Washington, D.C.— En un revés significativo para la estrategia de la Administración Trump contra las políticas de inclusión de la comunidad LGTBIQ+ en las escuelas, una jueza federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia contra el estado de California.
El Gobierno federal buscaba congelar o revocar más de 44.000 millones de dólares en financiación educativa bajo el argumento de que permitir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos violaba la ley federal de discriminación por sexo (Título IX).
La resolución judicial, dictada a principios de esta semana por la jueza de distrito Monica Valenzuela, concluyó que el Título IX no exige la exclusión categórica de las atletas trans. La magistrada señaló que las normativas del estado no incurrieron en una infracción clara de los términos bajo los cuales reciben dichos fondos federales. Tras el fallo, el Departamento de Justicia expresó su disconformidad y adelantó que evalúa recurrir la decisión.
La disputa legal forma parte de una escalada de presiones iniciada tras los mensajes del presidente Donald Trump en su red Truth Social, donde amenazó con asfixiar financieramente a los distritos escolares californianos que no acaten sus directrices.
Aunque el frente judicial sobre el Título IX ha dado un respiro al estado, el impacto financiero en otras áreas ya se hace sentir:
- Corte en salud y educación sexual: La Administración confirmó la cancelación de las subvenciones del Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) —que prevé embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual— tras acusar a las autoridades locales de negarse a eliminar la “ideología de género” de sus temarios.
- Presión sobre Medi-Cal y atención de afirmación de género: En agosto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) finalizó una norma para prohibir reembolsos de Medicaid y CHIP a tratamientos de afirmación de género para menores. En respuesta, el fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de estados para demandar a la Administración, mientras el Congreso estatal busca aprobar un fondo de emergencia de $10 millones para evitar que miles de jóvenes pierdan la cobertura de sus tratamientos.
- Investigaciones a hospitales y expedientes: A la par, el Departamento de Justicia y el HHS mantienen vivas varias citaciones para obtener historiales médicos confidenciales de menores en centros de salud que realizan procedimientos de reasignación de género o terapias hormonales.
A pesar de la retórica confrontativa de la Casa Blanca, defensores de los derechos civiles recordaron que la mayor parte del presupuesto de las escuelas públicas californianas proviene de arcas locales y estatales, representando los aportes federales entre el 8 % y el 10 % del total. No obstante, las medidas ejecutivas han obligado al gobernador Gavin Newsom y a los legisladores locales a articular nuevas rutas de financiamiento exclusivamente estatal para proteger los programas amenazados.
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