Esta historia fue publicada originalmente por Annie Knox para Utah News Dispatch, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer
Por Annie Knox
Cuando un niño bajo custodia estatal muere, pocas personas conocen los detalles de lo sucedido y lo que las autoridades de Utah pudieron haber aprendido de la tragedia.
Un pequeño grupo de legisladores estatales forma parte del grupo, y en los últimos tres años, recibieron datos que sugieren que la División de Servicios para Niños y Familias siguió sus propias políticas en todos los casos. Sin embargo, esto no es cierto, según una auditoría legislativa publicada la semana pasada.
Ahora, los legisladores están reevaluando cómo les llega la información y tomando medidas para mejorar el proceso. Una nueva propuesta limitaría la cantidad de información que se puede omitir en las revisiones de fallecimientos entregadas al Panel de Supervisión Legislativa de Bienestar Infantil.
La promotora del proyecto de ley, la representante Cheryl Acton, afirmó que el objetivo es comprender mejor cualquier error o posible prevención.
“Necesitamos asegurarnos de que nadie quede excluido, y si lo hace, debemos subsanar esos errores”, declaró Acton, republicana por West Jordan. Según su propuesta, la HB434, solo se omitirían el apellido y la dirección del niño.
Las revisiones se llevan a cabo en los casos de residentes de Utah que reciben servicios de bienestar infantil dentro del año posterior a su fallecimiento.
La auditoría ordenada por los legisladores determinó que los informes contenían más omisiones de las necesarias, lo que dificultaba su revisión. Por otra parte, entre 2023 y 2025, los auditores descubrieron que las revisiones indicaban que la división seguía su política incluso cuando no lo hacía. Criticaron “deficiencias preocupantes que obstaculizan el proceso de supervisión”.
Cuando los auditores preguntaron sobre la información incorrecta, los líderes de la división y la agencia de revisión interna del Departamento de Salud y Servicios Humanos explicaron que el proceso de denuncia de infracciones de políticas anteriormente criticaba duramente a los trabajadores sociales individuales, en lugar de ofrecer lecciones más amplias. Pero ahora no ofrece ninguna de las dos, según el informe, lo que resulta en un proceso “privado de la información para la que fue creado”.
Es importante que los legisladores comprendan claramente la información contenida en las revisiones de fatalidades, afirmó Carrie Bambrough, directora de la División de Calidad y Mejora Continua del DHHS. Bambrough calificó el proyecto de ley como un “equilibrio adecuado” entre el cumplimiento de las leyes de privacidad y la rendición de cuentas.
Bambrough declaró el miércoles a Utah News Dispatch que el departamento está evaluando sus políticas y coincide con las recomendaciones de los auditores de que se debe trabajar para identificar tanto los problemas sistémicos como los específicos de cada caso. Añadió que esto ayudará a los legisladores, así como a los altos funcionarios del departamento, a tener toda la información necesaria.
“Estamos comprometidos y queremos que este proceso sea significativo y lo que debe ser, para que tengan la información necesaria para tomar esas decisiones”, declaró Bambrough.
La líder de la minoría del Senado, Luz Escamilla, declaró a la prensa esta semana que ella y sus colegas revisarán cómo el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la División de Servicios para Niños y Familias comparten información con el panel.
Escamilla, demócrata de Salt Lake City, recordó haberles dicho a las agencias, tras una presentación de auditoría la semana pasada: “Esto duele un poco cuando se intenta construir una relación de colaboración estrecha con el poder ejecutivo. Y creo que lo entendieron muy bien”.
Miembro del Panel de Supervisión de Bienestar Infantil, es una de los cinco legisladores que examinan las revisiones de fatalidades. Señaló que, a medida que los legisladores consideren cambios en el proceso, deberán centrarse en la protección de la privacidad.
Aún no se ha programado una audiencia pública para el proyecto de ley centrado en las redacciones.
