Esta historia fue publicada originalmente por Annie Knox para Utah News Dispatch, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Spenser Heaps/Utah News Dispatch
Por Annie Knox
Esta semana, agentes de inmigración arrestaron a varias personas en los tribunales de Salt Lake City con la ayuda de alguaciles. Esta táctica, según los críticos, probablemente intimidará a acusados, testigos y víctimas para que no cooperen con las autoridades y utiliza recursos de los tribunales estatales para la aplicación de la ley federal.
Abogados de la Asociación de Defensores Legales de Salt Lake City declararon a Utah News Dispatch su sorpresa cuando sus clientes, que no se encontraban en prisión a la espera de juicio, fueron sacados del Tribunal de Matheson sin previo aviso el lunes y el martes. Indicaron que los arrestos parecen ser una novedad en Utah debido a la intensificación de la represión migratoria del presidente Donald Trump.
“Estas personas se presentan voluntariamente, para actuar responsablemente, para presentarse a su audiencia judicial”, declaró la abogada Lacey Singleton. “Y en cambio, están siendo secuestrados, de la nada”.
Singleton estuvo el lunes en el tribunal del centro de Salt Lake City, junto a su cliente ante un juez para programar otra cita judicial. Había visto a agentes de inmigración fuera de la sala del tribunal con antelación y le informó a su cliente que podrían intentar detenerlo después de la audiencia.
“Y de repente, los alguaciles del tribunal se acercaron con esposas y se las pusieron”, dijo Singleton. Su cliente fue conducido a través de una puerta a una celda de detención que generalmente se usa para personas encadenadas que son traídas de la cárcel o prisión, dijo. Luego lo perdió de vista.
“No tengo idea de adónde se llevaron a mi cliente”, dijo Singleton.
Está preocupada por su cliente, pero también por los posibles efectos negativos en el sistema de justicia penal de Utah. Si las víctimas y los testigos dejan de cooperar por temor a ser detenidos en un tribunal, los fiscales podrían no tener las pruebas necesarias para seguir adelante con el caso, dijo Singleton. Es posible que no tengan más remedio que pedirle a un juez que desestime los cargos.
“Esto perjudica a toda la comunidad y al sistema judicial en particular”, declaró Singleton.
Se desconoce cuántas personas fueron detenidas esta semana. El ICE no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios ni detalles sobre los arrestos.
Portavoces de los tribunales de Utah y de la Fiscalía del Condado de Salt Lake confirmaron que se realizaron algunos arrestos en el juzgado. No comentaron sobre la participación de los alguaciles, agentes del Sheriff del Condado de Salt Lake asignados para brindar seguridad en el juzgado.
La Fiscalía afirmó que lo ocurrido en el tribunal cumple con su protocolo y no considera su participación como un uso de recursos del condado para operaciones federales de inmigración.
“Solo somos parte del proceso judicial. No estamos utilizando recursos del condado para la aplicación de la ley por parte del ICE”, declaró Chris Bronson, portavoz de la oficina.
“Cuando una agencia policial externa, incluyendo el ICE, planea realizar un arresto en el juzgado, el protocolo estándar ha sido que el alguacil coloque las esposas en nombre de esa agencia”, añadió Bronson. Los alguaciles pueden entonces escoltar a los agentes y a las personas bajo su custodia a través de las zonas seguras del edificio, continuó Bronson.
“En un caso reciente en el que ICE detuvo a una persona, un alguacil coordinó con el juez cómo proceder y le puso las esposas”, dijo Bronson.
La abogada defensora Shannon Woulfe, también de la Asociación de Defensores Legales de Salt Lake, dijo que un juez desestimó el caso contra uno de sus clientes el martes y ella se giró para decirle que podía irse a casa. Pero dos hombres vestidos de civil se identificaron como agentes de ICE y lo esposaron.
Luego, recordó, “un alguacil abrió la celda y arrastraron a mi cliente. Intenté hablar con él mientras lo arrastraban. Lo registraron rápidamente. Presionaron el botón del ascensor en la celda. Lo metieron en el ascensor”.
El hombre logró darle a Woulfe el número de teléfono de su esposa, pero no tuvieron tiempo de decir nada más, dijo.
Woulfe sabía que ICE podría estar en el juzgado. Por eso toma precauciones con los clientes que puedan tener preocupaciones sobre ser detenidos, ofreciéndoles la oportunidad de comparecer remotamente cuando sea posible. Pero como abogada defensora con poca experiencia que no representa a personas acusadas de los delitos más graves, dijo: “Me sorprendió mucho que esto sucediera”. Los abogados defensores se negaron a compartir detalles sobre los casos judiciales o el estatus migratorio de sus clientes, alegando que no tenían permiso para compartir detalles con los medios de comunicación y que querían evitar causarles daño.
En Wisconsin, un juez fue declarado culpable de un delito grave de obstrucción por ayudar a un inmigrante a evadir a los agentes en enero. Woulfe no solicita a los tribunales de Utah que tomen ese tipo de medidas, pero cree que podrían establecer límites.
“Creo que, sin duda, el tribunal podría decir: ‘No, no están utilizando nuestras celdas de detención. No están utilizando nuestros espacios interiores protegidos, donde no se permite la entrada al público, para detener a personas’”.
Tania Mashburn, directora de comunicaciones de los tribunales estatales, remitió a Utah News Dispatch a un memorando de febrero de 2025 del presidente de la Corte Suprema de Utah, Matthew Durrant, y del administrador del tribunal estatal.
El memorando indicaba que los tribunales de Utah no tienen la facultad de impedir que el ICE realice acciones legales dentro o alrededor de los juzgados.
“Si tenemos conocimiento de un arresto planeado, solicitamos al ICE que se coordine con el personal de seguridad para garantizar que el arresto se realice de forma segura en áreas no públicas del juzgado. Sin embargo, no podemos exigirles que lo hagan”, afirma el memorando. No aborda directamente la participación de alguaciles ni de celdas de detención en los arrestos por inmigración.
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