), Guerreros sin Fronteras y las llamadas misiones Yotam. Estas organizaciones promueven viajes de voluntariado en América Latina y Asia para jóvenes que acaban de finalizar su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Aunque registros públicos de la representación diplomática indican que Heroes for Life realiza brigadas en México desde al menos septiembre de 2019, su operación en comunidades indígenas chiapanecas pasó inadvertida para las autoridades educativas superiores hasta este año.

Además de labores de remozamiento, los voluntarios imparten clases de inglés, ciencias, música y, según denunciaron colectivos locales, talleres de defensa personal (krav magá).

Deslinde oficial y reclamos ciudadanos

Ante el aumento de las críticas, la Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Roger Adrián Mandujano Ayala, emitió un comunicado en el que se deslindó de los hechos.

La dependencia aseguró que no existe ninguna solicitud formal, convenio ni permiso oficial otorgado para que grupos extranjeros ingresen a las escuelas públicas de la entidad, subrayando que los espacios escolares están destinados exclusivamente a fines educativos.

Pese al deslinde, las autoridades estatales no han informado si se abrirán investigaciones administrativas a través de los órganos internos de control para sancionar a los directivos o supervisores escolares que permitieron el acceso sin autorización, una omisión que la Ley General de Educación castiga desde la amonestación hasta la destitución del cargo.

Por su parte, el embajador de Israel en México, Yoed Magen, rechazó los señalamientos de organizaciones sociales que calificaron las visitas como una “infiltración militar”.

El diplomático calificó las acusaciones como desinformación y sostuvo que se trata exclusivamente de programas de voluntariado civil y humanitario realizados por jóvenes una vez concluida su etapa en el ejército.

No obstante, colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos entregaron una petición respaldada por más de 13 mil firmas dirigida a la Presidencia de la República, la SEP y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el documento, exigen prohibir de manera expresa el ingreso de personal vinculado con fuerzas armadas extranjeras a las escuelas públicas del país, auditar las responsabilidades de los funcionarios educativos en Chiapas y solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM) que verifique si los voluntarios contaban con el estatus migratorio adecuado para realizar dichas actividades en territorio mexicano.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.

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