Esta historia fue publicada originalmente por Max Nesterak para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Alex Baumhardt/Minnesota Reformer.
Por Max Nesterak
El periodista independiente Don Lemon está impugnando la constitucionalidad de una ley que sustenta los cargos federales en su contra, derivados de una protesta contra un funcionario de inmigración dentro de una iglesia en St. Paul. Si Lemon logra prevalecer, el fallo podría tener consecuencias de gran alcance para una ley destinada a proteger el acceso a clínicas de aborto y lugares de culto.
Lemon, ex presentador de CNN que ahora tiene un programa en YouTube, fue acusado formalmente junto con otros tres periodistas que cubrieron una protesta el 18 de enero en la iglesia Cities Church, donde el pastor David Easterwood también se desempeña como funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. (Easterwood no estuvo presente durante el servicio religioso).
Los cargos contra los periodistas —impulsados por los altos mandos del Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Donald Trump— representaron un ataque flagrante a la libertad de prensa en un momento en que la administración enfrentaba críticas mediáticas por la brutalidad de la “Operación Metro Surge”, la cual ya había provocado la muerte de una ciudadana estadounidense, Renee Good. (Minnesota Reformer se unió a un consorcio de organizaciones de noticias para condenar el procesamiento de los periodistas y presentar un escrito de amicus curiae solicitando la desestimación de los cargos basándose en la Primera Enmienda).
Los fiscales no hicieron distinción entre manifestantes y periodistas —incluidos el productor de Lemon, Michael Beute, y la periodista independiente de Twin Cities, Georgia Fort— y presentaron los mismos dos cargos por delitos graves contra 39 personas: conspiración contra el derecho a la libertad religiosa en un lugar de culto, y agresión, intimidación e interferencia en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en un lugar de culto.
La respuesta del Departamento de Justicia a la “Operación Metro Surge”, incluida la apertura de una investigación contra la esposa de Good, provocó la renuncia de fiscales de carrera, entre ellos el ex fiscal federal interino Joe Thompson, quien ahora representa a Lemon junto con el destacado abogado defensor de Washington D.C., Abbe Lowell.
En tres mociones presentadas el viernes, los abogados de Lemon argumentan que los cargos deben desestimarse porque su conducta está protegida por la Primera Enmienda, porque la actuación fiscal del gobierno federal es “vengativa” y porque una de las leyes citadas es inconstitucional.
Uno de los cargos se basa en una ley de 1994 promulgada por el presidente Bill Clinton, conocida como la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (o Ley FACE, por sus siglas en inglés), la cual protege el derecho de las personas a acceder libremente a clínicas de aborto y lugares de culto.
La inusual combinación de clínicas de aborto y lugares de culto en una misma ley es producto de un bipartidismo involuntario. Los demócratas presentaron el proyecto de ley en respuesta a una ola de protestas militantes y bloqueos a clínicas de salud reproductiva, y un republicano añadió protecciones para los lugares de culto como una “medida de sabotaje” (poison pill) destinada a impedir su aprobación. Sin embargo, los demócratas no se opusieron.
Los abogados de Lemon centran su argumento específicamente en la disposición relativa a los lugares de culto religioso. Sostienen que la ley excede las competencias del Congreso, ya que las ceremonias religiosas se limitan a actos privados y no implican comercio interestatal, a diferencia de las clínicas de salud reproductiva, donde pacientes, personal sanitario y suministros médicos cruzan fronteras estatales para realizar abortos. También argumentan que, si se declara inconstitucional la ley FACE, el otro cargo por delito grave debería desestimarse.
No obstante, a medida que avanza en los tribunales la impugnación constitucional de Lemon, el caso podría trascender los argumentos específicos planteados por sus abogados, señaló Mary Ziegler, profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis.
“(Este argumento) cuestiona la ley con mayor alcance del necesario para lograr su absolución, lo que podría acarrear consecuencias imprevistas”, afirmó Ziegler; es decir, la sección de la ley referente a los centros de salud reproductiva también podría ser declarada inconstitucional.
La ley exige que existan amenazas reales de violencia u obstrucción —como cerrar con llave las puertas de la iglesia o bloquear las entradas con un vehículo—, mientras que abundantes pruebas en video muestran a los feligreses entrando y saliendo durante la manifestación y a Lemon entrevistando al pastor principal, Jonathan Parnell.
De hecho, los abogados de Fort no cuestionaron la constitucionalidad de la ley FACE en las tres mociones de desestimación presentadas el jueves; en su lugar, se limitaron a invocar sus derechos de la Primera Enmienda y a alegar una persecución judicial motivada por represalias.
Sin embargo, Ziegler señaló que fue la administración Trump la que, en última instancia, abrió la puerta a impugnaciones contra la ley FACE al procesar a Lemon, indicando que, si sus abogados no hubieran planteado la cuestión, probablemente lo habría hecho otro grupo mediante un escrito de amicus curiae (amigo del tribunal).
La ley FACE se ha utilizado en muy pocas ocasiones para procesamientos judiciales. Poco después de iniciar su segundo mandato, Trump indultó a activistas que habían bloqueado clínicas de aborto, y el Departamento de Justicia anunció que reduciría los procesamientos por este delito.
El caso ya se ha visto afectado por una serie de errores judiciales, incluida la acusación errónea de una persona que nunca estuvo cerca de la iglesia y la alegación falsa de que un feligrés se rompió un brazo en una orden de registro.
El juez federal Douglas Micko inicialmente rechazó los cargos contra Lemon, y el entonces juez principal Patrick Schiltz y el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito rechazaron las apelaciones del gobierno, lo que llevó a los fiscales a emprender una serie de maniobras legales para obtener acusaciones del gran jurado.
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