Asunción, Paraguay.— La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo judicial este viernes 13 de noviembre de 2026. La Fiscalía General del Estado amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña, acusándolo formalmente de haber liderado una presunta asociación criminal desde la cúpula del Poder Ejecutivo para proteger y favorecer al colapsado Ueno Bank.
La decisión del Ministerio Público alcanza también a cinco ex altos directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellos su expresidente Carlos Carvallo y el exsuperintendente Holger Insfrán. Según el acta fiscal, los implicados conformaron una estructura coordinada para encubrir los problemas de solvencia del banco digital y desviar millonarios recursos estatales y previsionales hacia la entidad del Grupo Vázquez.
Una red operada desde la residencia presidencial
De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, el esquema ilícito operó entre agosto de 2023 —inicio del mandato de Peña— y noviembre de 2026, cuando la intervención del banco precipitó la destitución del mandatario mediante un juicio político y su posterior encarcelamiento preventivo.
La investigación sostiene que el exgobernante utilizó su investidura para ubicar a personas de su confianza en puestos clave de supervisión financiera. Asimismo, el expediente documenta reuniones de coordinación en la residencia oficial (Mburuvicha Róga) destinadas a frenar alertas técnicas y evitar la intervención de la entidad bancaria, a pesar de que las irregularidades eran conocidas por los reguladores desde diciembre de 2025.
Como resultado, el Estado llegó a concentrar depósitos por 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares en dicha institución.
Desfase patrimonial y préstamos cuestionados
Además de la imputación por asociación criminal —delito que se suma a los cargos previos de lesión de confianza y administración en provecho propio, elevando la expectativa de pena hasta los 15 años de prisión—, el Ministerio Público puso la lupa sobre las finanzas personales del exmandatario.
Aunque el cálculo total del beneficio ilícito individual aún se encuentra bajo peritaje contable, los investigadores documentaron un marcado desfase entre sus ingresos declarados y sus compromisos financieros.
Entre los hallazgos destacan dos préstamos otorgados por Ueno Bank a Peña en mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes (unos 577.000 dólares) para una residencia en San Bernardino, cuyas cuotas mensuales multiplicaban por seis su salario presidencial.
A esto se suma el rastreo de 200.000 dólares en efectivo no bancarizado hallados en la residencia presidencial y la investigación sobre la venta de su participación accionaria del 1,58 % en Ueno Holding en marzo de 2025.
Rastreo internacional y postura de la defensa
Mientras la Fiscalía paraguaya estima preliminarmente un daño patrimonial al Estado superior a los 809 millones de dólares y coordina acciones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para congelar activos desviados al exterior, los procesados rechazan las acusaciones.
Tanto Santiago Peña como el extitular del BCP, Carlos Carvallo, han negado haber encabezado o participado en una estructura delictiva. Previo a su destitución, el exmandatario sostuvo que sus inversiones financieras fueron adquiridas lícitamente durante su paso por el sector privado y que estuvieron debidamente registradas en sus declaraciones juradas ante la Contraloría. Su equipo legal aguarda ahora los resultados de las pericias contables oficiales para controvertir la tesis del Ministerio Público en los tribunales.
