El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una crisis bancaria que congeló los depósitos de casi 3 millones de ahorradores, mientras el Congreso debatía iniciarle un juicio político.
Peña anunció en un video en su cuenta de X que dejaba la Presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.
Con esta decisión, la renuncia deberá ser remitida oficialmente al Congreso Nacional para su tratamiento por el plenario legislativo, abriendo el camino para la sucesión constitucional en la que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asumirá la jefatura de Estado. Este mandato culminará en 2028, cuando están previstas las próximas elecciones.
¿Qué pasó con Ueno Bank?
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su creación como banco, a fines de 2023. La decisión implicó la suspensión de todas sus operaciones, el cierre de sus sucursales y el congelamiento de los retiros, transferencias y depósitos de sus clientes.
La medida provocó una suerte de corralito financiero, con cientos de miles de paraguayos imposibilitados de acceder a sus ahorros. Ueno tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país, y depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de administrar los fondos de jubilaciones y salud.
El BCP justificó la intervención al señalar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa, luego de ajustes realizados a sus estados financieros. También detectó créditos concedidos a empresas vinculadas al propio grupo económico por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.
Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.
