Cisjordania.— El deterioro de la actividad agrícola en los territorios palestinos ocupados ha alcanzado un punto crítico tras una serie de ataques sistemáticos contra olivares, invernaderos y sistemas de riego ejecutados por colonos israelíes.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales como Associated Press y la BBC, así como informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, las agresiones se han intensificado durante las temporadas de cosecha, afectando el sustento económico de decenas de miles de familias y reavivando el debate sobre la eficacia de los mecanismos internacionales para frenar lo que organismos de derechos humanos describen como una estrategia de desplazamiento forzado.

El alcance de los daños en el terreno

Los registros de autoridades locales y observadores internacionales documentan un patrón de destrucción que va más allá del robo de cosechas. Tan solo en un mes, la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos contabilizó afectaciones en más de 21,500 árboles —en su mayoría olivos— mediante el uso de maquinaria pesada, excavadoras e incendios provocados en aldeas cercanas a Jerusalén, Nablus y Ramallah, como Abu Falah, Huwwara y Deir Nizam.

A esto se suma la demolición de infraestructura agrícola, incluyendo invernaderos y redes de riego en localidades del Valle del Jordán como Bardala. Para organizaciones israelíes de derechos humanos como B’Tselem y el movimiento Peace Now, inutilizar la tierra a largo plazo responde a un objetivo territorial: volver económicamente inviable la permanencia de las comunidades rurales palestinas —especialmente en el Área C, bajo control civil y militar israelí— y facilitar la expansión de puestos de avanzada agrícolas y zonas de pastoreo.

Posturas enfrentadas y vacíos de seguridad

Mientras organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional señalan que los ataques ocurren con frecuencia sin consecuencias penales para los responsables —e incluso denuncian episodios de pasividad o restricciones de acceso impuestas por las fuerzas de seguridad a agricultores y ambulancias—, el gobierno de Israel y los consejos de asentamientos sostienen una postura distinta.

Oficialmente, las autoridades israelíes atribuyen estos actos a una minoría radicalizada —como los grupos denominados Hilltop Youth— que no representa a la mayoría de los residentes, y argumentan que los cierres temporales de tierras responden a medidas de seguridad para evitar fricciones.

Sin embargo, el debate también ocurre dentro de las propias instituciones israelíes. Sectores de los servicios de inteligencia, como el Shin Bet, han advertido al liderazgo político que el extremismo de ciertos grupos de colonos amenaza la seguridad interna.

A pesar de ello, datos de la organización legal israelí Yesh Din indican que más del 90% de las investigaciones policiales abiertas por agresiones contra palestinos se cierran sin acusaciones formales, una situación agravada por la doble jurisdicción en Cisjordania, donde los colonos se rigen por la ley civil israelí y los palestinos por la ley militar.

Las vías internacionales y sus límites

Ante la percepción de inacción en el terreno, expertos legales y diplomáticos señalan que se han activado diversas herramientas internacionales, aunque todas enfrentan obstáculos políticos y de ejecución:

Sanciones dirigidas: Países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea han impuesto restricciones financieras y de visado contra colonos individuales y organizaciones extremistas. No obstante, críticos advierten que estas medidas tienen un impacto limitado si no alcanzan las redes de financiamiento institucional.

Tribunales internacionales: La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios ocupados, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva declarando ilegal la presencia continua de Israel en dichas zonas. Aunque estos procesos sientan precedentes jurídicos, sus resoluciones toman años o carecen de mecanismos inmediatos de coerción.

Bloqueo diplomático: En el Consejo de Seguridad de la ONU, las iniciativas para aprobar resoluciones vinculantes suelen chocar con el poder de veto de aliados clave de Israel, reduciendo la respuesta multilateral a declaraciones de preocupación o resoluciones no vinculantes de la Asamblea General.

Resistencia civil ante la incertidumbre

Frente a las limitaciones de las vías institucionales, la respuesta inmediata en el terreno ha recaído en la organización comunitaria y el activismo civil.

Campesinos palestinos han establecido redes de alerta temprana para documentar los daños en tiempo real, acompañados por colectivos mixtos integrados por activistas israelíes, palestinos e internacionales —como Ta’ayush y Rabbis for Human Rights—.

Estos grupos utilizan su presencia física y el registro en video como herramientas para disuadir agresiones y generar evidencia judicial, mientras el futuro de la economía agrícola palestina permanece sujeto a las tensiones políticas y militares de la región.

De acuerdo con informes recientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el deterioro continuo de la agricultura y las restricciones de acceso han provocado una crisis de inseguridad alimentaria que afecta a cerca de 900,000 personas solo en Cisjordania, cifra que supera los dos millones al sumar la emergencia humanitaria en Gaza.

Organizaciones como Acción contra el Hambre advierten que el daño más profundo de este escenario es la destrucción de la autonomía alimentaria. Cuando se arrasan tierras cultivables, se destruyen redes de riego y se impide el acceso a los campos, las comunidades pasan de ser autosuficientes a depender de una asistencia humanitaria que hoy resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población.

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