Juez federal anula citaciones contra Tim Walz y Jacob Frey en la investigación del DoJ

Esta historia fue publicada originalmente por Michelle Griffith para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Oficina del Gobernador de Minnesota

Por Michelle Griffith

Un juez federal anuló seis citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero —en pleno apogeo de la Operación Metro Surge— como parte de una investigación penal sobre si el gobernador Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros funcionarios estatales y municipales obstaculizaron la aplicación de las leyes federales de inmigración.

En una orden que se hizo pública el lunes, el juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Patrick Schiltz —nombrado por el presidente George W. Bush— escribió que la información solicitada en las citaciones y cualquier posible violación penal son extremadamente débiles o inexistentes, y que esto solo refuerza la abrumadora evidencia de que dichas citaciones no se emitieron para investigar, sino para acosar, coaccionar y tomar represalias.

El 20 de enero, el Departamento de Justicia emitió citaciones para obtener una amplia gama de documentos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración —que datan del 1 de enero de 2025— de las oficinas de Walz y Frey, así como de la Fiscalía General de Minnesota, la Alcaldía de St. Paul y las juntas de comisionados de los condados de Hennepin y Ramsey.

En su orden, Schiltz afirmó que la incursión de 3000 agentes federales en Minnesota, junto con las declaraciones y publicaciones en redes sociales de la administración Trump, demuestran que las citaciones se emitieron con el propósito ilícito de acosar a opositores políticos y coaccionarlos a actuar.

“El tribunal no tiene duda de que así fue”, escribió Schiltz, añadiendo que el Departamento de Justicia ha “luchado —sin éxito— por encontrar una sola justificación plausible para las citaciones”.

Schiltz también fue asistente del difunto juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, un ícono conservador.

La orden de Schiltz es otro ejemplo de cómo los jueces federales han reprendido a la administración Trump este año. Schiltz y sus colegas de Minnesota acusaron a la administración de violar repetidamente las órdenes judiciales de liberar a los detenidos por motivos de inmigración. Los jueces también ordenaron a la administración Trump que garantizara el acceso adecuado a la defensa y la libertad de culto en el Edificio Federal Henry Whipple, sede estatal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Walz declaró que la investigación penal es otro ejemplo de cómo el presidente Donald Trump investiga a sus oponentes políticos.

“Vemos a diario recordatorios de la ilegalidad de esta administración, tanto en Minnesota como en todo el país. Todos debemos seguir buscando justicia y defendiendo el estado de derecho”, declaró Walz.

La administración Trump ha utilizado el Departamento de Justicia y otros mecanismos de poder del gobierno para perseguir al senador de Arizona Mark Kelly, al expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell, al exdirector del FBI James Comey y a la fiscal general de Nueva York Letitia James, entre otros. La administración Trump no ha tenido éxito en la mayoría de los casos, pero el calvario puede resultar costoso y emocionalmente agotador para los afectados.

Frey declaró que nadie debería ser castigado por cuestionar las acciones de los funcionarios electos y que “ninguna comunidad debería aceptar políticas perjudiciales sin oponerse”.

“Esta investigación del Departamento de Justicia nunca se trató de justicia, ley y orden, sino de su ausencia. Citar a declarar a opositores políticos por hablar en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y la decencia humana”, afirmó Frey.

La Fiscalía de los Estados Unidos de Minnesota declinó hacer comentarios sobre la orden de Schiltz y sobre si tiene intención de apelarla.

En su orden, Schiltz escribió que la Constitución prohíbe al gobierno federal obligar a los gobiernos estatales y locales a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Añadió que Minnesota tiene derecho a negarse a destinar recursos para “fomentar la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de la administración Trump”.

El Departamento de Justicia alegó que las citaciones formaban parte de una investigación sobre si funcionarios electos de Minnesota violaron una ley federal que penaliza ocultar a inmigrantes indocumentados a sabiendas o ignorando su situación migratoria irregular, escribió Schiltz en la orden. El Departamento de Justicia también investigaba si los funcionarios electos estaban obstruyendo una función gubernamental.

Como prueba, Schiltz indicó que el Departamento de Justicia citó cuatro ejemplos de cómo funcionarios electos violaron dichas leyes, incluyendo acciones de dos concejales de Minneapolis, a quienes no se les emitieron citaciones. (“Así pues, la mitad de los ejemplos de actividad sospechosa citados por el departamento involucran a personas a las que el departamento no citó”, escribió Schiltz).

El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que el condado de Ramsey emitió directrices internas instruyendo a los empleados a abstenerse de proporcionar documentos a agentes federales, mientras que el condado de Hennepin emitió materiales de capacitación instruyendo a los trabajadores del condado sobre cómo debían responder si un agente les presentaba una orden judicial. Las directrices del condado de Hennepin instruían a los empleados a contactar a su supervisor, y el DOJ declaró que ambos condados incurrieron en acciones ilegales.

“Nada de esto es ilegal en sí mismo, ni fomenta conductas ilegales”, escribió Schiltz.

El juez afirmó estar de acuerdo con el DOJ en que una citación judicial no necesita estar respaldada por causa probable, pero no puede emitirse con un propósito inconstitucional o ilegal.

“Dado que el tribunal considera que el propósito principal de las citaciones impugnadas es coaccionar a los funcionarios de Minnesota para que ayuden al gobierno federal a hacer cumplir la ley civil de inmigración y acosarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo, el tribunal concede las mociones para anularlas”, escribió Schiltz.

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