Artículo originalmente publicado por Jared Serbu para Federal News Network. Fotografía: Shauneen Miranda/States Newsroom.
El fin del cierre gubernamental sin precedentes fue una buena noticia para los empleados federales en general, pero especialmente para los miles a quienes se les informó que perderían sus empleos por completo.
La resolución presupuestaria continua que puso fin al cierre disponía que cualquier reducción de personal impuesta después del inicio del cierre el 1 de octubre “no tendrá vigencia ni efecto” una vez que el gobierno reabriera. El presupuesto a corto plazo también garantizó el pago retroactivo a los trabajadores suspendidos y prohibió a las agencias federales intentar despedir a ningún trabajador mientras la resolución continua esté vigente, hasta el 20 de enero de 2026.
El Departamento de Justicia indicó el viernes, en documentos presentados ante el tribunal federal de distrito de San Francisco, donde varios sindicatos habían impugnado los despidos, que cada uno de los más de 3000 trabajadores federales que recibieron notificaciones de RIF durante el cierre han sido notificados formalmente de que dichas RIF han sido canceladas.
Esas mismas RIF fueron objeto de una demanda sindical que ya había resultado en una orden judicial preliminar que suspendía los despidos. Sin embargo, la administración Trump argumenta que la resolución continua significa que ya no es necesario litigar sobre la legalidad de las notificaciones de despido (RIF) en primer lugar.
“A la luz de estos acontecimientos, los demandados consideran que este caso es irrelevante”, escribieron los abogados en una presentación el viernes.
En total, los documentos presentados por cada agencia muestran que la administración intentó despedir a un total de 3605 empleados durante el cierre, con notificaciones de RIF que van desde casi 1400 en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) hasta 54 en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).
Las agencias actualizaron sus documentos el viernes para indicar que habían cumplido con la directiva del Congreso incluida en la resolución continua de notificar a cada empleado que sus notificaciones de RIF habían sido retiradas.
Existían algunas dudas sobre el destino de 299 puestos en la división de derechos civiles del Departamento de Educación.
Estos trabajadores fueron notificados formalmente de sus RIF el 14 de octubre, justo dentro del plazo en el que el Congreso indicó que cualquier despido tendría que ser revocado. Sin embargo, el gobierno argumentó que, si bien el aviso final se emitió en octubre, los trabajadores recibieron la primera notificación de su despido en marzo, lo que significaría que no estaban cubiertos por la resolución continua.
Jacqueline Clay, directora de capital humano del Departamento de Educación, escribió que los trabajadores de la Oficina de Derechos Civiles que notificaron por primera vez en marzo eran “un grupo completamente distinto de los 137 empleados de la OCR a quienes se emitieron avisos de RIF el 10 de octubre, y que finalizar el RIF de marzo de 2025 no implica emitir ni implementar un RIF durante y debido al cierre”.
Sin embargo, afirmó que el departamento había suspendido el asunto a la espera de la orientación del tribunal.
“El Departamento de Educación ha suspendido la separación de los empleados de la OCR con RIF de marzo, de conformidad con la orden judicial preliminar de este tribunal, a la espera de que este aclare que la orden judicial preliminar actual no abarca el RIF de marzo de 2025 del Departamento de Educación”, escribió Clay en una declaración.
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