Por María Cabadas
Procedentes de Estados Unidos, llegan de forma ilegal a la República mexicana por lo menos 250 mil armas al año, las cuales están en manos de civiles, dijo Alejando Celorio Alcántara, exconsultor jurídico del Gobierno de México y miembro del Servicio Exterior Mexicano.
Al participar en el “Conversatorio México vs Industria armamentista de EEUU: Desafíos jurídicos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas”, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que si no existiera la Ley Placa en Estados Unidos, la cual otorga inmunidades judiciales jurisdiccionales a esa industria, México sería más seguro.
“Los recursos destinados para responder a la violencia en los últimos 20 años quizá pudieron haberse dirigido a mejorar los sectores educativos, de vivienda y salud”, dijo.
Puntualizó que no es fácil demandar a una industria poderosa para “cerrar la llave de las armas”. Quien tuvo el valor, dijo, fue el gobierno mexicano en el periodo anterior. Se trata de una querella civil por daños en la que el gobierno mexicano se presenta como persona afectada, pero no es contra el gobierno de Estados Unidos, ni de los estadounidenses, tampoco es una controversia constitucional.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas.
“Nos metimos a un tema crucial contra 10 empresas, pero desistimos de dos de ellas con oficinas centrales en Austria (Glock) e Italia (Beretta). El reto fue superar la ley de inmunidades vía la no extraterritorialidad de una ley estadounidense y una de no inmunidad”, resaltó.
Recordó que en octubre de 2023, el gobierno federal solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual permitió al gobierno mexicano armar una narrativa política contra EU para señalarle que “no lo estamos acusando, sino brindándole la información para que tomara medidas al respecto. Este es un esfuerzo histórico porque México siempre ha recurrido al derecho internacional, pues es la mejor arma que tenemos”.
Al hacer uso de la palabra, Lourdes Marleck Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional de la FD, señaló que nuestro país se encuentra en un momento coyuntural en este proceso jurídico.
Hay 4.5 millones de armas estadounidenses en México
En México, describió, hay más de 4.5 millones de armas provenientes de la nación norteamericana, entre ellas AR15 calibre .50; ametralladoras Browning calibre .50; lanzacohetes; fusiles AK-47; o lanzagranadas y granadas, que son de uso exclusivo del Ejército.
Además, 17 millones están en manos de civiles y tan solo en 2019 su venta se incrementó 35%; las incautadas provienen de Estados Unidos, mientras que el 30% restante llega a México de Brasil, Alemania y República Checa.
Para José Guadalupe Medina Romero, académico de la FD, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro de este caso y la posibilidad de abrir una nueva etapa en la lucha contra la violencia armada internacional.
Actualmente, dijo, la posición de nuestro país está enfocada a establecer un antes y un después en esta lucha ferviente, auténtica y decidida en contra de este mal que nos aqueja al igual que a otras naciones. En nuestro caso, se han ampliado las estrategias jurídicas que iniciaron en 2021, reafirmando el compromiso del Estado mexicano en la lucha contra el tráfico ilícito de armas.
Reiteró que enfrentamos un flujo constante y alarmante de armas en función también de lo que ha sido una mecánica de adquisición en EUA, las famosas compras de paja, es decir, aquellas que se realizan mediante un tercero, el contrabando a través de la frontera por vehículos que no tienen una revisión correspondiente y su venta por plataformas digitales no reguladas.
En su oportunidad, la directora de la FD, Sonia Venegas Álvarez, expuso que la violencia que aqueja a México tiene múltiples causas, una de ellas es el flujo incontrolado de armas de fuego, y una parte importante proviene de Estados Unidos.
Según datos documentados por expertos, más de 70% de las involucradas en crímenes violentos en nuestro país tienen su origen en el país vecino del norte, apuntó la académica.
Dijo que esta situación ha fortalecido las estructuras criminales, exacerbado la tasa de homicidios, convirtiendo a ciertas regiones de nuestra nación en zonas donde la violencia se normaliza, minando el tejido social y la vida cotidiana de la población.
Reconoció que la iniciativa del gobierno mexicano de entablar litigios contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en EU marca un precedente sin igual en la historia del derecho internacional contemporáneo.
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