Appleton, Minnesota.— En mayo de 2025, CoreCivic ofreció al estado de Minnesota una prisión con capacidad para 1,600 personas que llevaba cerrada desde 2010. Pedía 75 millones de dólares. Minnesota declinó la oferta.

El 4 de agosto de 2026, la empresa cerró la venta del mismo inmueble al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) por 495.6 millones de dólares, según su propio informe financiero. Por cada dólar que la empresa había pedido al estado, el gobierno federal pagó 6.61.

La operación convirtió la antigua Prairie Correctional Facility, en el oeste de Minnesota, en un centro de detención migratoria. También dejó una pregunta que la explicación pública de la venta mantiene abierta. Cuando los funcionarios federales aprobaron el desembolso, ¿qué peso dieron al antecedente más directo que tenían a la mano, el precio que el propio vendedor había puesto al edificio apenas un año antes?


La pregunta incómoda en una conferencia sobre fraude

El 30 de octubre, durante una conferencia de prensa en St. Cloud convocada para anunciar medidas contra el fraude, Lou Raguse, periodista de KARE 11, planteó el caso al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El funcionario dijo desconocer la operación y calificó de «una pérdida de nuestro tiempo» las preguntas que desviaran la conversación del combate al fraude criminal. La compra correspondía al DHS. Aquel día, la pregunta de Raguse quedó sin respuesta.

Ese día en St. Cloud, Bessent decidió qué pregunta merecía su tiempo. El taxista, la maestra o el trabajador que contribuyó a pagar la prisión de Appleton tiene motivos para hacerse esa misma pregunta: ¿por qué Washington pagó 495.6 millones de dólares por un inmueble que su dueño había ofrecido a Minnesota por 75 millones? Que el secretario dijera desconocer la operación dejó intacta la obligación del DHS de explicar cómo autorizó ese precio.

Bessent optó por dar por terminada la discusión ante los micrófonos. Sus palabras, por sí solas, tampoco aclaran cuánto sabía de la compra cuando el periodista le preguntó. Lo que ocurrió después sí consta por escrito.

El 11 de noviembre, la senadora Maggie Hassan pidió al DHS y a CoreCivic que conservaran los documentos y las comunicaciones sobre la operación. La pregunta que el secretario consideró una «pérdida de tiempo» en St. Cloud ya forma parte de una investigación en el Senado.


Cuánto costaría reemplazarla y cuánto pedían por ella

Al día siguiente, CoreCivic dio a conocer su explicación. Según la compañía, tasadores independientes contratados por el gobierno calcularon cuánto costaría reemplazar la instalación, descontaron la depreciación e incorporaron el valor del terreno. También consideraron adecuaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellas nuevos sistemas de seguridad y protección contra incendios. La empresa sostuvo que el gobierno federal determinó el precio final tras revisar el avalúo.

La distinción importa. Construir hoy una prisión de 1,600 plazas tiene un costo. Comprar una que llevaba 16 años cerrada plantea otra pregunta de negociación, sobre todo cuando el dueño había mostrado por escrito cuánto estaba dispuesto a aceptar. El comunicado de CoreCivic enumera los factores del avalúo, pero deja sin desglosar cuánto sumaron las mejoras, cuánto se descontó por la antigüedad del inmueble y cómo se tomó en cuenta la oferta previa. Ahí está el punto que interesa al contribuyente.


El rastro de la decisión llega al Senado

Por todo esto, la senadora demócrata Maggie Hassan envió cartas al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y a CoreCivic para pedirles que conservaran los documentos y comunicaciones relacionados con Appleton desde el 1 de enero de 2025. Ese periodo abarca tanto la oferta al estado como la negociación federal. Hassan busca determinar si en la compra hubo influencia indebida, corrupción u otras violaciones de la ley federal. La investigación sigue abierta.

Los 420.6 millones de dólares son la diferencia comprobable entre dos precios. Determinar cuánto de esa cifra, si acaso, fue un sobrepago exige reconstruir la decisión. El expediente de Appleton puede aclarar si alguien dentro del DHS puso la oferta de 75 millones sobre la mesa, qué respuesta recibió y por qué la agencia terminó autorizando casi 500 millones de dólares por la misma propiedad.

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