El Gobierno de transición de Perú archivó el proyecto de reconstruir la cárcel de El Frontón -conocida como el “Alcatraz peruano”, por ubicarse en una isla deshabitada frente a las costas de Lima y Callao- y que fue destruida en 1986 tras ser bombardeada durante un motín de presos del grupo Sendero Luminoso.
El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, señaló -en una entrevista con el Canal N- que el proyecto de volver a tener una cárcel en la isla de El Frontón, situada a unos 7 kilómetros de la capital peruana, no será retomado por el actual Ejecutivo “porque es demasiado caro”.
“Con ese dinero se pueden hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno en Ica (región en la costa sur), que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo”, señaló Álvarez.
El proyecto había sido impulsado por la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), destituida por el Congreso el pasado 9 de octubre tras perder el apoyo del grupo de partidos de derecha que la sostenía en el poder desde el fallido intento de golpe de Estado liderado por su antecesor, Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
Pese a contar con informes negativos de años anteriores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que desaconsejaban construir una nueva cárcel en El Frontón, por sus altos costes y baja capacidad, Boluarte abrazó la idea abanderada por su polémico ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, la persona que más influía en la mandataria.
En agosto de 2025, Boluarte llegó incluso a firmar un convenio con tres ministerios para impulsar esta nueva cárcel que se contemplaba tuviera capacidad para dos mil reclusos en un espacio de 57.000 metros cuadrados, con una inversión de quinientos millones de soles (141 millones de dólares ó 121 millones de euros).
La cárcel de El Frontón fue construida en 1917 para albergar a delincuentes de alta peligrosidad y funcionó hasta que en 1986 fue destruida con explosivos para aplacar un motín de miembros de la banda marxista Sendero Luminoso condenados por terrorismo.
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