Esta historia fue publicada originalmente por Maggie Dougherthy para Capitol News Illinois, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Maggie Dougherthy/Capitol News Illinois
Por Maggie Dougherthy
Chicago, Illinois.— Una comisión estatal dedicada a documentar la mala conducta de los agentes federales de inmigración y a formular recomendaciones políticas emitió su informe inicial el viernes, al tiempo que adoptó una nueva dirección para examinar a altos funcionarios de la Casa Blanca.
La Comisión de Responsabilidad de Illinois, creada mediante una orden ejecutiva por el gobernador J.B. Pritzker en octubre, ha dedicado los últimos meses a revisar las acciones de los agentes federales estacionados en el área metropolitana de Chicago durante la campaña de control migratorio “Operación Midway Blitz” del presidente Donald Trump, incluyendo el testimonio público presentado en su primera audiencia pública a mediados de diciembre.
Antes de la segunda audiencia pública de la comisión el viernes, Pritzker solicitó a la comisión que ampliara su revisión para incluir a importantes funcionarios de Trump, entre ellos el ahora destituido comandante general de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas, Gregory Bovino; el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump para políticas.
“Durante demasiado tiempo, Gregory Bovino y sus agentes federales corruptos han aterrorizado a comunidades en Illinois y en todo el país, violado los derechos constitucionales de nuestra gente y desatado la violencia a cada paso”, declaró Pritzker. “Que Bovino se prepare no puede desvirtuar nuestra misión de rendición de cuentas”.
Además de los ocho funcionarios nombrados, la solicitud de Pritzker se aplicaba a otros “agentes, subordinados y funcionarios de la jerarquía de Trump que podrían haber participado en los despliegues federales”.
La comisión acordó asumir dicho mandato, y el presidente de la Comisión y exjuez de la Corte de Distrito de EE. UU., Rubén Castillo, indicó que la comisión podría recomendar medidas disciplinarias o enjuiciamiento en relación con los tiroteos de Silverio Villegas González, padre de dos hijos, asesinado por agentes de ICE en Franklin Park en septiembre, y de la asistente de enseñanza Marimar Martínez, quien recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre.
“Imagínense si los agentes que dispararon al Sr. Villegas González el 12 de septiembre hubieran sido sancionados públicamente. Imaginen un mundo donde eso hubiera sucedido; tal vez, solo tal vez, los tiroteos de Minnesota no habrían ocurrido y dos personas que ahora están muertas estarían vivas”, dijo Castillo, en referencia a los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.
El informe de la comisión también afirma que “está buscando remitir casos a enjuiciamiento penal o civil por mala conducta de los agentes federales de inmigración”.
Erosión de la legitimidad
La audiencia de tres horas en el centro de Chicago contó con el testimonio de profesores, juristas, historiadores, periodistas y profesionales de las fuerzas del orden.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, Robert Pape, se centró en la percepción pública de la Operación Midway Blitz y la actual campaña de control migratorio en Minnesota.
La negación por parte de la administración Trump de hechos visibles, como la afirmación de que Alex Pretti portaba un arma y se acercó a los agentes con la intención de “masacrarles”, socava la legitimidad del gobierno, afirmó Pape.
“Las democracias no fracasan cuando se aplican las leyes”, afirmó Pape. “Fracasan cuando su aplicación pierde legitimidad y la gente deja de creer que la moderación los protegerá. Por eso Minneapolis es una crisis para la nación”.
Pero esa crisis, afirmó, no comenzó en Minnesota. Pape señaló la caracterización que el DHS hizo de Martínez, la mujer de Chicago que recibió un disparo en octubre, como “terrorista doméstica”. La administración finalmente retiró los cargos contra Martínez tras revelarse que el agente que le disparó se había jactado por mensaje de texto sobre el tiroteo.
El abogado de Martínez ha solicitado recientemente la publicación de las imágenes de video de su caso, ya que, según él, contradicen la afirmación de la administración de que ella había impedido el paso de los agentes. Las pruebas de su caso permanecen bajo una orden de protección que impide su divulgación. Según su equipo legal, esto ha permitido al DHS controlar la narrativa sin pruebas.
Si las personas no confían en que el gobierno les diga la verdad y use su fuerza para protegerlas, se resistirán, argumentó Pape. El uso de mascarillas y cobertores por parte de los agentes de inmigración también deteriora esa legitimidad, afirmó.
“La mascarilla, por supuesto, está creando la percepción de que el estado no quiere ser honesto sobre su uso de la fuerza”, afirmó Pape.
Esto contribuyó a que más de la mitad de los residentes de Chicago percibieran que la Operación Midway Blitz buscaba ejercer control político, en lugar de una campaña legítima de control migratorio, según un estudio realizado por la Universidad de Chicago.
Abusos históricos y nuevos
Garrett Graff, autor, periodista e historiador que ha documentado la evolución de ICE y CBP durante más de dos décadas, describió un largo historial de abusos y mala conducta dentro de estas organizaciones.
Casi 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza han sido arrestados desde 2005, algunos de ellos varias veces al año, según Graff, exeditor de Politico.
“La cantidad de agentes y oficiales de la CBP arrestados lo convertiría aproximadamente en el cuarto departamento de policía más grande del país, equivalente en tamaño a toda la policía de Filadelfia”, declaró Graff a la comisión. “Parece que la tasa de criminalidad per cápita de los agentes y oficiales de la CBP fue más alta (durante gran parte de la década de 2010) que la de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”.
Esto ha empeorado y continuará, afirmó Graff, con el aumento desmesurado de los fondos para el ICE bajo la llamada Ley Única, Grande y Hermosa, aprobada por el Congreso el año pasado. Esta ley otorgó al ICE 75 mil millones de dólares para gastar durante cuatro años, además de su presupuesto anual de 10 mil millones de dólares.
Durante años, se esperaba que el presupuesto del ICE financiara alrededor de 400,000 deportaciones anuales, o 3,000 al día. Pero en abril de 2025, el gobierno estableció una nueva meta: deportar a un millón de personas al año. Esta nueva cuota ha obligado al gobierno a contratar a un gran número de personas rápidamente.
El entrenamiento, que antes era obligatorio, de cinco meses para los agentes se ha reducido a seis semanas, según Graff. Los reclutas del ICE han sido contratados sin verificación de antecedentes ni cumpliendo con los estándares del departamento, según NBC News.
“En cualquier otro país extranjero, si un periodista estadounidense escribiera sobre estas redadas y la ocupación de Chicago o Minneapolis, no dudaríamos en calificar al ICE o a la CBP de fuerza paramilitar leal al régimen o de milicia derechista enmascarada”, declaró Graff. “A medida que un grupo aún mayor de agentes del ICE y la CBP, aún menos cualificados y menos capacitados, comience a salir a las calles, es casi seguro que la situación empeorará”.
Recomendaciones
La comisión tiene la tarea de emitir recomendaciones al gobernador y al público.
Quienes intervinieron el viernes ofrecieron varias recomendaciones para la rendición de cuentas, incluyendo que los agentes de inmigración no lleven mascarilla y exhiban una identificación visible, que la jurisdicción geográfica de la CBP se limite a las zonas más cercanas a la frontera y que las medidas disciplinarias se remitan a las fuerzas del orden locales, que estarían exentas del indulto presidencial.
La comisión considerará estas y otras recomendaciones mientras trabaja para emitir un informe final el 30 de abril.
A principios de este mes, la comisión abrió un formulario de contacto para que las personas que presenciaron o experimentaron mala conducta por parte de agentes federales de inmigración presentaran información para su revisión. Los comisionados animaron al público a comunicarse con recomendaciones u otra información para su consideración.
Por su parte, Graff instó a los líderes del Congreso a actuar para revertir el importante aumento de gastos que se prevé para ICE en los próximos cuatro años.
“Esto no cambiará a menos que exijamos un cambio”, dijo Graff. “La forma en que se han asignado los fondos para ICE permite que se gasten hasta 2029. El Congreso tendrá que actuar para cerrar ese grifo de financiación y contratación. De lo contrario, esto continuará en piloto automático durante los próximos cuatro años. El daño que le estamos causando a nuestro país será duradero”.
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