Por Javier M. González, publicado originalmente para Nueva Tribuna
El jueves 6 de noviembre comienza en Argentina el juicio de la llamada Causa Cuadernos, basada en la información que sistemáticamente fue escribiendo un chofer del ministerio de Planificación, en tiempo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), sobre la recaudación de sobornos de las empresas constructoras y energéticas más grandes del país. Durante al menos diez años, cada movimiento, con nombres, importes, direcciones, empresas, y hasta diálogos, los fue anotando Oscar Centeno en ocho cuadernos escolares, que llegaron a manos del periodista del diario La Nación, Diego Cabot.
Las anotaciones en los cuadernos empiezan el 1 de febrero de 2005 y solo terminan cuando acaba el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en 2015
“Es la descripción más brutal de la corrupción en la Argentina”, escribió el periodista en el libro en que cuenta cómo fue la investigación del caso. “Pocas veces en mi vida vi una causa con tanta prueba”, dijo por su parte el fiscal Carlos Stornelli, que actuó en la fase de la investigación junto al juez Claudio Bonadio, fallecido poco después de elevar a juicio la causa.
Las anotaciones en los cuadernos empiezan el 1 de febrero de 2005 y solo terminan cuando acaba el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en 2015. Centeno, que había sido militar, dirá: “Yo los cuadernos los empecé a escribir por una costumbre castrense de anotar fecha y hora de los lugares donde uno va (…) Cuando vi que las personas que trasladaba empezaron a llevar bolsos con dinero, pues ellos mismos hablaban, empecé a anotar con mayor precisión todos los datos que veía o tomaba conocimiento (…) Siempre llevaba las libretas al costado del asiento o en el buche de la puerta”. Se dio cuenta que algo raro pasaba cuando el funcionario al que trasladaba, al volver de la sede de la empresa española Isolux, dijo por teléfono a un interlocutor: “Seis kilowatios”, posiblemente seiscientos mil dólares.
Queda al descubierto la trama de la corrupción en la Argentina de los Kirchner
El número total de imputados en la causa es de 86, siendo 22 exfuncionarios -la plana mayor del ministerio de Planificación- y 65 de los empresarios más importantes del país. Entre los acusados destaca la expresidenta Cristina Kirchner, que ya ha sido condenada en otra causa por corrupción, cumpliendo la pena de 6 años en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Ella y su marido serían los jefes de una asociación ilícita. Pero al fallecer en 2010 se extinguió la causa en contra de Néstor. Similar circunstancia ocurre con el exsecretario privado del matrimonio, Daniel Muñoz, que era la figura clave en la recepción del dinero.
La principal imputación para todos es la de asociación ilícita. Según el escrito del primer juez que tomó el caso en sus manos, Claudio Bonadio, la finalidad fue “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, como la financiación ilegal de campañas electorales.
Muchos de los empresarios se acogieron a la ley del arrepentido. Contaron que si querían tener contratos de obra pública debían pagar entre el 10 % y el 20 % del presupuesto
Cada recorrido en el que Centeno llevaba al número 2 del ministerio de Planificación terminaba con voluminosos bolsos llenos de dólares, que eran depositados en dos de los pisos que el matrimonio Kirchner tenía en el barrio porteño de Recoleta, en la residencia presidencial de Olivos, al norte del conurbano bonaerense y tras la muerte de Néstor en la propia Casa Rosada. Cuando los Kirchner viajaban a la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, en el avión presidencial iban estos bolsos, que no pasaban por ningún control. Los tripulantes tenían prohibido cualquier contacto con los pasajeros y al llegar a destino se descargaba el botín en camionetas que llegaban al pie del avión. Uno de los funcionarios acusados, Claudio Uberti, también arrepentido, declaró que los bolsos y maletas tenían como destino el domicilio de los Kirchner en la ciudad de Río Gallegos, “donde se encontraban bóvedas que habían comprado al Banco Hipotecario”.
Daniel Muñoz, el secretario presidencial que se encargaba de la recepción del dinero, compró 14 propiedades de lujo en Miami y Nueva York, por más de 70 millones de dólares. También adquirió una serie de lotes en las paradisíacas islas caribeñas de Turks & Caicos -valoradas por la justicia en 30 millones de dólares-, además de numerosas propiedades dentro de la Argentina. Todo usando testaferros, aunque los Panama Papers los descubrieron. Parte del movimiento del dinero para estas operaciones se hicieron desde cuentas en Andorra. Para la Unidad de Información Financiera y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, Muñoz habría actuado como supuesto testaferro de Néstor Kirchner.
Más de la mitad de los empresarios quisieron librarse del juicio ofreciendo pagar una compensación, fórmula prevista en el Código Penal
El esquema de corrupción fue ideado por el expresidente Néstor Kirchner y su ministro de Planificación, Julio De Vido, que lo acompañaba desde la época en que el mandatario había sido gobernador de la provincia de Santa Cruz. Cuando murió, su viuda, Cristina Kirchner, que en ese momento estaba iniciando su primera presidencia, ordenó que el esquema se mantuviera.
Muchos de los empresarios se acogieron a la ley del arrepentido. Contaron que si querían tener contratos de obra pública debían pagar entre el 10 % y el 20 % del presupuesto. Pero, además, eran extorsionados para que aportaran más dinero en tiempos de campaña electoral.
Argentina, el lodo de la corrupción salpica a todos lados
Más de la mitad de los empresarios quisieron librarse del juicio ofreciendo pagar una compensación, fórmula prevista en el Código Penal. Pero la fiscal del caso, Fabiana León, rechazó tajantemente la oferta: “En esta fiscalía no se vende impunidad. Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social, afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley. No se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado”.
El juicio se celebrará por Zoom y está prevista una audiencia semanal, que se podrá seguir por YouTube. Dado el gran número de testigos convocados, 626, el fin del proceso puede demorar hasta tres años o más dependiendo de distintas circunstancias que se pueden presentar a lo largo del proceso. La Causa Cuadernos ha tardado siete años en llegar a juicio.
Cómo llegaron los cuadernos a la Justicia
El periodista Diego Cabot, del diario La Nación, fue abordado en una calle del barrio de Belgrano por un vecino al que le comentó que tenía un material que podía interesarle. Este hombre se llamaba Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal y amigo de Oscar Centeno, el chofer de los cuadernos. Tenía una simpatía personal por el periodista, del que había leído el libro Hablen con Julio, en el que Cabot y su colega Pancho Olivera denuncian otros casos de corrupción protagonizados por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Los cuadernos se los había entregado Centeno en noviembre de 2016, por temor a que su entonces esposa, con la que se estaba separando, se los arrebatara y los usara contra él. De hecho, llegó a denunciarla por extorsión. Bacigalupo tuvo en su poder los cuadernos casi un año y medio hasta que se los entregó al periodista, el 8 de enero de 2018, que al ver el material lo fotocopió y empezó un largo trabajo de confirmación de todo lo que ahí aparecía.
Cabot decidió entregar los cuadernos a la Justicia antes de publicar nada, negociando que tendría la primicia. Fue el 20 de abril de 2018 cuando entregó el material al fiscal con el que había coordinado la operación. El 1 de agosto de 2018 se hace público el caso con la detención del funcionario que hacía las recaudaciones, Roberto Baratta, y otras 15 personas. Ese mismo día se hicieron 35 allanamientos. Unos días después, tras de ser aprobado por el Senado -en ese momento era senadora-, se allanaron incluso los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner.
