Esta historia fue publicada originalmente por Khari Johnson y Wendy Fry para Cal Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Larry Valenzuela for CalMatters
Por Khari Johnson y Wendy Fry
La Legislatura de California quiere frenar los planes para compartir información sobre los conductores de California, incluidos más de un millón de titulares de licencias de inmigrantes que carecen de autorización federal para vivir en los EEUU, con una agencia sin fines de lucro poco conocida compuesta por administradores de vehículos motorizados de todo el país.
El acuerdo presupuestario entre la Asamblea y el Senado, publicado el jueves por la noche, retiene 55 millones de dólares en fondos destinados al Departamento de Vehículos Motorizados de California para conectarse a una base de datos que comenzaría a atender las solicitudes de información de otros estados sobre los conductores californianos a principios del próximo año.
La oficina del gobernador y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) quieren compartir esa información con el sistema State-to-State y la plataforma SPEX, que permite a los estados comprobar si hay licencias duplicadas y que es operada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados.
Debido a que el sistema registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social del conductor y utiliza un marcador de posición como “99999” para las personas que no lo tienen, los opositores al plan advirtieron que podría identificar fácilmente a los conductores que carecen de un número de Seguro Social.
Los defensores de los inmigrantes temen que la publicación de esta información pueda dejar a los californianos indocumentados vulnerables a la deportación si la información llega a manos de la Patrulla Fronteriza o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los californianos pueden obtener una licencia de conducir estándar independientemente de su estatus migratorio, según una ley de 2014 conocida como Proyecto de Ley 60 de la Asamblea .
Según los funcionarios estatales, el intercambio de datos es necesario para cumplir con la Ley Real ID de 2005, que establece los requisitos para aceptar la identificación estatal en instalaciones federales como los aeropuertos.
En respuesta a la propuesta presupuestaria de la Legislatura, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional instó a las personas que carecen de autorización federal para vivir en los EEUU a abandonar el país.
El Senado presentó su propuesta de presupuesto el martes por la noche, pero no incluyó la financiación para el programa de verificación interestatal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) . La Legislatura debe aprobar el presupuesto antes del 15 de junio, pero tiene hasta el 30 de junio para negociar los detalles con el gobernador.
Según los defensores, excluir los 55 millones de dólares del presupuesto estatal no anularía por completo el plan del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Las negociaciones presupuestarias entre ambas cámaras y la oficina del gobernador Gavin Newsom podrían continuar. Los legisladores aún podrían reactivar la asignación mediante una ley presupuestaria complementaria o un proyecto de ley de presupuesto independiente.
Sin embargo, esto podría significar que es poco probable que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) reciba los fondos para el 1 de julio, fecha prevista para comenzar a compartir los datos, según Jessie Schmitte, gerente de políticas estatales de Alliance San Diego, una organización comunitaria de derechos humanos que ha estado dando seguimiento a la propuesta. Casi 200 organizaciones firmaron una carta de la coalición en oposición al plan de intercambio de datos del DMV. Dicho plan también provocó protestas en una sucursal del DMV en San Francisco a principios de este mes.
Algunos defensores atribuyeron a CalMatters el mérito de haber sacado a la luz este problema en una noticia publicada a principios de este año.
“Como probablemente saben, muchas organizaciones desconocían estas conversaciones hasta que, afortunadamente, se publicó el artículo de CalMatters, que visibilizó el tema para todos aquellos que no habían tenido voz ni voto”, dijo Schmitte. “Si de verdad les importara proteger a los californianos y redoblar sus esfuerzos en materia de privacidad, no estarían evadiendo estas conversaciones”.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) necesita más que financiación para llevar a cabo el plan. La ley estatal prohíbe al DMV compartir el número de Seguro Social obtenido durante el proceso de expedición de licencias para la mayoría de los fines, lo que significa que el estado necesita legislación adicional antes de proporcionar información a la organización nacional sin fines de lucro, un paso que el propio DMV señala en su solicitud de presupuesto .
El estado quiere proporcionar la información a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAVM) , una organización sin fines de lucro cuyo consejo directivo está compuesto por funcionarios del DMV de todo el país. Esta información se utilizaría para ayudar a otros estados a garantizar que las personas no posean simultáneamente documentos de identificación en otros lugares. Los defensores temen que los funcionarios locales de esos estados puedan transmitir al gobierno federal información de la base de datos de la asociación sobre presuntos inmigrantes indocumentados. La asociación ha declarado que su base de datos no permite búsquedas masivas ni sin información específica como el nombre y la fecha de nacimiento.
Un portavoz del presidente de la Asamblea, Robert Rivas, declaró que las conversaciones sobre la financiación del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) continúan. El personal de otros dos legisladores no respondió a la solicitud de información sobre las negociaciones.
La oficina de Newsom remitió las preguntas al Departamento de Finanzas. El portavoz HD Palmer declaró que “las conversaciones han estado en marcha y continúan”.
A estas alturas, parece improbable que se pueda llegar a un acuerdo antes de la fecha límite fijada por el DMV, declaró Andrea Guerrero, directora ejecutiva fundadora de Alliance San Diego.
“Es difícil imaginar qué tipo de cambios se podrían lograr mientras estamos parados al final de una tabla”, dijo.
Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project, asistió a las protestas contra el plan de intercambio de datos en las oficinas del DMV en San Francisco a principios de este mes y participó en una llamada con la oficina del gobernador y el DMV sobre el plan de intercambio de datos en abril.
Se mostró satisfecho de que los legisladores decidieran aplazar la financiación por el momento, pero afirmó que, de cara al futuro, lo más importante que deben comprender tanto el público como los legisladores es que, una vez que los datos sobre los conductores de California entren en una base de datos multiestatal, ya no será posible establecer salvaguardias, porque el plan exige compartir datos sobre todos los titulares de licencias.
En última instancia, dijo, el estado tendrá que tomar una decisión: o bien anular las promesas hechas en la ley AB 60 y poner en riesgo a los inmigrantes y otros californianos, o bien decidir no cumplir con la Ley Real ID y defender a esos californianos.
“Se ha pospuesto, pero es una decisión que el estado tendrá que tomar. No puede simplemente evitarlo”, dijo.
La reportera de CalMatters, Yue Stella Yu, contribuyó a este artículo.
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