Washington, D.C.— Veinticinco estados demandaron el lunes a la administración del presidente Donald Trump por sus más recientes aranceles, calificándolos de pretexto para reemplazar los impuestos a la importación que la Corte Suprema anuló en febrero.

El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, alegando que no habían hecho lo suficiente para combatir las importaciones producidas mediante trabajo forzado. Los nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando expiraban los aranceles temporales a los que había recurrido el presidente Donald Trump tras la derrota ante la Corte Suprema.

“Tras perder ante la Corte Suprema, el gobierno está intentando una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

A Nueva York se sumaron en la demanda anunciada el lunes los estados de:

  • Arizona
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Hawái
  • Illinois
  • Kentucky
  • Massachusetts
  • Maryland
  • Maine
  • Michigan
  • Minnesota
  • Nevada
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Carolina del Norte, Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • Virginia
  • Vermont
  • Washington
  • Wisconsin

Trump, quien sostiene que los aranceles elevados reactivarán la industria manufacturera estadounidense, revirtió el año pasado décadas de política estadounidense que favorecía aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre. Al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), impuso aranceles de dos dígitos a las importaciones procedentes de casi todos los países, argumentando que el déficit comercial de larga data de Estados Unidos constituía una emergencia nacional.

Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la IEEPA no autorizaba la imposición de aranceles. La decisión obligó al gobierno a reembolsar a los importadores que habían pagado dichos aranceles. Con el objetivo de recuperar los ingresos perdidos, Trump recurrió a aranceles temporales del 10% a nivel mundial. No obstante, estos expiraron a la medianoche del 24 de julio.

Ahora está aplicando aranceles más duraderos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer impuestos a la importación y otras sanciones contra países que se determine que participan en prácticas comerciales desleales. Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato, y estos resistieron los recursos judiciales.

El gobierno invocó la Sección 301 para imponer los aranceles por trabajo forzado, que oscilan entre el 10%, como a México, y el 12.5% y afectan a países que proveen el 99% de las importaciones estadounidenses.

“Estados Unidos está haciendo uso de su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que suponen una carga para el comercio estadounidense”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. “El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado es irrazonable y supone una carga para el comercio estadounidense, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta legalmente sólida desde el primer mandato del presidente, y siguen siéndolo en la actualidad”.

La demanda de los estados se suma a otras dos demandas presentadas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas que también impugnaron los aranceles de la Sección 301.

Ambas demandas sostienen que el gobierno no fundamentó adecuadamente sus argumentos contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica específica por la que se imponen, tal como lo exige la Sección 301.

desa/rmlgv

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