Esta historia fue publicada originalmente por Ayden Runnels para Texas Tribune, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Bob Daemmrich/Texas Tribune.
Por Ayden Runnels
A partir del 4 de diciembre, Texas implementará el Proyecto de Ley Senatorial 8, también conocido como la Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas, o más comúnmente conocido como “proyecto de ley de baños”, cuyo objetivo es restringir el acceso de las personas transgénero a ciertos baños en el estado.
Los republicanos en Texas trabajaron durante más de una década para aprobar un proyecto de ley de baños como el SB 8. La nueva ley aplica restricciones basadas en el sexo en dichos baños y vestuarios en edificios públicos, escuelas y universidades. También implementa restricciones en las cárceles, así como en los refugios para víctimas de violencia familiar.
Quienes apoyan la ley afirman que creará espacios privados más seguros, pero quienes se oponen temen que la falta de claridad en las directrices sobre cómo aplicar el SB 8 provoque una vigilancia excesiva y acoso público. Esto es lo que necesita saber sobre la SB 8, las áreas afectadas y por qué la Legislatura aprobó las nuevas restricciones para los baños en el estado.
¿Qué áreas cubre la SB 8?
La SB 8 restringe las áreas privadas de ocupación múltiple en edificios públicos, como baños con varios cubículos, duchas y vestuarios. Las restricciones de la ley solo se aplican a las instalaciones propiedad de subdivisiones políticas y agencias estatales, que incluyen las siguientes:
• Edificios de condados y ciudades
• Edificios de agencias, como el Departamento de Transporte de Texas
• Escuelas públicas y escuelas chárter de inscripción abierta
• Universidades públicas
La ley establece algunas exenciones sobre cuándo se permite el acceso a baños a personas que no corresponden al sexo asignado al nacer:
• Quienes ingresan para brindar asistencia médica de emergencia
• Trabajadores o personal de limpieza que limpian, realizan mantenimiento o inspecciones
• Aplicación de la ley
• Quienes acompañan a alguien que necesita ayuda para usar las instalaciones
• Niños de 9 años o menos acompañados por un adulto
Las instituciones también pueden tener instalaciones para una sola persona, como baños familiares, que cualquier persona puede usar. Los edificios y negocios privados, como los restaurantes, no se ven afectados por la SB 8 y pueden establecer sus propias políticas.
La ley también crea dos requisitos adicionales: uno para las prisiones del Departamento de Justicia Penal de Texas y otro para los refugios para víctimas de violencia familiar que tienen contratos con la Comisión de Salud y Servicios Humanos. Las prisiones del TDCJ deben alojar a los reclusos según su sexo asignado al nacer. Sin embargo, un portavoz del TDCJ confirmó que la agencia ya lo hace con los aproximadamente 1750 reclusos trans en sus instalaciones.
La SB 8 también exige que los albergues “diseñados específicamente para brindar servicios a víctimas femeninas” solo puedan atender a aquellas a quienes se les asignó sexo femenino al nacer o a hijos de víctimas menores de 17 años. No está claro cuáles de los casi 90 albergues para víctimas de violencia familiar que tienen contratos con la HHSC se ajustan a esta descripción.
Molly Voyles, directora de políticas públicas del Consejo de Texas sobre Violencia Familiar, explicó que, dado que los requisitos de las subvenciones federales para los albergues exigen que atiendan a personas independientemente de su sexo, la SB 8 podría no aplicarse a ninguno de los que reciben dichas subvenciones.
“Seguimos analizando el proyecto de ley, su impacto y lo que nos informan nuestras agencias miembro, porque son ellas quienes apoyan a diario a las sobrevivientes que huyen”, declaró Voyles. Sin embargo, nuestra evaluación inicial es que esta ley no se aplicará en absoluto a muchos albergues, y esto coincide con lo que declaramos a los legisladores durante la sesión.
Un portavoz de la HHSC se negó a responder preguntas sobre si los albergues que reciben subvenciones federales estarían exentos según la definición de la SB 8, pero afirmó que la HHSC exige que todos los beneficiarios cumplan con todas las leyes federales y de Texas aplicables.
¿Cómo se aplicará la SB 8?
La SB 8 no incluye ninguna guía específica para las instituciones sobre cómo aplicar sus restricciones en los baños, excepto que deben tomar “todas las medidas razonables” para garantizar que las personas utilicen instalaciones que coincidan con su sexo asignado al nacer. La autora de la SB 8, la senadora Mayes Middleton, republicana por Galveston, y la promotora de la Cámara de Representantes, la representante Angelia Orr, republicana por Itasca, han alentado a las agencias públicas, los condados y las ciudades a implementar sus propias políticas.
Algunas agencias han confirmado a The Texas Tribune que están en proceso de crear políticas, mientras que otras han dicho que no planean realizar cambios porque ya cumplen con los requisitos de la ley.
Quienes critican la ley han expresado su preocupación de que, para hacer cumplir las restricciones, se les podría solicitar a algunas personas que muestren una identificación o se sometan a inspecciones físicas. Middleton afirmó durante el debate en el pleno que las inspecciones físicas eran “ejemplos extremos” que no se ajustaban a la definición de una medida razonable; sin embargo, la ley no prohíbe explícitamente el uso de registros.
¿Cuáles son las sanciones por violar la Ley del Senado 8?
Las personas que utilizan instalaciones públicas que no coinciden con su sexo asignado al nacer no son penalizadas por la SB 8. En cambio, la institución propietaria de la instalación donde ocurrió la violación puede ser multada y demandada por cada instancia.
La Fiscalía General gestiona las quejas sobre incidentes ocurridos en las instalaciones. Estas pueden presentarse ante la Fiscalía General solo después de que un residente de Texas que presencie una infracción presente una notificación por escrito a la institución donde se produjo. La agencia tiene entonces tres días para subsanar la infracción. Orr, en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes en agosto, afirmó que esto podría hacerse modificando las políticas o la señalización, antes de que la Fiscalía General pueda iniciar cualquier investigación.
La Fiscalía General debe otorgar a las instituciones con quejas fundamentadas otros 15 días para rectificar la infracción. Cualquier institución declarada responsable de una infracción recibe una multa de $25,000 la primera vez y de $125,000 por día por cada infracción subsiguiente. Quienes se encuentren en la instalación y se vean afectados por la omisión de una agencia en la aplicación de la ley también pueden demandarla para obtener una medida cautelar y declaratoria.
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