Por Sara Cantera
De aprobarse la iniciativa del gobierno federal de aplicar un arancel de 50% a los vehículos importados de países con los que México no tiene un acuerdo comercial como China, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia, los expertos consideran que esto podría impulsar el financiamiento automotriz ante un posible aumento de precios.
“Creemos que esta medida reforzaría el financiamiento como una herramienta clave y un apoyo para el acceso a un vehículo y permitir que la comercialización siga en curso”, aseguró Ken Charles, director digital de MStar, financiera automotriz.
Charles destacó que, en los últimos cinco años el financiamiento se ha otorgado con periodos más largos y mensualidades más atractivas para hacer más accesibles las unidades para el comprador mexicano.
“En el segmento de los subcompactos, por ejemplo, que es el más vendido, de enero a agosto de 2025, 64% de las colocaciones se hicieron en plazos de 60 y 72 meses. Mientras que, en 2021, tomando el mismo periodo de referencia, 54% de las colocaciones de este segmento tenían estos plazos”, expuso.
Previamente, el plazo preferido por los compradores mexicanos era 24 meses, después pasó a 36 y hoy son 60 meses.
Además de ampliar el tiempo de duración del crédito con mensualidades más moderadas, los expertos creen que, de haber un impacto por los aranceles, este se vería pasados varios meses después de su entrada en vigor.
“La aplicación de estas regulaciones arancelarias tomará todavía un tiempo y no tendrá afectaciones en el sector hasta pasados dos o tres meses de su entrada en vigor”, comentó Charles, quien agregó que es importante tomar en cuenta el inventario de las armadoras.
“La industria automotriz se mueve entre 45, 60 y hasta 90 días de inventario en algunas líneas de producto. Lo que hace que, en caso de haber un impacto para el precio de las unidades, se vería pasados dos o tres meses”, afirmó.
Por su parte, Gerardo Gómez, director en México de J.D. Power, dijo que otra medida que podrían adoptar algunas marcas es tratar de negociar con el gobierno mexicano para obtener beneficios por abrir una planta de producción en el país.
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