Esta historia fue publicada originalmente por William J. Ford para Maryland Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: William J. Ford/Maryland Matters
Por William J. Ford
Dos días antes de que un comité del Senado de Maryland examine un proyecto de ley que prohibiría a las agencias locales del orden público firmar acuerdos de control migratorio con el gobierno federal, algunos alguaciles se reunieron el martes en Annapolis para pedir a los legisladores que les permitan “hacer su trabajo”.
En concreto, los alguaciles quieren seguir operando bajo los acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que les permiten retener a sospechosos durante 48 horas adicionales si se determina que son indocumentados, para entregarlos al ICE para su procesamiento migratorio.
“Es una verdadera herramienta de seguridad pública”, declaró el alguacil del condado de Frederick, Chuck Jenkins, quien contó con el respaldo de otros alguaciles y senadores republicanos. “Simplemente no devolvemos a los delincuentes a la calle. Entregamos a esas personas al ICE en un entorno seguro en su centro de detención”.
Además del condado de Frederick, que según Jenkins tiene un acuerdo con el ICE desde 2008, otros siete departamentos del alguacil en el estado han firmado acuerdos 287(g), cinco de ellos el año pasado.
Los alguaciles se encontraban en Annapolis para manifestarse en contra del Proyecto de Ley Senatorial 245, que prohibiría a un alguacil, a la policía local o a cualquier “agente del estado” celebrar un acuerdo con el gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración civil. El proyecto, que será escuchado el jueves por el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado, cuenta con importantes patrocinadores: además de la senadora Karen Lewis Young (demócrata por Frederick), este año cuenta con el respaldo del presidente del comité, el senador William C. Smith Jr. (demócrata por Montgomery), y del presidente del Senado, Bill Ferguson (demócrata por Baltimore City).
El líder de la minoría del Senado, Stephen S. Hershey Jr. (republicano por Upper Shore), junto con otros senadores republicanos y varios alguaciles, defiende el programa 287(g). (Foto de William J. Ford/Maryland Matters)
En una reunión con periodistas el martes, Ferguson declaró que “todos tienen derecho a opinar, pero que estaba decepcionado por la percepción de los alguaciles de Maryland sobre lo que está sucediendo y la forma en que el ICE intenta hacer cumplir la ley —de forma anónima, con mascarillas, sacando a la gente de sus coches y casas sin control—. Me parece bastante decepcionante que ese sea el estándar con el que las oficinas quieran colaborar”. “Me hace reflexionar mucho sobre la eficacia de la confianza entre la población a la que sirven y el futuro de las fuerzas del orden”, dijo.
La prohibición de los acuerdos 287(g) se incluyó en un proyecto de ley de inmigración en la sesión legislativa del año pasado, pero ese texto fue eliminado a última hora en el Senado. Desde entonces, los defensores de la reforma de la justicia penal han señalado el fracaso de esa ley, ya que las tácticas del ICE se han vuelto más agresivas durante el último año bajo el presidente Donald Trump (republicano). Datos de la Iniciativa de Política Penitenciaria mostraron que más de 3000 personas en Maryland fueron arrestadas el año pasado por el ICE.
La agencia federal ha sido objeto de un intenso escrutinio desde el tiroteo de Renee Good, de 37 años, en Minneapolis este mes.
Pero el senador William G. Folden (republicano por Frederick) afirmó que lo que ocurre en Minnesota no ocurre en Maryland. Las afirmaciones de que el programa 287(g) no funciona en Maryland representan “mucho alarmismo. Escuchamos mucha distracción y señales de virtud”.
“Nuestros alguaciles quieren ser muy claros: no tenemos policías… que estén trabajando en el terreno, deteniendo a la gente y arrestando a inmigrantes indocumentados. Eso es completamente falso”, dijo. “Cualquiera que diga eso no conoce las leyes de Maryland ni las políticas ni los acuerdos de cooperación con ICE”.
El grupo de derechos de los inmigrantes CASA ha afirmado que el programa 287(g) permite la discriminación racial, pero los alguaciles se oponen.
Cuando se le preguntó el martes si los residentes negros, latinos y otros residentes de color de Maryland deberían temer ser detenidos por ICE, el alguacil del condado de Harford, Jeffrey Gahler, dio este mensaje: “Si no quieren verse atrapados en el programa 287(g), no vendan drogas, no infrinjan la ley, y no serán arrestados ni sometidos a un proceso de selección”.
Jenkins ha declarado que, si se aprueba la prohibición del 287(g), sería inconstitucional, punto que reiteró el martes.
“El hecho de ser un sheriff debidamente elegido me hace pensar que existe un verdadero desafío judicial”, dijo Jenkins. “Creo que los sheriffs prevalecerían. De verdad”.
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