Esta historia fue publicada originalmente por Madison McVan para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer
Por Madison McVan
Tres familias de Minnesota, cuyos hogares fueron allanados por agentes de inmigración, han demandado al gobierno federal, argumentando que los agentes violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
Los demandantes están representados por abogados de la organización sin fines de lucro Protect Democracy, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el bufete de abogados Dorsey & Whitney.
La demanda alega que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional emitieron un memorando que autorizaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ingresar a un domicilio con una orden administrativa, emitida por la propia agencia y que no requiere la aprobación de un juez. La Associated Press fue la primera en informar sobre la existencia de este memorando el 21 de enero.
“Los líderes federales intentaron ocultar al público su política que permite a los agentes ingresar a domicilios sin una orden judicial”, declaró Ben Casper, abogado de la ACLU de Minnesota. “Saben que enviar agentes federales enmascarados y armados con rifles militares —pero sin una orden judicial— a invadir hogares constituye una violación tanto de la Cuarta Enmienda como de su juramento de defender la Constitución”.
La demanda es el último desafío constitucional a la campaña del presidente Donald Trump para la deportación masiva, y específicamente a la Operación Metro Surge, mediante la cual la administración envió a cerca de 3000 agentes al país. El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha.
Un juez federal designado por Trump encontró “pruebas contundentes y preocupantes” de discriminación racial; jueces —designados tanto por presidentes republicanos como demócratas— dictaminaron repetidamente que las personas fueron detenidas ilegalmente y luego amenazaron a funcionarios federales con desacato por no obedecer órdenes judiciales; un juez ordenó que los líderes religiosos deben poder ofrecer atención pastoral presencial en el Edificio Federal Whipple después de que el clero demandara y acusara a la administración Trump de violar los derechos religiosos; un juez designado por Trump afirmó que la administración “no planificó para los derechos constitucionales de sus detenidos civiles” y le ordenó que les brindara acceso adecuado a abogados.
El 1 de diciembre, un día antes de que el New York Times y otros medios de comunicación nacionales informaran que la administración Trump lanzaría una campaña selectiva de control migratorio contra ciudadanos somalíes en Minnesota, agentes del ICE llamaron a la puerta de la casa de Abdulkadir Sharif Abdi en Minneapolis. Según la denuncia, cuando Abdi abrió la puerta, los agentes irrumpieron en la vivienda y lo arrestaron. Abdi es originario de Somalia.
Abdi llegó a Estados Unidos en la década de 1990. En 2018, un juez ordenó su expulsión, pero también suspendió su deportación, al considerar que su postura pública contra el grupo militante Al-Shabaab —designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense— lo ponía en riesgo. Fue liberado del centro de detención migratoria en 2019 y, desde entonces, ha cumplido con las órdenes de supervisión, según la demanda.
La demandante principal en el caso es Teyana Gibson Brown, cuya imagen fue captada por el fotógrafo de Associated Press, John Locher, en la madrugada del 11 de enero. En la imagen, se ve a Gibson Brown, vestida con uniforme médico y sandalias Crocs, enfrentándose a varios agentes fuertemente armados después de que estos derribaran su puerta con un ariete.
Los agentes arrestaron a su esposo, Garrison Gibson Brown, también demandante en el caso e inmigrante liberiano a quien se le ordenó la deportación de Estados Unidos en 2009, pero que ha permanecido en el país bajo la supervisión del ICE desde 2021, según la demanda.
El juez Jeffrey Bryan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, en su orden de liberación de Garrison Gibson Brown de un centro de detención en Texas, declaró explícitamente que el arresto violó la Cuarta Enmienda.
“Presento esta demanda junto con mi esposo porque nuestra familia ahora se siente insegura en nuestro hogar debido a la política ilegal del gobierno”, declaró Teyana Gibson Brown. “Ninguna persona ni familia en Estados Unidos debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado”.
Los otros dos demandantes en el caso son Noe Alfredo Salguero, originario de El Salvador, quien vive y trabaja legalmente en Estados Unidos gracias a su Estatus de Protección Temporal (TPS); y su hija Jeyli Salguero, ciudadana estadounidense. La denuncia alega que agentes del ICE irrumpieron en la casa de la familia Salguero en Oakdale el 14 de enero buscando al hermanastro de Jeyli Salguero, quien no residía en la vivienda.
La denuncia alega que los agentes encañonaron a la familia y detuvieron a Noe Alfredo Salguero y a su otra hija, Astrid. El padre fue liberado tres semanas después, pero su hija optó por deportarse voluntariamente tras pasar varias semanas en un centro de detención en Texas.
El ICE no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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