El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la Corte Penal Internacional (CPI) está “fuera de control”, en momentos en que ese tribunal enfrenta crecientes cuestionamientos de Washington, Moscú y Beijing.

Washington se ha comprometido a desmantelar la Corte, contra el que impuso nuevas sanciones el mes pasado.

China “aceptó por primera vez condenar los abusos y extralimitaciones de la Corte Penal Internacional”, dijo Trump a su regreso de una cumbre con sus pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

El mandatario estadounidense se quejó de que la CPI cree que “puede entrar y arrestar a los jefes de Estado, y eso no es correcto. Pueden hacerlo sin motivo alguno; por eso, como grupo, lo condenamos”.

Además, Trump protestó por la orden de detención emitida por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en Gaza.

Washington firmó el Estatuto de Roma, pero no lo ratificó, por el que se establece la creación de la Corte, encargada de juzgar crímenes atroces contra la humanidad cuando los países no son capaces o no quieren hacerlo. Israel, Rusia y China tampoco son miembros de la CPI.

Analistas internacionales y críticos señalan una evidente contradicción práctica, aunque la administración Trump utiliza argumentos legales específicos para intentar sostener que no existe inconsistencia.

Mientras Trump criticó a la Corte Penal Internacional por pretender “entrar y arrestar a los jefes de Estado”, diez meses antes —el 3 de enero de 2026— el republicacno ordenó la Operación Resolución Absoluta, mediante la cual fuerzas especiales estadounidenses ingresaron a Caracas y capturaron a Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York.

La doctrina de Trump rechaza que organismos internacionales como la CPI tengan autoridad por encima de las leyes nacionales. En el caso de Maduro, Washington presentó la incursión militar no como una acción del derecho internacional, sino como la ejecución de una orden de arresto federal emitida en 2020 por tribunales de Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

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