Esta historia fue publicada originalmente por Jennifer Shutt y Ashley Murray para Louisiana Illuminator, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Jennifer Shutt/States Newsroom

Por Jennifer Shutt y Ashley Murray

Washington, D.C.— Un juez federal emitió el jueves una orden preliminar que impide al Departamento de Defensa rebajar el rango del senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, como capitán retirado de la Marina por aparecer en un video donde él y otros legisladores recordaban a los militares que no están obligados a acatar órdenes ilegales.

El juez Richard J. Leon, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, escribió en el fallo de 29 páginas que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros nombrados en la demanda han “violado las libertades de la Primera Enmienda del senador Kelly y han amenazado las libertades constitucionales de millones de militares retirados”.

En su mordaz opinión, llena de énfasis y signos de exclamación, Leon escribió: “Después de todo, como dijo Bob Dylan: ‘No se necesita un meteorólogo para saber hacia dónde sopla el viento’. Como mínimo, nuestros veteranos retirados merecen más respeto de su gobierno, ¡y nuestra Constitución lo exige!”.

El juez dictaminó que es probable que Kelly tenga éxito en el fondo de su caso. La orden preliminar bloqueará la acción del Pentágono mientras el caso se tramita en los tribunales.

Leon admitió que, si bien el personal militar en activo está sujeto a una doctrina bien establecida que limita los derechos de la Primera Enmienda, «afortunadamente para el secretario Hegseth, ningún tribunal ha extendido jamás esos principios a los militares retirados, y mucho menos a un militar retirado que presta servicio en el Congreso y ejerce la responsabilidad de supervisión sobre las fuerzas armadas».

«¡Este Tribunal no será el primero en hacerlo!»

Leon fue nominado por el expresidente George W. Bush.

Leon concluyó el fallo con un pasaje mordaz que sugería: “En lugar de intentar limitar las libertades de los militares retirados bajo la Primera Enmienda, el Secretario Hegseth y sus compañeros acusados ​​deberían reflexionar y agradecer la sabiduría y la experiencia que los militares retirados han aportado a las discusiones y debates públicos sobre asuntos militares en nuestra nación durante los últimos 250 años”.

“De ser así, comprenderán mejor por qué los Padres Fundadores hicieron de la libertad de expresión la Primera Enmienda de la Carta de Derechos. Esperemos que esta orden judicial contribuya, aunque sea mínimamente, a un cambio de rumbo en el enfoque del Departamento de Defensa sobre estos temas”, escribió Leon.

“Este caso nunca se trató solo de mí”.

Kelly declaró extensamente tras el fallo que el tribunal federal “dejó claro que Pete Hegseth violó la Constitución al intentar castigarme por algo que dije”.

“Pero este caso nunca se trató solo de mí. Esta administración estaba enviando un mensaje a millones de veteranos jubilados: ellos también pueden ser censurados o degradados solo por alzar la voz. Por eso no podía permitirlo”, dijo Kelly.

Kelly afirmó que la nación se encuentra en un “momento crítico” para defender la libertad de expresión.

“La Primera Enmienda es un pilar de nuestra democracia. Es la forma en que exigimos más a presidentes como Donald Trump, ya sea que aumenten el precio de los alimentos con aranceles o envíen agentes de inmigración enmascarados para intimidar a las comunidades estadounidenses.

Pero a Donald Trump y a su administración no les gusta la rendición de cuentas. No les gusta que los periodistas informen sobre las consecuencias de sus políticas. No les gusta que los veteranos jubilados los cuestionen. Y no les gusta que millones de estadounidenses comunes protesten pacíficamente. Por eso están reprimiendo nuestros derechos e intentando usar como ejemplo a cualquiera que puedan”.

El Departamento de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si apelará la decisión.

Investigación del Departamento de Defensa

Kelly, la senadora de Michigan Elissa Slotkin, el representante de Colorado Jason Crow, los representantes de Pensilvania Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, y la representante de New Hampshire Maggie Goodlander, todos demócratas con experiencia en el ejército o en seguridad nacional, publicaron el video el 18 de noviembre.

El presidente Donald Trump reaccionó en redes sociales unos días después, afirmando falsamente que el video representaba “¡COMPORTAMIENTO SEDICICIO, castigado con la MUERTE!”.

El Departamento de Defensa anunció el 24 de noviembre que había abierto una investigación sobre “graves acusaciones de mala conducta” contra Kelly. Los funcionarios escribieron que el senador podría enfrentar “un llamado al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas”.

Hegseth escribió en una publicación en redes sociales el 5 de enero que había iniciado el proceso para rebajar el rango de retiro de Kelly como capitán de la Marina y su salario.

Hegseth escribió que “la condición de Kelly como senador de los Estados Unidos en funciones no lo exime de responsabilidad, y nuevas violaciones podrían resultar en nuevas medidas”.

Kelly presentó una demanda contra el Departamento de Defensa y Hegseth el 12 de enero, solicitando a un juez federal que declarara la iniciativa “ilegal e inconstitucional”.

“Pete Hegseth me reclama lo que gané durante mis veinticinco años de servicio militar, violando mis derechos como estadounidense, como veterano retirado y como senador de los Estados Unidos, cuya responsabilidad es exigirle cuentas a él —y a esta o a cualquier administración—”, escribió Kelly en un comunicado en aquel momento. “Su cruzada inconstitucional contra mí envía un mensaje escalofriante a todos los militares retirados: si se pronuncian y dicen algo que no le guste al presidente o al secretario de Defensa, serán censurados, amenazados con una degradación o incluso procesados”.

Audiencia judicial

El 3 de febrero, Leon celebró una audiencia sobre la solicitud de Kelly de una orden judicial preliminar. En ella, preguntó al abogado del Departamento de Defensa cómo cualquier militar retirado que posteriormente sea elegido miembro del Congreso, especialmente uno que forme parte del Comité de las Fuerzas Armadas, como Kelly, podría impugnar cualquier medida adoptada por el Departamento de Defensa.

John Bailey, abogado del Departamento de Justicia, sostuvo que el Congreso ha determinado que ciertos militares retirados aún están sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar.

Benjamin Mizer, uno de los abogados del equipo de Kelly, declaró ante el juez que las acciones del Departamento de Defensa representaban una “clara violación de la Primera Enmienda”.

No acusación formal ante el gran jurado

Los demás legisladores demócratas que aparecen en el video no están sujetos al sistema judicial militar, pero reprendieron al Departamento de Justicia el miércoles por solicitar una acusación formal ante el gran jurado en su contra por publicar el video, donde les decían a los estadounidenses de las comunidades militar y de inteligencia que “pueden y deben rechazar órdenes ilegales”.

“Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que esto es difícil y que es un momento difícil para ser un servidor público”, dijeron. “Pero ya sea que presten servicio en la CIA, en el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, su vigilancia es fundamental”.

Slotkin, exoficial de la CIA, publicó un video el 5 de febrero en el que afirmaba haber informado a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, y a la Fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que no comparecería ante una entrevista.

Slotkin añadió que su carta a Bondi y Pirro también les indicaba que “conserven sus registros sobre este caso en caso de que decida demandar por violación de mis derechos constitucionales”.

“Para ser honesta, muchos abogados me dijeron que simplemente me callara, mantuviera la cabeza baja y que ojalá todo esto desapareciera. Pero eso es exactamente lo que quieren la administración Trump y Jeanine Pirro”, dijo Slotkin. “Están usando la intimidación física y legal a propósito para callarme. Pero, lo que es más importante, están usando esa intimidación para disuadir a otros de denunciar a su administración”.

“La intimidación es el objetivo y no voy a permitirlo”, dijo.

Miembros de la Cámara de Representantes

Houlahan publicó su propio video ese mismo día, en el que afirmaba que no se presentaría a una entrevista con el FBI y que el video de los demócratas “decía la verdad, exponía hechos, reiteraba la ley y ejercía una libertad de expresión explícitamente protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

“La libertad de expresión no es un favor que el gobierno pueda revocar”, declaró Houlahan. “Es un derecho y no lo renunciaré, ni por mí ni por nadie”.

Deluzio escribió en redes sociales al día siguiente que “no se dejaría intimidar por ninguna campaña de acoso” y que “no tiene intención de presentarse a una entrevista voluntaria con funcionarios del Departamento de Justicia o del FBI enviados para interferir con el importante trabajo que estoy realizando para mis electores”.

Goodlander escribió en un comunicado que el “Departamento de Justicia nos está atacando por hacer nuestro trabajo, y el objetivo es claro: intimidarnos, coaccionarnos y silenciarnos. No funcionará. No me doblegaré ante las amenazas ilegales y el uso de armas de fuego; seguiré haciendo mi trabajo y cumpliendo mi juramento a nuestra Constitución”.

Crow declaró la semana pasada a Pamela Brown de CNN que estaba tratando la investigación del FBI como “un intento de amenazar, acosar e intimidar a los oponentes políticos”.

“(Trump) intenta dar ejemplo de mí, de Mark Kelly y de otros, porque si puede dar ejemplo de un miembro del Congreso o de un senador, ¿por qué los estadounidenses comunes se levantarían, protestarían y disentirían? Pero ha elegido a la gente equivocada”.

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