Bogotá, Colombia.— El envío de buques de transporte y asalto anfibios, destructores, submarinos, aviones y miles de elementos de la Guardia Nacional son apenas un brazo de la tenaza con la que Washington está apretando al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El otro brazo ha sido desplegado en los tribunales de Nueva York y Florida, donde los fiscales han radicado acusaciones contra Maduro, su número dos, Diosdado Cabello, y un puñado de altos exfuncionarios chavistas. El gobierno de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la oferta de recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro; por Cabello, ofrece 25 millones de dólares. Además, se anunció la incautación de 700 millones de dólares en activos de una red de sociedades vinculada a Maduro, entre ellos una mansión en Florida y otra en República Dominicana y una fortuna en joyas.
La combinación de la operación aeronaval en el Caribe con la ofensiva judicial ha llevado a medios y analistas a sugerir que podría ser el preludio a una intervención militar. Sin embargo, una fuente judicial internacional en París, bien informada de los casos contra Maduro y sus aliados, dice que “se equivocan quienes creen que Washington prepara una invasión a Venezuela. Es más bien una operación de desgaste, que incluye un intento de bloqueo aeronaval contra los envíos de cocaína desde Venezuela”.
“La idea es estimular una rebelión interna, una traición de un grupo de oficiales que se decida a entregarlo a cambio de la recompensa”, agregó la fuente. “Si estalla un alzamiento contra Maduro, no hay que descartar una operación de comando, lanzada desde la fuerza aeronaval, en apoyo de los rebeldes y para capturar a Maduro”. El éxito de la operación depende de la solidez de las causas judiciales contra Maduro, Cabello y sus socios, en EEUU.
El diario ABC de Madrid señaló que muchos procesos iniciaron hace más de una década, pero quedaron paralizados bajo la administración de Joe Biden, tras una negociación entre Washington y Caracas que incluyó el canje, en 2023, del principal testaferro de Maduro, Álex Saab, por tres estadounidenses presos en Venezuela, y el compromiso de Caracas de convocar las presidenciales de julio de 2024. Según las actas de votación, ganó el opositor Edmundo González Urrutia, pero el régimen proclamó vencedor a Maduro, lo que EEUU consideró una traición a lo acordado.
Según David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, los procesos “han sido retomados por la Fiscalía y, en esa reapertura, se detalla cómo Maduro dirigió una organización que los fiscales equiparan a una empresa criminal: un sistema en el que altos funcionarios, compañías estatales y estructuras militares operaron de forma coordinada para traficar drogas, lavar dinero y ejercer el poder mediante la violencia y la corrupción”.
Las acusaciones originales que Pam Bondi, fiscal general, acaba de reactivar se concentran en su mayoría en un tribunal del distrito sur de Nueva York. Apuntan a Maduro y Cabello, al exministro chavista Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, a los exfuncionarios del régimen presos en EU, Hugo Carvajal Barri, el Pollo, Clíver Alcalá, y los exlíderes de las FARC alias Iván Márquez y el fallecido Jesús Santrich.
Los señalamientos cubren 23 años de actividades delictivas de estos personajes, según revelaciones de Maibort Petit, periodista de investigación venezolana, divulgadas la semana pasada en el portal Venezuela Política. Los expedientes narran que, en 2003 y a instancias del gobierno de Hugo Chávez que lo dotó para ello de 300 mil dólares, Santrich estableció en el estado de Apure un campamento de las FARC donde montó un laboratorio para procesar cocaína. En 2005, Chávez y Maduro —entonces presidente de la Asamblea Nacional— removieron de sus cargos a jueces y militares que perseguían a las FARC por terrorismo y narcotráfico.
En 2006, según la información, las FARC le entregaron a Chávez 5 millones de dólares como participación en las ganancias del negocio de cocaína y, a partir de ahí, un entramado de empresas, incluidas filiales de Pdvsa, fueron puestas al servicio de las FARC para lavar dólares producto de exportaciones de cocaína.
Generales cercanos a Chávez —con soles dorados como insignia en los hombros del uniforme— aseguraron el apoyo al narco de las FARC. Ahí nace el apelativo de Cártel de los Soles. Para finales de la primera década del siglo, la cooperación entre las FARC y el régimen chavista era estrecha, los laboratorios de cocaína en Venezuela se habían multiplicado y la guerrilla le entregaba parte de su producción de droga a dicho cártel, a cambio de dinero y armamento.
En 2013, tras la caída de un cargamento de 1.3 toneladas en el aeropuerto Charles de Gaulle, de París, en un vuelo comercial procedente de Maiquetía, la terminal que sirve a Caracas, Maduro, como presidente, asumió el control por encima de Cabello y del Pollo Carvajal. A partir de entonces, acordó con Iván Márquez la coordinación de todas las actividades. “En ese momento era ya el jefe del Cártel de los Soles”, dijo la fuente judicial en París.
El estrecho vínculo de Márquez y Santrich con estas actividades hizo que los acuerdos de paz, firmados en 2016 por las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, se convirtieran en un problema para ellos. Su pretensión de seguir en el negocio, que llevó a la detención de Santrich en 2019 al intentar vender un cargamento a personas que en realidad trabajaban para la DEA, condujo a que tanto él como Márquez abandonaran los acuerdos.
El Cártel de los Soles extendió sus negocios en la frontera con Colombia a otros grupos, como el ELN. Según los fiscales de EEUU, Maduro y sus socios quisieron asumir más control del negocio y para ello usaron al Tren de Aragua, cuyo tamaño e influencia extendieron hacia Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y EEUU.
Caracas niega que el Cártel de los Soles exista. Pero los fiscales estadounidenses están convencidos de lo que dicen. Basan sus informes en años de inteligencia judicial y en los testimonios de colaboradores como el Pollo Carvajal y Clíver Alcalá, condenados convertidos en delatores. Otros capos como Ovidio Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos del Cártel de Sinaloa, pueden haber aportado información sobre Maduro y el Cártel de los Soles. Algo similar tal vez ocurra con el capo ecuatoriano Adolfo Macías, Fito, extraditado a EU en julio.
Otra acusación contra Maduro y sus socios fue presentada la semana pasada en Florida, con la detención —que la demanda llama “secuestro terrorista”— de tres estadounidenses por el régimen de Caracas, en 2017, que luego fueron usados como moneda de intercambio para traer de regreso a Venezuela al testaferro de Maduro, Álex Saab. Ellos y sus familias impulsan la acusación. Maduro advirtió ayer que “ni sanciones ni bloqueos. No hay forma de que le entren a Venezuela”.
