Artículo originalmente publicado por Ariana Figueroa para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Gobierno de El Salvador/Wikimedia
Washington, D.C.— El Departamento de Justicia reconoció en un expediente judicial que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó continuar con las deportaciones de venezolanos a una brutal prisión salvadoreña, a pesar de la orden de un juez federal de detenerlas.
El expediente del martes señala que altos funcionarios del Departamento de Justicia le informaron a Noem que no necesitaba cumplir con la orden judicial del 15 de marzo de detener las deportaciones, ya que esta se había emitido después del despegue de los vuelos. Los ciudadanos venezolanos fueron deportados bajo una oscura ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
“Tras recibir dicha asesoría legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) que habían sido deportados de Estados Unidos antes de la orden de la Corte pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador”, según el expediente del Departamento de Justicia. “Esa decisión fue legal y congruente con una interpretación razonable de la orden de la Corte”.
La decisión de Noem envió a 137 hombres venezolanos a una megaprisión durante meses hasta que el gobierno venezolano pudiera negociar un intercambio de prisiones con El Salvador y Estados Unidos para que los hombres regresaran. En una orden de emergencia emitida el 15 de marzo, el juez federal de distrito James Boasberg determinó que los aviones que transportaban a los venezolanos debían regresar a Estados Unidos.
No tuvieron la oportunidad de impugnar su deportación, lo cual constituyó una violación de sus derechos al debido proceso, argumentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en su caso contra la administración Trump.
La presentación del martes representa un cambio en la estrategia legal de la administración, que inicialmente argumentó que, dado que la orden de Boasberg era verbal y no escrita, su orden de restricción temporal carecía de validez.
Investigación por desacato
La presentación se produce después de que Boasberg reanudara una investigación por desacato para identificar a los funcionarios de la administración Trump involucrados en la autorización de las deportaciones de los venezolanos.
La semana pasada, Boasberg ordenó a la administración que presentara documentos sobre cómo proceder con la investigación por desacato.
“Ciertamente tengo la intención de averiguar qué sucedió ese día”, declaró Boasberg la semana pasada.
La presentación del martes argumentó que no es necesario iniciar un proceso por desacato y que “el Gobierno sostiene que sus acciones no violaron la orden del Tribunal”. La ACLU, que representa a los hombres deportados, en su presentación sobre el caso de desacato, instó a Boasberg a solicitar el testimonio de nueve funcionarios, tanto actuales como anteriores, de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.
La ACLU también afirmó que el gobierno debería identificar a “todas las personas involucradas en la decisión… independientemente de si fueron quienes tomaron la decisión en última instancia o si tuvieron participación directa en ella, así como a todas aquellas personas con conocimiento del proceso de toma de decisiones”.
Una vez identificadas estas personas, Boasberg podría determinar el orden en que se recopilarían los testimonios.
Créditos: Con información de Ariana Figueroa para Minnesota Reformer, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro dedicada a mantener informados a los habitantes de Minnesota y a descubrir historias que otros medios no pueden o no quieren contar. Nota original en inglés y traducida al español por Julio Valdez.
