Boston, Massachusetts.- Una jueza estadounidense ordenó el miércoles anular los recortes de fondos impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump a la Universidad Harvard, acusándola de antisemitismo y parcialidad en la institución.
“El tribunal revoca y anula” las decisiones de la administración en este sentido, al considerarlas una “violación de la Primera Enmienda” de la Constitución, declaró la jueza federal de Boston Allison Burroughs, en referencia a las órdenes emitidas a partir del 14 de abril de 2025.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha acusado a la prestigiosa universidad estadounidense de servir de caldo de cultivo para la ideología “woke”, un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.
Trump también señala a Harvard de no proteger adecuadamente a sus estudiantes judíos o israelíes durante las protestas en el campus que exigían un alto el fuego en la Franja de Gaza.
En represalia, el gobierno del republicano retiró poco más de 2 mil 600 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard, incluidas las destinadas al sector salud, y revocó su certificación en el sistema mediante el cual se autoriza a los estudiantes internacionales a estudiar en Estados Unidos.
La jueza se pronunció tras una demanda presentada por la universidad.
“Es evidente, incluso basándose únicamente en las propias admisiones de Harvard, que la universidad se ha visto afectada por el antisemitismo en los últimos años y podría (y debería) haber abordado mejor el problema”, escribió.
“Dicho esto, en realidad existe poca conexión entre la investigación afectada por la cancelación de las subvenciones y el antisemitismo”, agregó.
La jueza, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, afirmó que las pruebas que había visto sugerían que Trump “utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país”.
Los recortes a la financiación de Harvard obligaron a la institución a implementar una congelación de contrataciones, y pausar ambiciosos programas de investigación, especialmente en los ámbitos de la salud pública y la medicina. Expertos advirtieron que estas interrupciones ponían en riesgo la vida de estadounidenses.
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