Miami, Florida.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a México y a América Latina ante una amenaza concreta: llevar a cabo ataques terrestres contra el narco afuera de EEUU.
En enero Trump dijo que su gobierno había frenado casi todo el tráfico de drogas por la vía marítima y que ahora empezaría a atacar objetivos terrestres vinculados con cárteles. También ha afirmado reiteradamente en los últimos meses que “los cárteles gobiernan México”.
“El problema de fondo es que una operación militar no equivale automáticamente a desarticular una economía criminal”, explica el abogado y especialista en seguridad Jaime Ortiz. “Pueden matar a los jefes del narco, destruir laboratorios, decomisar droga y crear una imagen de fuerza, pero con esas acciones no se desmontan las redes de corrupción, el lavado de dinero, el huachicol, la protección política, el tráfico de armas y un largo etcétera”.
La estrategia de Trump puede producir resultados visibles en el corto plazo, pero también puede provocar una adaptación criminal. Los cárteles pueden cambiar rutas, fragmentarse, subcontratar pandillas, aumentar su violencia contra autoridades locales, atacar intereses estadounidenses, desplazar operaciones a otros países o infiltrar con más fuerza instituciones débiles. El golpe militar puede reducir una estructura y fortalecer otra. Puede cerrar una ruta y abrir dos. Puede eliminar a un jefe y desatar una disputa entre sucesores. Por eso el éxito no debe medirse por la espectacularidad de una incursión, sino por la caída sostenida de la violencia y del negocio criminal, señalan expertos.
Vanda Felbab-Brown, de Brookings Institution, advierte que una respuesta peligrosa de los cárteles sería aumentar deliberadamente la potencia de las drogas enviadas a EEUU, sustituyendo fentanilo por carfentanilo o nitazenos, lo que podría causar miles de muertes estadounidenses por sobredosis.
“Políticas como la de los objetivos de alto valor [HVT, por sus siglas en inglés] y la destrucción de laboratorios de drogas pasan por alto la facilidad con la que se repone el liderazgo de los cárteles y sus cuadros de base, se reconstruyen los laboratorios y se introducen de contrabando los precursores de drogas sintéticas”, dice en un análisis titulado ¿Cómo podrían responder los cárteles de la droga mexicanos a las acciones militares de EEUU?
“También ignoran que las actividades de los grupos criminales mexicanos están muy diversificadas, lo que dificulta privar a estos grupos de financiación únicamente mediante incautaciones de drogas y la estrategia de los HVT. Las acciones contra los HVT también desencadenan una violencia y una guerra internas en los cárteles, extensas e incluso incontrolables, por la sucesión y el territorio, lo que hace que estas políticas sean políticamente insostenibles en México”, añade.
Estudios previos señalan que cuando gobiernos —en este caso serían los latinoamericanos—, aceptan incursiones estadounidenses con sus fuerzas armadas, los ejércitos de cada país vuelven a ocupar el centro de la seguridad interna; eso puede dar capacidad operativa, pero también reduciría los controles civiles, aumentaría la opacidad y fortalecería aparatos militares con poca rendición de cuentas. Una política contra el narco puede terminar ampliando el poder de fuerzas armadas nacionales y extranjeras sin resolver las causas de la captura criminal: corrupción, impunidad, dinero ilegal y debilidad del Estado.
Para México, el impacto es mayor porque la amenaza toca la aparente colusión entre el crimen organizado y el poder político. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales, actuales y anteriores, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos en EEUU. La DEA afirmó que los acusados son funcionarios de alto rango o exfuncionarios de Sinaloa y que “presuntamente se asociaron con el Cártel de Sinaloa” para enviar droga hacia EEUU.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a las autoridades de EU, al igual que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas de las acusaciones. La acusación “convierte las amenazas de Trump en un argumento más fácil de vender dentro de Estados Unidos”, dice Ortiz y añade: “Washington ya no presenta a México sólo como víctima del narco, sino como un gobierno que podría ser parte del narco, con funcionarios presuntamente asociados con el narco”.
Sin embargo, que sea un argumento más “vendible” no lo vuelve más eficaz.
¿Qué se ataca un narcolaboratorio? “La mayoría de los laboratorios clandestinos son muy rudimentarios y móviles, lo que permite a los cárteles reconstruirlos en cuestión de días y ocultar la producción, a sus líderes y a sus miembros en zonas pobladas, donde las operaciones policiales conllevan un alto riesgo de víctimas civiles”, ejemplifica Felbab-Brown.
El riesgo para Centroamérica es distinto. A Guatemala, la administración Trump le ha dicho que EEUU la considera una pieza clave en la ruta de la droga hacia su territorio y quiere convertirla en socio operativo de su nueva ofensiva regional contra el narco, no sólo en receptor de ayuda. La propuesta ofrece inteligencia, entrenamiento, equipo, vigilancia y cooperación militar bajo la lógica del Escudo de las Américas, aunque el punto más delicado surgió cuando medios reportaron que el gobierno de Bernardo Arévalo habría aceptado ataques u operaciones conjuntas con EU contra grupos del narco en territorio guatemalteco. Guatemala lo negó en esos términos y sostuvo que la cooperación se limita a apoyo, capacitación y recursos, sin autorizar operaciones militares estadounidenses en suelo nacional.
“En el fondo, Washington le está diciendo a Guatemala que, si México resiste una incursión directa y Centroamérica sigue siendo corredor estratégico del narcotráfico, Guatemala puede convertirse en laboratorio de una cooperación militar ampliada que incluye fuerzas locales operando con respaldo e información de Estados Unidos”, señala Ortiz.
Sus aliados de la Coalición Anticárteles
El 7 de marzo pasado, Trump creó en Miami el Escudo de las Américas. La Casa Blanca la presentó como la Coalición Anticárteles de las Américas, un bloque de 17 países preparado para “operar el poder duro” contra las amenazas criminales y terroristas en el continente americano. En el mismo texto, Washington sostuvo que actuará con “cualquier recurso necesario” y con las “autoridades legalmente disponibles” junto con países socios. Esa posición describe el diseño regional para permitir operaciones más agresivas, incluidas acciones con militares, inteligencia, vigilancia y fuerzas locales.
La cumbre fue el lanzamiento de una iniciativa multinacional de cooperación en seguridad orientada a combatir organizaciones criminales transnacionales, en particular cárteles de la droga y a coordinar intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas entre países del hemisferio. La administración estadounidense describió el foro como una coalición para enfrentar la injerencia extranjera, el narcotráfico y la migración irregular.
Sin embargo, México, Colombia y Brasil quedaron fuera de esta coalición. “La ausencia de estos tres países debilita la eficacia real del proyecto”, subraya Ortiz y agrega que la exclusión de esos países en la cumbre Escudo de las Américas responde “principalmente a diferencias políticas y estratégicas con la administración de Trump, a tensiones diplomáticas recientes y a la intención de convocar gobiernos más alineados con la agenda trumpista”.
Christopher Sabatini, del Chatham House, señaló que la ausencia de estos tres países es una “falla fundamental”. Hay que entender que el escudo “permite a Trump presentar una política unilateral como si fuera una respuesta hemisférica. Si un país aliado acepta una incursión estadounidense junto con sus propias fuerzas armadas, Washington puede decir que no invadió, sino que colaboró; puede llamarlo operación conjunta, asistencia antiterrorista, cooperación solicitada o acción coordinada”, explica el experto en seguridad.
Las fuerzas estadounidenses podrían operar en territorio latinoamericano contra objetivos definidos por Washington como narcoterroristas. Washington y Caracas ya anunciaron, por ejemplo, haber abatido en una operación conjunta a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, cuya cabeza había sido puesta a precio por la administración de EEUU. Mientras analistas cuestionan la efectividad de este tipo de ataques, Naciones Unidas lo plantea bajo otro ángulo: “El derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes”.
