Esta historia fue publicada originalmente por Caitlin Sievers para AZ Mirror, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Kindel Media/Pexels
Por Caitlin Sievers
El representante estatal Tony Rivero considera que la Legislatura de Arizona no tiene suficiente poder para arrestar a quienes no comparecen cuando los legisladores lo requieren.
El republicano de Peoria busca cambiar esta situación otorgando al presidente del Senado de Arizona, al presidente de la Cámara de Representantes de Arizona o a cualquier presidente de comité de cualquiera de las cámaras la facultad de emitir unilateralmente una orden de desacato contra quien ignore las citaciones legislativas.
Esto implicaría su arresto y su citación para testificar.
Actualmente, cualquiera de las cámaras solo puede emitir una orden de desacato contra una persona que ignore una citación si cuenta con la aprobación de la mayoría de su órgano legislativo. El proyecto de ley 2745 de Rivero, en cambio, otorgaría ese poder a los legisladores individualmente.
“Una sola persona, ya sea el presidente o el presidente de cualquiera de las cámaras de la legislatura, no debería tener el poder de arrestar a alguien por no cumplir con una citación legislativa”, declaró la senadora Lauren Kuby, demócrata de Tempe, antes de votar en contra del proyecto de ley el jueves. “Esto supone demasiado poder para una sola persona en un órgano político, y debe recaer en el pleno del Senado y la Cámara de Representantes la facultad de tomar una decisión tan importante”.
El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes y los presidentes de los comités ya tienen la facultad de emitir citaciones para obligar a las personas a testificar ante ellos. Si la persona citada se niega, la Cámara de Representantes (60 miembros) o el Senado (30 miembros) pueden declararla en desacato, pero solo después de una votación. Si se aprueba la resolución de desacato, el sargento de armas del órgano puede arrestar a la persona y llevarla ante la legislatura para que testifique.
Los republicanos controlan actualmente la Cámara de Representantes y el Senado, y lo han hecho prácticamente sin interrupción durante 60 años.
Además de permitir que los legisladores emitan órdenes para obligar físicamente a alguien a comparecer en el Capitolio para testificar, el proyecto de ley de Rivero también permitiría a los alguaciles arrestar a quienes ignoren las citaciones legislativas.
Su propuesta también permitiría a los acusados de desacato aportar pruebas para refutar las acusaciones.
El proyecto de ley HB2745 es prácticamente una copia de un proyecto de ley que Rivero patrocinó el año pasado, el cual fue aprobado por la legislatura siguiendo las líneas partidistas y vetado por la gobernadora demócrata Katie Hobbs.
“Este proyecto de ley instrumentaliza el poder legislativo de una manera que podría usarse para intimidar a los habitantes de Arizona”, escribió en su carta de veto. “Declarar a alguien en desacato es un asunto muy serio y es mejor que lo decida todo el cuerpo legislativo, en lugar de un solo legislador”.
Si la propuesta de Rivero hubiera sido ley en 2021, el presidente del Senado por sí solo podría haber declarado en desacato a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa por negarse a cumplir con las amplias citaciones para obtener equipos y materiales electorales que se usarían en la “auditoría” partidista del Senado sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
En cambio, los republicanos en el Senado no lograron declarar en desacato a la junta después de que un republicano se uniera a los demócratas, quienes votaron en contra de la resolución.
Durante una audiencia del Comité de Gobierno de la Cámara de Representantes el 18 de febrero, Rivero afirmó que, desde que inició su carrera política en el Concejo Municipal de Peoria, su objetivo siempre fue aumentar el poder del organismo al que servía. Alegó que la propuesta otorgaría a la legislatura la capacidad de obligar al poder ejecutivo a proporcionar información sin tener que esperar la votación de la cámara en pleno.
La propuesta de Rivero otorgaría un gran poder a algunos legisladores de la Legislatura de Arizona con posturas de extrema derecha.
La senadora Wendy Rogers, republicana de Flagstaff y presidenta del Comité Judicial y Electoral del Senado, fue censurada por su propia cámara, controlada por los republicanos, en 2022 por comentarios en los que pedía que se ahorcara a quienes consideraba sus enemigos, y por publicaciones en redes sociales en las que amenazaba con “destruir personalmente” a otros republicanos que intentaran castigarla.
El representante John Gillette, republicano de Kingman y presidente del Comité de Asuntos Militares, Elecciones y Federalismo de la Cámara de Representantes, publicó el año pasado una serie de mensajes en redes sociales plagados de insultos, en los que calificaba a los inmigrantes musulmanes de “salvajes” y los acusaba de imponer la “ley islámica” a los estadounidenses.
Solo tres personas se registraron oficialmente a favor de la propuesta de Rivero, mientras que 337 se registraron en contra.
La propuesta fue aprobada en la Cámara de Representantes el 26 de febrero por 32 votos a favor y 20 en contra, y en el Senado el jueves por 17 votos a favor y 10 en contra, ambas votaciones siguiendo las líneas partidistas. Es casi seguro que será vetada por Hobbs.
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