Sao Paulo, Brasil.- Un juez de la Corte Suprema de Brasil dio este miércoles un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para que explique “el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”.
La decisión fue del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso penal que enfrenta el líder ultraderechista por supuestamente intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez pidió explicaciones después de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares del exjefe de Estado confiscados un “documento de 33 páginas” en el que solicita asilo político al gobierno argentino de Javier Milei.
El texto, sin fecha ni firma, pero dirigido al mandatario argentino, estaba en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, cuando fue objeto de las primeras diligencias por el caso de golpismo.
Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”.
En el escrito, el expresidente alega que en su país es “perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos” y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces.
Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exgobernante.
De Moraes también incluye en su decisión que la Policía Federal también verificó en el celular de Jair Bolsonaro “el reiterado incumplimiento” de la medida cautelar relacionada con el veto al uso de sus redes sociales.
La policía brasileña denunció además a Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por “coacción”.
La institución presentó cargos contra el exmandatario, actualmente en prisión domiciliaria, y su hijo al concluir la investigación que indagaba las presuntas maniobras de ambos para torpedear el juicio por golpismo con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.
La Policía sostiene que son sospechosos de haber cometido “delitos de coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”, según informó en una nota.
El informe final sobre sus averiguaciones lo envió a la Corte Suprema el viernes pasado, pero solo este miércoles se hizo público.
Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo.
Ante esos indicios, el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en el proceso que se le sigue por golpismo en la Corte Suprema, impuso al exjefe de Estado (2019-2022) una serie de medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar las redes sociales, y posteriormente decretó su prisión domiciliaria al apreciar el incumplimiento de estas.
Bolsonaro afronta en el Supremo un juicio penal bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de su sucesor, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.
Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó a Trump a imponer un arancel del 50% adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo, entre ellos De Moraes.
El dirigente republicano alega que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y exige que el juicio “acabe inmediatamente”.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro se ha ufanado en los últimos meses de haberse reunido con autoridades de la Casa Blanca en busca de sanciones contra su propio país para ayudar judicialmente a su padre.
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