Esta historia fue publicada originalmente por Lindsey Toomer para Colorado Newsline, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Chase Woodruff/Colorado Newsline
Por Lindsey Toomer
La Corte Suprema de Estados Unidos denegó por unanimidad la solicitud de una empresa de prisiones privadas de desestimar una demanda colectiva que impugnaba sus requisitos laborales para las personas detenidas en un centro de detención migratoria de Aurora.
Una demanda de 2014, presentada por Alejandro Menocal, alega que el operador de prisiones privadas GEO Group exigía ilegalmente a las personas detenidas en su centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Aurora trabajar sin remuneración o enfrentar hasta 72 horas de aislamiento. El trabajo consistía en limpiar áreas comunes. La demanda afirma que este requisito viola la prohibición federal del trabajo forzoso.
El centro también contaba con un programa de trabajo voluntario que pagaba a los detenidos un dólar por hora por preparar comida y lavar la ropa. Esta política laboral violaba la prohibición de Colorado sobre el enriquecimiento injusto, ya que GEO Group no cubría la totalidad de los costos laborales, según la demanda de Menocal.
Menocal estuvo bajo custodia de ICE en el centro de detención de Aurora en 2014.
El Grupo GEO argumentó que gozaba de inmunidad legal, ya que operaba el centro de detención de Aurora en nombre del gobierno federal, por lo que buscó proactivamente poner fin a la demanda antes del juicio. Un tribunal de distrito denegó dicha solicitud, y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito desestimó la apelación del Grupo GEO contra dicha denegación. La jueza Elena Kagan escribió que el caso en el que se basó el argumento del Grupo GEO “ofrece una defensa ante la responsabilidad, no inmunidad ante la demanda”.
El Grupo GEO no respondió a una solicitud de comentarios antes de su publicación.
La decisión de la Corte Suprema no es definitiva, sino procesal, lo que permite que el caso avance a juicio o a un acuerdo entre las partes.
Towards Justice, una organización legal progresista sin fines de lucro con sede en Colorado, es uno de los grupos que representa a Menocal y al grupo de clientes en el caso original. “Muchos políticos hablan de exigir responsabilidades al ICE”, declaró David Seligman, director ejecutivo de la organización y candidato demócrata a fiscal general de Colorado. “Pero esto es lo que realmente significa: años de lucha a favor de clientes valientes, junto con el movimiento para proteger a los inmigrantes”.
El centro de detención de ICE de Aurora, con una capacidad total para más de 1500 detenidos, ha sido objeto de críticas por parte de activistas desde hace tiempo debido a las denuncias de condiciones inhumanas y trato deshumanizante. Miembros del Congreso de Colorado realizan visitas de supervisión rutinarias al centro y presentaron una demanda después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU les impidiera realizar visitas sin previo aviso el año pasado.
La decisión de la Corte Suprema se produjo pocas semanas después de que un juez de Denver dictaminara que el Departamento de Correccionales de Colorado no puede castigar a las personas encarceladas por negarse a trabajar bajo la prohibición estatal de la servidumbre involuntaria. Los habitantes de Colorado votaron a favor de prohibir la servidumbre involuntaria para las personas condenadas por delitos en 2018.
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