Por Everardo Martínez
Las incautaciones de combustible robado del gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, representan ya 10% de las pérdidas que Petróleos Mexicanos (Pemex) reporta por el huachicol, indican datos de la petrolera, los volúmenes de aseguramientos anunciados públicamente y datos obtenidos vía Transparencia.
En el primer semestre del año se aseguraron 41 millones 59 mil litros de combustibles, incluyendo gasolinas, diesel, crudo, combustóleo, turbosina y otros derivados, con un valor en el mercado de mil 11 millones de pesos, incluso considerando 129 carrotanques detenidos y lo encontrado en una refinería clandestina en semanas previas.
En tanto, las pérdidas estimadas por Pemex en el primer semestre de 2025, principalmente por sustracción de combustibles, rondaron 10 mil 250 millones de pesos.
Según los datos recabados al cierre del primer semestre de 2025, expuestos en conferencias de prensa por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y los obtenidos por EL UNIVERSAL, vía Transparencia, el valor de las incautaciones al precio actual de los hidrocarburos equivale a una décima parte. Ese cálculo no incluye el huachicol fiscal o mezclas clandestinas que se ofrecen y que generan pérdidas a Pemex y al erario.
De esta forma, el porcentaje aumentó este año respecto al nivel de 2.2% reportado en 2024. De acuerdo con cifras de la Sedena, Guardia Nacional y Pemex, en 2024 el volumen estimado de combustibles recuperados fue de apenas 18 millones 936 mil litros, con un valor de casi 456 millones de pesos.
Ese mismo año, las pérdidas por huachicol que reconoció Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) ascendieron a 20 mil 529 millones de pesos.
Hace días, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró que el crudo robado se exporta a Texas por ductos o camiones. Ahí se refina y se envía de regreso al país, oculto o mal etiquetado.
Nueva estrategia
A diferencia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que se aseguraba que el huachicol se había mitigado en 95%, en el gobierno actual se observan acciones concretas contra el mercado ilícito de combustibles en los primeros nueve meses del sexenio.
Para expertos, si bien es una mejora y se ha reconocido la problemática, hacen falta acciones como detener, procesar y sentenciar delincuentes, para que no haya impunidad. Además, faltan acciones en aduanas y al interior de las corporaciones de seguridad, supervisión e incluso en Pemex, donde se perciben fugas de información que benefician al crimen organizado.
“Los decomisos de huachicol mandan una señal al crimen organizado, pero no es suficiente. El gobierno está obligado a ir más allá y sentenciar a los detenidos. Llevar a juicio a actores relevantes, no sólo a operadores menores, incluyendo a funcionarios o autoridades involucradas”, señaló Adrián Duhalt, analista del sector energético.
Pemex ha reconocido ante autoridades estadounidenses el riesgo de que colaboradores participen en el mercado ilícito de combustibles.
El huachicol ha crecido tanto que la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que uno de cada tres litros de combustibles que se venden en México es de origen ilícito.
“Los operativos contra el huachicol sugieren que se ha convertido en un problema más grande de lo que se reconoce y en un costoso dolor de cabeza para autoridades y la petrolera nacional.
“El combate a esta actividad requiere más que decomisos. Se deben tomar medidas de carácter institucional, ya que el huachicol existe y crece a la sombra de redes bien organizadas y estructuradas que aprovechan los vacíos de autoridad, la posible corrupción en Pemex y una estructura económica informal que, en ocasiones, sustituye al Estado”, agregó Duhalt.
Para Javier Oliva, coordinador del seminario en estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, el hecho de que no haya detenidos demerita los resultados, ya que queda la sensación de impunidad para la población.
“¿A poco los 129 carrotanques no eran arrastrados por nadie? ¿A poco los camiones se mueven solos? También hay que dar cuenta de la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales desde hace algunos años, y los políticos”, recalcó.
Ante los problemas de inseguridad, huachicol y, presión del gobierno de Estados Unidos, el experto anticipó que habrá un proceso de centralización en decisiones de seguridad pública, “dado el fracaso, ineptitud e inoperancia de gobiernos estatales y municipales”.
