Un informe del Tecnológico de Monterrey revela la exclusión que enfrentan migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México por parte de las instituciones bancarias. El estudio, elaborado junto con ACNUR y titulado “Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México”, documenta que la mitad de esta población no posee servicios bancarios en el país.
De acuerdo con el texto, la razón principal de esta falta de acceso no es la ausencia de documentación, sino el rechazo directo de los bancos, a pesar de que la ley permite la apertura de cuentas con los documentos que portan.
Según los datos, 51% de las personas encuestadas no tiene una cuenta bancaria, no por falta de interés o incapacidad económica, sino porque sus documentos migratorios no fueron reconocidos como válidos en sucursales.
De igual forma, el estudio indica que seis de cada 10 personas recibieron un “no” en ventanilla, pese a que las regulaciones mexicanas permiten abrir cuentas básicas con documentos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Es decir, la exclusión proviene de fallas operativas y criterios discrecionales, no del marco legal.
El informe muestra que, lejos de la narrativa que asocia migración con informalidad, 77% de las personas entrevistadas tiene empleo en sectores productivos y 60% cuenta con educación media o superior. Aun así, continúan enfrentando barreras que los obligan a vivir en un sistema financiero paralelo basado en efectivo.
Migrantes y refugiados recurren a efectivo debido al rechazo
En tanto, 79% usa billetes y monedas como su principal medio de pago, lo que incrementa costos, los expone a riesgos y limita el aprovechamiento de servicios como ahorro, envíos de remesas formales y transferencias electrónicas.
A su vez, expone que casi 60% califica al sistema bancario como “bueno” o “excelente”, con lo cual, la disposición a integrarse existe; sin embargo, lo que falta es que las instituciones bancarias reconozcan los documentos válidos y ajusten sus procesos internos para cumplir la ley.
Todo esto ocurre mientras México vive un incremento histórico de solicitudes de asilo. Más de 80 mil personas solicitaron protección en 2024, consolidando al país como destino y corredor humanitario. El sistema financiero, sin embargo, sigue operando bajo procedimientos diseñados para una realidad distinta y que hoy se quedan cortos frente al perfil de la población que intenta acceder a servicios básicos.
La falta de acceso no solo afecta a quienes llegan, sino también a la economía en general. El envío de remesas, que podría canalizarse por vías seguras y formales, termina moviéndose en canales informales más caros.
El informe señala que adaptar los procesos bancarios a documentos migratorios reconocidos no es una concesión: es una medida necesaria para reducir desigualdades, fortalecer la autonomía económica y evitar que miles queden atrapados en la informalidad financiera.
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