Artículo originalmente publicado por Kelcie Moseley-Morris para Tennessee Lookout. Fotografía: Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU
El Departamento de Justicia de EEUU ha ordenado al Departamento de Asuntos de Veteranos que deje de brindar servicios de aborto y consejería sobre aborto, incluso en casos de violación o incesto, revirtiendo así una política de 2022 destinada a preservar el acceso de los miembros de las fuerzas armadas, independientemente de su lugar de despliegue.
Peter Kasperowicz, secretario de prensa del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), informó a la Sala de Prensa Estatal por correo electrónico el martes que la agencia está cumpliendo de inmediato con la opinión legal. La guía también aplica a los beneficiarios del Programa de Salud y Medicina Civil del Departamento de Asuntos de Veteranos (CHAMPVA), que brinda cobertura a las familias de veteranos, incluidos los niños, y a sus cuidadores.
“La opinión del Departamento de Justicia es consistente con la norma propuesta por el VA, que continúa su proceso regulatorio”, declaró Kasperowicz, refiriéndose a la norma de agosto que propone restablecer la exclusión total de los servicios de aborto.
El plazo para recibir comentarios públicos sobre el borrador de la norma finalizó el 3 de septiembre, y se recibieron más de 24,000 comentarios, pero no está claro cuántos estaban a favor y cuántos en contra. La norma definitiva aún no se ha publicado.
Veteranos Minoritarios de América, una organización independiente sin fines de lucro, presentó un comentario sobre la norma propuesta solicitando su retirada, ya que expone a las comunidades marginadas a un mayor riesgo.
“Las veteranas presentan una confluencia única de riesgos médicos que las hace particularmente vulnerables a complicaciones de salud durante sus embarazos”, se lee en una carta enviada al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). “Restringir el acceso a la atención del aborto a las veteranas que quedan embarazadas tras una violación solo retraumatizará a las víctimas de agresión sexual, lo que a su vez causará un mayor daño a las veteranas. Y prohibir a los proveedores del VA ofrecer asesoramiento sobre abortos obstaculizará el acceso a la atención médica necesaria y socavará la confianza de las veteranas en los servicios del VA”.
Según estimaciones de la organización sin fines de lucro National Partnership for Women and Families, más de 400,000 veteranas vivían en estados que ya tenían una prohibición del aborto vigente o que probablemente la prohibirían en 2023. Esta cifra representa más de la mitad de las veteranas del país.
El gobierno del expresidente demócrata Joe Biden promulgó una norma tras la decisión Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos, que puso fin al acceso al aborto protegido por el gobierno federal. Los centros médicos de Asuntos de Veteranos podían realizar abortos en casos de violación o incesto, y cuando la vida o la salud de la embarazada estuvieran en peligro. También se permitía la asesoría sobre el aborto.
La opinión del Departamento de Justicia, escrita por Joshua Craddock, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Legal, se emitió el 18 de diciembre y determinó que la agencia federal no puede proporcionar servicios de aborto bajo la ley federal, excepto aquellos para salvar la vida de una paciente embarazada, ni brindar asesoría sobre el aborto.
Craddock se incorporó al Departamento de Justicia en julio, tras años de escribir sobre su opinión de que la vida comienza con la fecundación y que deberían existir protecciones legales a partir de esa etapa de la vida. Entre sus posturas se encuentra la oposición a la fecundación in vitro tradicional, una perspectiva sobre la que ha escrito con Lila Rose, fundadora y presidenta de la organización antiabortista Live Action.
También ha abogado por el uso de la Ley Comstock, una ley antiobscenidad de 1873, como medio para prohibir el envío por correo de medicamentos abortivos. Esta misma ley es citada por varios estados con mayoría republicana que han demandado para limitar el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva.
La derogación de esta norma también fue un imperativo en el Proyecto 2025, el documento base publicado por la conservadora Heritage Foundation y coescrito por organizaciones antiabortistas como Susan B. Anthony Pro-Life America. La primera de las que el documento denomina “reformas necesarias” es la derogación de todas las directivas de política clínica del departamento que sean “contrarias a los principios de la gobernanza conservadora, empezando por los servicios de aborto y la cirugía de reasignación de género”.
Esta historia fue producida originalmente por News From The States, que es parte de States Newsroom, una red de noticias sin fines de lucro que incluye Tennessee Lookout, y cuenta con el apoyo de subvenciones y una coalición de donantes como una organización benéfica pública 501c (3).
