La Fiscalía del Distrito Central presentó un acta de acusación de casi 100 páginas contra la directora del plantel, Natalia Kselevsky (37 años), y sus asistentes Darina Khalupa (37 años) y Anna Pegelsky (40 años). Las tres mujeres enfrentan más de 400 cargos por abuso agravado y agresión contra bebés y niños pequeños de entre 6 meses y 3 años de edad, todos ellos ciudadanos locales.
La acusación detalla una alarmante rutina de maltrato que incluye asfixia simulada, confinamiento en cuartos oscuros de almacenamiento, inmovilización forzada y alimentación violenta. Las autoridades judiciales confirmaron que no existió una motivación racial, religiosa o sexual detrás de los ataques; en su lugar, se trató de un abuso de poder sistemático aprovechando que las víctimas aún no desarrollaban el habla para denunciar los hechos.
Vecinos alertan a la policía
El caso salió a la luz gracias a la intervención de residentes y transeúntes de la zona, quienes observaron desde la vía pública conductas inusuales y castigos severos infligidos a los menores. Tras recibir las denuncias, un equipo especial de la policía local ejecutó un operativo sorpresa en el establecimiento.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad confiscaron los servidores de ocho cámaras de videovigilancia ocultas y visibles. El análisis técnico de estos dispositivos se convirtió en la prueba reina del caso, registrando de forma explícita las agresiones físicas y la coacción psicológica a la que eran sometidos los infantes.
Intentaron borrar la evidencia
De acuerdo con los peritajes tecnológicos presentados ante la corte, minutos después de que la policía ingresara a la propiedad para asegurar los videos, las acusadas intentaron encubrir los delitos. Mensajes de texto recuperados de sus teléfonos celulares revelaron intentos desesperados por borrar los registros digitales de las cámaras. En los chats, las asistentes admitían explícitamente su temor a las consecuencias legales y a las protestas de los padres de familia.
El tribunal decretó prisión preventiva estricta para las tres implicadas mientras se desarrolla el juicio, argumentando que representan un peligro extremo para la sociedad.
Familias exigen justicia y reformas
Las familias de las víctimas se han movilizado a las afueras de los juzgados penales para exigir las penas máximas contempladas por la ley para cuidadores responsables de menores indefensos. Diversos portavoces de los afectados han denunciado que los niños muestran secuelas psicológicas severas, tales como traumas clínicos y severas alteraciones del sueño.
El impacto del caso ha reavivado un debate legislativo en la región respecto a las exigencias de supervisión, la evaluación de salud mental del personal educativo y el endurecimiento de los requisitos para la obtención de licencias de operación en el sector de estancias infantiles privadas.
