Esta historia fue publicada originalmente por Julia Schumway para Oregon Capital Chronicle, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Ron Cooper/Oregon Capital Chronicle
Por Julia Shumway
Un juez federal del estado de Washington impidió permanentemente que la administración Trump aplicara una orden ejecutiva de 2025 que buscaba exigir a los votantes que demostraran su ciudadanía y que todas las papeletas se recibieran antes del día de las elecciones.
Oregón y Washington presentaron una demanda por la orden en abril pasado, independientemente de otros 19 estados demócratas que presentaron su propia demanda en Massachusetts. Los dos estados del noroeste argumentaron que se enfrentaban a un perjuicio especial por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, ya que sus elecciones se realizan exclusivamente por correo.
La orden ejecutiva buscaba exigir a los ciudadanos que presentaran prueba documentada de ciudadanía para registrarse para votar y exigía que todas las papeletas se recibieran antes del día de las elecciones. Amenazó con retirar la financiación a los estados cuyos funcionarios electorales no cumplieran.
En su orden de 75 páginas a favor de Oregón y Washington, el juez federal de distrito John H. Chun determinó que Trump carece de la autoridad para ordenar unilateralmente tales cambios. Chun, designado por el expresidente Joe Biden, se hizo eco de fallos similares en el caso de Massachusetts presentado por otros estados demócratas y en un caso en Washington, D.C. presentado por organizaciones demócratas y grupos de derechos civiles.
“Este caso no se trata de si los estados, el Congreso o el ejecutivo ofrecen mejores o peores maneras de organizar las elecciones”, escribió Chun. “Tampoco se trata de si las leyes actuales que rigen las elecciones estadounidenses podrían beneficiarse de actualizaciones o modificaciones. Y las partes no discuten la importancia de unas elecciones justas”.
Los funcionarios electorales estatales de Oregón y Washington, ambos demócratas, celebraron la victoria.
“La administración Trump atacó las elecciones estadounidenses con una orden ejecutiva ilegal”, declaró el secretario de Estado de Oregón, Tobias Read. “Hoy, ponemos fin a ese disparate. Esta es una victoria para la Constitución y el pueblo estadounidense. Los presidentes no pueden manipular las elecciones. Punto”.
El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, afirmó que el fallo protege la capacidad de su oficina para garantizar que las elecciones sean libres, justas y accesibles para todos los votantes.
“Traza una línea clara entre hacer cumplir la ley e intentar rehacerla, y protege a los votantes y a los funcionarios electorales locales de extralimitaciones políticas que habrían hecho que nuestras elecciones fueran menos justas, no más seguras”, declaró Hobbs.
Oregón y Washington tienen una larga trayectoria de leyes electorales pioneras, y quienes defienden el acceso al voto han señalado desde hace tiempo a los estados del noroeste como un laboratorio para la administración electoral moderna. Oregón fue el primer estado del país en adoptar el voto por correo en el año 2000, mientras que Washington se convirtió en el segundo en 2011.
Ambos estados también permiten el recuento de las papeletas con matasellos del día de las elecciones, aunque en noviembre las autoridades electorales de Oregón instaron a los votantes a utilizar los buzones de entrega y no los buzones de correo cerca del día de las elecciones debido a los cambios en el Servicio Postal de EE. UU. que ya no garantizan que las cartas tengan matasellos el día de su envío.
Según informes anteriores del Oregon Capital Chronicle y el Washington State Standard, aproximadamente 13 500 habitantes de Oregón y 120 000 de Washington no habrían visto contabilizadas sus papeletas en las elecciones generales de 2024 si no se hubieran permitido las papeletas con matasellos.
Aproximadamente un tercio de los estados permiten el recuento de las papeletas emitidas el día de las elecciones o antes, pero recibidas después, señaló Chun. La práctica se remonta a la Guerra Civil, cuando algunos estados permitían a los soldados entregar sus papeletas a los oficiales militares el día de las elecciones para que las contaran, escribió.
“Dado que la Constitución no otorga autoridad al presidente sobre la administración de las elecciones federales, la autoridad del presidente para promulgar una fecha límite nacional para la recepción de las papeletas no puede derivarse de la Constitución”, escribió Chun.
Esta demanda es una de las 52 que el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, presentó contra la administración Trump en 2025. El fiscal general de Washington, Nick Brown, había presentado 49 demandas de este tipo a finales de diciembre.
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