El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó este jueves la reelección presidencial indefinida con la mira puesta en la continuidad del mandatario Nayib Bukele, en una profunda reforma constitucional que también propone ampliar el periodo de gobierno de cinco a seis años.
En un trámite expedito, el parlamento, con 57 votos a favor de los diputados oficialistas y tres en contra, decidió permitir la “reelección sin reservas”, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, del oficialista partido Nuevas Ideas.
Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, lo que la oposición denuncia como una “dictadura”.
¿Qué incluyen las reformas aprobadas por el Congreso de El Salvador?
Las reformas incluyen la ampliación del período en la Presidencia a seis años, la supresión de la segunda vuelta en los comicios presidenciales y el recorte del periodo actual para que concluya en 2027 y no en 2029, esto para que concuerde con las votaciones legislativas y municipales de ese año.
En febrero de 2024, en el marco de las elecciones presidenciales donde se reeligió, el presidente Bukele fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”.
“Es impostergable e ineludible, sincronizar los tiempos electorales elevando el ejercicio de la presidencia hasta seis años, combinado con una reelección sin reservas”, reza el decreto votado y que fue rechazado por la oposición, que señaló que con esta reforma “ha muerto la democracia en El Salvador”.
Otro de los argumentos expuestos por los diputados del NI es “evitar las permanentes campañas electorales y sus elevados costos asociados” al reducir la frecuencia de las elecciones.
En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad” y que “han matado la Constitución”.
Pidió que dejen de “disfrazar de popularidad y de romantizar las dictaduras”, además de señalar que “se están autonombrando constituyentes y cambiando el sentido a la Constitución” sin contar con esa facultad.
Por su parte, Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, dijo que los legisladores del oficialismo “están diciendo mentiras para hacer creer que esta reforma es para devolverle el poder al pueblo”.
“Es evidente que estas reformas que están promoviendo es un plan que tenían trazado desde hace tiempo y que no es para darle el poder al pueblo, es para quedarse el poder ustedes, para que su partido esté en el poder siempre”, señaló.
Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.
Bukele goza de enorme apoyo popular por su “guerra” antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.
La reforma constitucional fue propuesta por la bancada oficialista en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado a decenas de periodistas y activistas humanitarios al exilio.
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