Miami, Florida.- Tratándose de las ganancias de los cárteles mexicanos, el gobierno de Estados Unidos siempre ha actuado con mucha prudencia. Aunque las distintas agencias de la administración repiten una y otra vez que el narco genera “decenas de miles de millones de dólares al año”, el carácter mismo de las organizaciones criminales, que se mueven con secretismo, manejan de prestanombres lo mismo que criptomonedas y recurren a todo tipo de tácticas para esconder los recursos ilícitos que obtienen, complica saber a cuánto ascienden realmente sus ganancias.
El US-Mexico Bi-National Criminal Proceeds Study (estudio binacional EU-México sobre los ingresos procedentes de actividades delictivas) elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció en 2010 que “entre 18 mil y 29 mil millones de dólares en efectivo cruzan cada año de Estados Unidos hacia México como resultado del tráfico de drogas”. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), validó la cifra en su informe al Congreso, describiéndola como la “mejor estimación disponible” sobre ingresos de los cárteles en ese momento.
Las agencias federales estadounidenses ya no hacen público un ‘número oficial’ anual por la incertidumbre y porque, con fentanilo y metanfetamina en las calles de la Unión Americana, la métrica de daños (muertes, letalidad, purezas) pesa mucho en la moral de las agencias federales. Sin embargo, internamente se siguen manejando estadísticas. Una fuente del Departamento de Justicia dijo que, considerando la inflación de los últimos 15 años y la transformación del mercado de drogas, conservadoramente, en la actualidad el narcotráfico en México gana en promedio entre 37 mil y 58 mil millones de dólares anuales, solo por el dinero en efectivo que retorna al país. Son las cifras que se manejan al interior de las agencias federales.
“Seguramente es mucho más; lo que sucede es que todo se basa en estimaciones y cálculos a partir de los decomisos, el costo y varios factores más de los cuales es prácticamente imposible saber en su totalidad” dice a este diario Guillermo Alberto Hidalgo, experto en narcotráfico transfronterizo.
El método detrás de esas cifras no es un secreto: la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) “asignan valor de mercado a cada decomiso, ajustan por pureza y precio y extrapolan lo que no se logra interceptar”, describe Hidalgo. A esto se suman encuestas de consumo y reportes de operaciones sospechosas que vigila la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). El resultado es un cálculo sobrio.
En el escenario conservador, 37 mil millones al año suman 740 mil millones de dólares en dos décadas. En el más alto, 58 mil millones al año equivalen a 1 billón 160 mil millones de dólares. El promedio intermedio, razonable y consistente con los datos recopilados, asciende a 950 mil millones de dólares en ganancias acumuladas desde 2005, indicó la fuente del Departamento de Justicia a este medio.
Lo que ha cambiado dramáticamente en dos décadas es la composición del mercado. En 2004, de acuerdo a informes de la DEA, Estados Unidos reportaba más de 23 mil 700 laboratorios de metanfetamina caseros; para 2023, reconocía apenas 60. El vacío lo llenaron los cárteles mexicanos con superlaboratorios capaces de producir metanfetamina P2P de pureza superior al 90 %. Fue un viraje histórico que abrió la era de las drogas sintéticas y las ganancias multimillonarias.
El siguiente salto llegó con el fentanilo. Entre 2013 y 2016 irrumpieron pastillas falsificadas con opioides letales. La Comisión de Sentencias de Estados Unidos (USSC, por sus siglas en inglés) documentó en 2021 que “un kilogramo de fentanilo, adquirido por entre 3 mil y 5 mil 200 dólares, puede prensarse en 1 millón de tabletas con un valor en la calle de hasta 6 millones 600 mil dólares”. Ese cálculo explica por qué los márgenes de ganancia se dispararon como nunca.
Las incautaciones confirmaron la dimensión. En 2024, la DEA anunció la confiscación de más de 60 millones de píldoras falsificadas y 8 mil libras de polvo, equivalentes a 380 millones de dosis letales. “Nunca habíamos visto una amenaza de esta magnitud”, admitió la ex directora de la DEA, Anne Milgram, al presentar la campaña One Pill Can Kill. El impacto era doble: crisis de salud pública y ganancias multimillonarias para los cárteles, porque las metanfetaminas y el fentanilo son mucho más rentables y fáciles de producir.
“Las drogas sintéticas han cambiado por completo la ecuación; son más baratas de producir, más fáciles de traficar y mucho más rentables”, advirtió el DHS desde su evaluación de amenazas de 2022.
El Cartel de Sinaloa (CS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), como los más importantes, se convirtieron así en corporaciones químicas del crimen. “Casi toda la metanfetamina disponible en Estados Unidos es producida en México”, confirmó la DEA en su evaluación 2024.
En paralelo, surgieron nuevos ingresos criminales documentados en Washington DC. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes reportó desde 2021 que “los cárteles mexicanos obtienen alrededor de 13 mil millones de dólares al año por contrabando de migrantes”. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) calificó en 2024 al robo de combustible como “la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante” de los cárteles.
En enero de 2025, el subsecretario del Tesoro Brian Nelson fue tajante al decir que “el robo de combustible representa una amenaza directa a la seguridad energética y es hoy una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales mexicanas”. La OFAC documentó redes que introducen millones de litros de crudo robado a Estados Unidos a través de empresas fachada, para lavarlos y luego regresarlos a México y traficarlos al mundo.
Los millones de litros incautados son apenas una fracción de los que trafican los narcos.
Así, si a los entre 37 y 58 mil millones de dólares al año que recibe el narco mexicano por drogas se le suman los ingresos por huachicol, tráfico de migrantes y un lago etcétera, el resultado, en un rango conservador, se eleva a entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales. Esa es la magnitud que en Washington DC manejan hoy como referencia.
El caso que volvió a poner en la mesa de debate las ganancias millonarias del narco es el de Ismael “El Mayo” Zambada, quien como parte de su acuerdo de culpabilidad con la Justicia estadounidense acordó pagar 15 mil millones de dólares en indemnización.
Esos 15 mil millones de dólares, calcula el gobierno de Estados Unidos, acumuló Zambada durante su casi medio siglo de trayectoria criminal al frente del Cártel de Sinaloa.
La metodología fue la misma usada contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a pagar 12 mil 600 millones de dólares: se sumaron cargamentos documentados, se multiplicó la cifra por precios mayoristas y minoristas, se incorporaron testimonios y se cruzaron los datos con reportes de la FinCEN sobre cuentas, empresas y transferencias.
Sin embargo, en términos reales, según FinCEN y la OFAC, las propiedades, cuentas y empresas de Zambada identificadas suman entre 2 y 3 mil millones de dólares. El resto de la cifra exigida por el Departamento de Justicia corresponde a utilidades históricas ya gastadas o lavadas.
El gobierno de Estados Unidos sabe que no podrá obtener de “El Mayo” los 15 mil millones que exige. “No esperamos recuperar todo el dinero. La confiscación es tanto un castigo como un mensaje: el crimen organizado no puede conservar sus ganancias”, reconoció Breon Peace, fiscal del distrito Este de Nueva York. En el caso de Guzmán, apenas se recuperó una fracción mínima, y con Zambada ocurrirá lo mismo.
“La diferencia entre lo que se posee y lo que se reclama es abismal, pero el simbolismo importa; así es el estilo americano” comenta Hidalgo. “La orden de confiscación busca mostrar que Estados Unidos no solo encarcela, sino que también exige devolver lo robado”.
