Esta historia fue publicada originalmente por Lindsay Toomer para Colorado Newsline, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Imagen creada con Gemini
Por Lindsay Toomer
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Denver y amenazó con demandar al estado de Colorado por sus leyes que prohíben las llamadas armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, alegando que violan la Segunda Enmienda.
La semana pasada, la administración Trump envió una carta a Denver y Colorado advirtiendo que presentaría demandas si no cumplían voluntariamente con la exigencia de cesar la aplicación de las prohibiciones de rifles semiautomáticos antes de las 5 p. m. (hora del este) del martes. La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, quien dirige la División de Derechos Civiles, redactó la carta.
La fiscal de la ciudad de Denver, Miko Brown, respondió que la ciudad “defenderá enérgicamente” su ordenanza que prohíbe ciertas armas de asalto si se impugna ante los tribunales. Calificó la solicitud de “infundada, irresponsable y un claro abuso de poder por parte del gobierno federal”.
“Mantenemos firme nuestro compromiso de proteger a nuestra comunidad de la violencia armada innecesaria y las armas de guerra en nuestras calles, al tiempo que apoyamos la tenencia responsable de armas”, declaró Brown en la carta.
El departamento aún no ha presentado una demanda contra Colorado. La demanda contra Denver, encabezada por la Sección de la Segunda Enmienda de la División de Derechos Civiles, creada durante la administración Trump, alega que la ciudad prohíbe ilegalmente los rifles semiautomáticos, protegidos por la Constitución.
“La Constitución no es una sugerencia y la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda categoría”, declaró el Fiscal General Interino Todd Blanche. “La prohibición de Denver sobre los rifles semiautomáticos de uso común viola directamente el derecho a portar armas”.
La demanda afirma que la ordenanza municipal prohíbe los rifles tipo AR-15, descritos como “el rifle más popular en Estados Unidos”, dado que los estadounidenses poseen decenas de millones de estos rifles. Un arma de asalto tipo AR-15 se utilizó en la mayoría de las masacres más mortíferas ocurridas en Estados Unidos entre 2012 y 2023, incluyendo dos en Colorado.
La ley de Denver restringe la venta y posesión de armas de asalto desde 1989. El alcalde de Denver, Mike Johnston, declaró que la ciudad “no se dejará intimidar” y seguirá velando por la seguridad de sus habitantes.
La ley de Colorado restringe la venta y posesión de cargadores con capacidad para más de 15 cartuchos desde 2013, cuando la Legislatura de Colorado aprobó una ley tras el mortal tiroteo masivo de 2012 en un cine de Aurora. El año pasado, la Legislatura estatal aprobó una ley que exige que cualquier persona que compre un arma de fuego semiautomática cumpla con ciertos requisitos de capacitación. Los intentos de prohibir la fabricación, compra y venta de armas de asalto, pero no su posesión, fracasaron en 2023 y 2024.
El Tribunal Supremo de Colorado ratificó por unanimidad la ley estatal de 2013 en 2020, cuando la organización Rocky Mountain Gun Owners presentó una demanda en su contra ante un tribunal estatal.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demócrata y candidato a gobernador, afirmó que la ley estatal “tiene limitaciones razonables que cumplen con las protecciones de la Segunda Enmienda”. Añadió que las armas de fuego con cargadores de alta capacidad “representan una grave amenaza para la seguridad pública” y que los autores de muchos tiroteos masivos mortales utilizan cargadores de alta capacidad.
“Las leyes que limitan los cargadores de alta capacidad son políticas responsables que reducen el impacto letal de los tiroteos masivos y salvan vidas”, declaró Weiser en un comunicado. “El estado tiene el deber de proteger a los residentes de Colorado de la violencia armada, y defenderé enérgicamente nuestra ley estatal que limita los cargadores de alta capacidad ante este ataque del Departamento de Justicia de Trump”.
El Departamento de Justicia de Trump también ha demandado a Washington D.C. por su prohibición de armas de fuego semiautomáticas.
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