Washington, D.C.— La estrategia migratoria de la administración de Donald Trump enfrenta una paradoja numérica: mientras las agencias federales rompen récords operativos en la captura y expulsión de migrantes, el ritmo actual sigue siendo insuficiente para cumplir la promesa presidencial de deportar a un millón de personas por año.
De acuerdo con cifras divulgadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 12 de noviembre de 2026, el ICE efectuó 483,200 deportaciones y 474,850 arrestos durante el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Aunque esta cifra representa el volumen más alto en los 23 años de historia de la agencia y supera en un 9 % los registros del año fiscal 2025, apenas cubre el 48.32 % de la meta anual establecida por la Casa Blanca, dejando una brecha de 516,800 personas sin expulsar en el periodo.
La aritmética hacia 2029
El plan original del gobierno estadounidense contempla una meta acumulada de cuatro millones de deportaciones al finalizar el cuatrienio en enero de 2029. Sin embargo, análisis independientes advierten que la proyección matemática juega en contra de la administración.
Un informe publicado en octubre de 2026 por el Migration Policy Institute (MPI) estima que, sumando las operaciones tanto del ICE como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el gobierno concretó alrededor de 980,000 deportaciones en los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump. Por su parte, el DHS sostiene que el acumulado general ronda los 1.2 millones hasta octubre pasado.
Con poco más de dos años restantes en el calendario presidencial, el MPI calcula que Estados Unidos mantiene un ritmo anualizado combinado de unas 660,000 expulsiones. De sostenerse esa tendencia sin una aceleración drástica, la administración cerraría su gestión con aproximadamente 2.5 millones de deportados, muy por debajo de los cuatro millones prometidos. Para revertir este escenario, el aparato migratorio necesitaría ejecutar cerca de 1.4 millones de expulsiones anuales en 2027 y 2028.
Redadas sin distinción y presión operativa
Para intentar cerrar la brecha, la Casa Blanca ha endurecido las cuotas internas de captura. Según reportes de CBS News, los agentes del ICE recibieron la directiva de alcanzar un promedio de 19,000 arrestos semanales —unos 2,700 diarios—, casi el doble de las detenciones cotidianas registradas en meses previos.
Esta ampliación de los operativos ha derivado en detenciones que alcanzan incluso a personas sin antecedentes penales y a simpatizantes del propio mandatario. Diversos medios documentaron los casos de un inmigrante latino partidario de Trump arrestado tras ingresar sin documentos al país, así como la detención y deportación al Reino Unido en agosto de 2026 del comentarista ultraderechista Milo Yiannopoulos, antiguo promotor de las políticas del presidente, tras expirar el plazo de su visa. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha reiterado que la instrucción oficial es expulsar a cualquier extranjero en situación irregular sin distinciones.
Cuellos de botella y el debate de las “autodeportaciones”
El esfuerzo de la Casa Blanca cuenta con un respaldo financiero sin precedentes: el Congreso aprobó un paquete presupuestario de más de 175,600 millones de dólares garantizados hasta septiembre de 2029 —incluidos 75,000 millones adicionales destinados específicamente al ICE— para contratar personal, ampliar centros de detención y costear vuelos de repatriación. Además, en noviembre de 2026, Trump nombró a Stephen Miller, principal arquitecto de su política migratoria, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.
No obstante, los expertos identifican tres obstáculos estructurales que frenan la velocidad de las expulsiones:
- Menor flujo fronterizo: La caída en los cruces irregulares en la frontera sur ha reducido las devoluciones inmediatas, obligando al ICE a realizar operativos en el interior del país, un proceso mucho más costoso y lento.
- Saturación judicial: Las cortes de inmigración acumulan más de 3.7 millones de casos pendientes.
- Frenos diplomáticos: Alrededor de 1.4 millones de personas ya cuentan con órdenes finales de deportación, pero su salida permanece bloqueada porque sus países de origen se niegan a recibirlas.
Ante la dificultad de alcanzar las metas mediante deportaciones forzadas, el DHS ha incorporado a su balance las llamadas “autodeportaciones”, asegurando que más de 1.6 millones de migrantes abandonaron Estados Unidos por cuenta propia. Sin embargo, el Migration Policy Institute cuestionó la metodología oficial y estimó que las salidas voluntarias reales oscilan en un rango mucho más incierto, de entre 310,000 y 1.5 millones.
Con la reciente recuperación del control de ambas cámaras del Congreso por parte del Partido Demócrata tras las elecciones intermedias de noviembre de 2026, el gobierno conservará los fondos ya etiquetados hasta el final del mandato, pero enfrentará una mayor fiscalización legislativa y nulas posibilidades de aprobar reformas que aceleren los procesos de expulsión.
