Por Antonio López Cruz
El gabinete de seguridad federal implementó un megaoperativo para combatir el huachicol fiscal al más alto nivel, y se logró la desvinculación de sus funciones de los administradores, subadministradores y personal de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
Además, de acuerdo con información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el gobierno federal suspendió de sus labores a dos agentes aduanales y alista las solicitudes de órdenes de aprehensión en su contra por presunta colusión en el contrabando de gasolina.
Las investigaciones vinculan a varios funcionarios aduanales, presuntamente coludidos con importadores, comercializadoras y distribuidoras de combustible.
El modus operandi
Los agentes y funcionarios aduanales reportan el ingreso de “aditivos para aceites”, “sosa cáustica” y “nitratos” mediante mecanismos restringidos y contrabando técnico, pero en realidad lo que entra al país son millones de litros de combustible.
De esta forma, los buques o carrotanques han logrado ingresar a México sin pagar impuestos, a cambio de cantidades millonarias de dinero en sobornos para los agentes, lo que ya los colocó en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A través de órdenes judiciales, la FGR logró la suspensión de dos agentes aduanales y la cancelación de un almacén de depósito en Toluca, Estado de México; sin embargo, se alistan las solicitudes de órdenes de aprehensión contra diversos agentes que trabajan en aduanas de todo el país.
Parte de las indagatorias señalan que el pasado 10 de marzo, el buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, fue captado atracando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde intentó ingresar 50 millones de litros de combustible de manera ilegal.
El 20 de marzo se detectó asimismo al buque Torm Agnes, de la empresa china Tianjin Yuanhan, tratando de contrabandear un contenedor con 10 millones de litros de huachicol. El 31 de marzo, se ubicó al petrolero Challenge Procyon, con bandera de Singapur, al intentar ingresar 20 millones de litros de combustible ilegal.
En lo que respecta a los pasos terrestres, la fiscalía detectó el mismo modus operandi de los agentes en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando el pasado 23 de junio decomisó 80 pipas y 100 carrotanques ferrocarrileros con aproximadamente 20 millones de litros.
En todos los casos, los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que se transportaban “aditivos para aceites lubricantes”, “desperdicio de combustible”, “aceite quemado de baja calidad”, “aditivos para aceites”, “sosa cáustica” y “nitratos”.
La reiterada aparición de reportes con el ingreso de “desechos”, pero que en realidad era huachicol, llamó la atención de agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos, así como de las autoridades federales mexicanas, motivo por el que desde septiembre de 2020 las 49 aduanas en puertos y aeropuertos del país quedaron bajo custodia de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Aunque el objetivo fundamental fue evitar la corrupción y el tráfico de drogas, el gobierno federal detectó un aumento en el contrabando de huachicol, por lo cual desde abril de 2025 inició un operativo para la detección de combustible ilícito en al menos seis aduanas del norte del país. Los puntos de control, que cuentan con apoyo de la Guardia Nacional, fueron instalados de manera aleatoria en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; en Nogales y Sonoyta, Sonora; y en Mexicali y Tijuana, Baja California.
Reportes oficiales indican que entre el 31 de enero y el 16 de marzo de 2025 ingresaron 10 buques tanque a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal.
El ejercicio se repite dos veces por semana, lo que ha generado ganancias por miles de millones de dólares a empresas e integrantes del crimen organizado, dedicadas a la cadena de suministro de huachicol.
Las comercializadoras y los distribuidores también están en la mira de la FGR. Sus permisos las facultan para la compraventa, distribución y suministro de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos, a consumidores finales u otros distribuidores. Su función principal es asegurar que el combustible llegue desde las refinerías o plantas de procesamiento hasta los puntos de venta y los consumidores directos.
De acuerdo con cifras oficiales, del 8 de mayo de 2015 y hasta el 20 de junio de 2024, la recién extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) admitió a trámite un total de 983 solicitudes de permiso de comercialización de hidrocarburos.
A pesar de ello, solamente 40% lograron acceder al mercado. Del total de solicitudes, la CRE otorgó 586 permisos que siguen vigentes, en tanto que 131 han caducado, seis se dieron por terminados anticipadamente, uno está vencido y 259 siguen en proceso.
Aunque las investigaciones incluyen a empresas importadoras, comercializadoras y distribuidoras, las pesquisas se han centrado en los agentes aduanales, toda vez que su presunta participación en el trasiego de huachicol fiscal es clave para la comisión de este ilícito.
De acuerdo con los documentos oficiales, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, encabezada por Alfredo Higuera Bernal, es la que está integrando las carpetas de investigación en contra de administradores, subadministradores y personal adscrito a las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada, los cuales ya fueron desvinculados de sus funciones.
