Miami, Florida.— El muro arancelario de Donald Trump tiene un fuerte impacto en la frontera comercial más activa del mundo, la que une a México y Estados Unidos: el cobre, el acero, el aluminio, el tomate, los camiones y casi todo lo que no cumpla estrictamente las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es sujeto de gravámenes, y si nada cambia, el 31 de octubre entrará en vigor un arancel general de 30% sobre las importaciones mexicanas que queden fuera de ese marco.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció hace unos días un avance de 90% en las negociaciones sobre los aranceles, sin datos concretos.
Por lo pronto, en la industria automotriz, el escenario se ha tornado muy incierto, ya que, a partir del 1 de noviembre, EU aplicará también un arancel de 25% a los camiones medianos y pesados fabricados fuera de su territorio y 10% a los autobuses. México, principal exportador de esos vehículos al mercado estadounidense, intenta demostrar que cumple con las reglas del T-MEC para acceder a exenciones parciales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos respondió que “los principales orígenes de esos vehículos —México, Canadá, Japón, Alemania y Finlandia— son aliados estratégicos, no amenazas a la seguridad nacional”, pero la Casa Blanca mantiene la medida.
El impacto viene desde hace meses: el 14 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos rompió el Acuerdo de Suspensión de 2019 que protegía las exportaciones mexicanas de tomate y aplicó un arancel promedio del 17%. En el norte de México, los productores tuvieron que recortar siembras, mientras que en Florida celebraron el retorno de la “competencia justa”. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) advirtió que sin ese acuerdo “habrá menos previsibilidad y más volatilidad de precios”, y que los consumidores estadounidenses podrían terminar pagando más conforme avance la temporada alta mexicana. Así ocurrió en Texas y Arizona, por ejemplo, donde los precios del jitomate fresco subieron entre 15% y 20%.
El acero y el aluminio viven su propio laberinto: desde 2024 rige una regla que exime del arancel sólo a los metales fundidos y colados (“melt and pour” o “smelt and cast”) en América del Norte. Si la plancha o la barra provienen de China o de otro país y sólo pasan por México para el acabado, enfrentan una tarifa de entre 10% y 25%. La medida, que parece técnica, se tradujo en auditorías exhaustivas. Cada empresa debe demostrar el origen metalúrgico de sus insumos: “Antes bastaba con saber de dónde venía el acero; ahora hay que probar en qué horno se derritió”, comentó un ingeniero.
El cobre fue el siguiente protagonista de esta guerra comercial. Desde el 1 de agosto, los productos semielaborados e “intensivos en cobre” (tubos, cables, conectores y piezas eléctricas) pagan un arancel de 50%. La proclamación presidencial estadounidense que lo impuso lo justificó en nombre de la seguridad nacional, pero la industria estadounidense reaccionó con alarma. El analista de materias primas Clyde Russell escribió que “podría ser el mayor autogol de la guerra arancelaria”, recordando que Estados Unidos depende de importaciones para cubrir más de 40% de su consumo de cobre. The Wall Street Journal añadió que ese impuesto “repercutirá en el costo de vivienda, energía y automóviles eléctricos”, sectores que ya enfrentan inflación.
El impacto económico no se limita a las fábricas. Laredo, el puerto comercial terrestre más transitado del continente, procesó más de 339 mil millones de dólares en comercio bilateral en 2024. Ahí, cada minuto adicional en un cruce o cada documento revisado significa una pequeña inflación que se propaga al resto del país. Los analistas de Brookings Institution dicen que “el arancel de 25% reducirá el crecimiento de EEUU, recortará empleos, bajará salarios y subirá precios; la represalia de Canadá y México multiplicará los daños”. El costo lo están pagando también los consumidores estadounidenses.
La presión también se siente en los mercados financieros. Cada anuncio de nuevos gravámenes agita el tipo de cambio. En julio y septiembre, el peso mexicano se debilitó ante cada nueva ronda de tarifas. El Yale Budget Lab calculó que la tasa arancelaria efectiva promedio de EU alcanzó 20.6%, “la más alta desde 1910”, y que los nuevos impuestos han recaudado 88 mil millones de dólares en pocos meses, equivalentes a 0.8% del producto interno bruto (PIB) mensual. El mismo informe estima que el costo para el hogar promedio estadounidense ronda los 2 mil 800 dólares anuales, producto del encarecimiento de bienes importados y nacionales.
En México, los efectos comienzan a sentirse en el crecimiento y la inflación. Una encuesta de Reuters entre 33 economistas estimó que el país crecerá apenas 0.5% en 2025, con una recuperación modesta de 1.3% en 2026, afectado por la caída de exportaciones automotrices y el aumento de precios de insumos industriales: “Es improbable que se reviertan pronto, el declive sectorial persistirá y afectará el empleo”, concluyó el sondeo. El Peterson Institute for International Economics (PIIE) midió el golpe directo a las familias estadounidenses y coincide en los resultados.
En las carreteras y muelles, el costo se vuelve visible. Los fletes suben, las entregas tardan y los precios del acero, cobre o de los tomates importados repercuten en sectores que no aparecen en los titulares mediáticos. El analista Neil Irwin escribió en The New York Times que “los aranceles son el tipo de impuesto que se paga sin notarlo: más silencioso que el IRS, pero igual de real”.
Aunque Trump insiste en que gracias a su política arancelaria hay beneficios en migración, en relocalización industrial, Joshua Meltzer de Brookings, afirma que “estos aranceles imponen costos inmediatos a los consumidores, trabajadores y empresas estadounidenses sin un vínculo claro con los objetivos de seguridad o migración”. Pero aún hay una esperanza jurídica que podría redefinir el alcance de la estrategia arancelaria de Trump. Diversos tribunales federales analizan si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) permite imponer tarifas universales sin la aprobación del Congreso. Si la Corte Suprema lo invalida, buena parte de los nuevos aranceles quedaría sin sustento legal. Si lo respalda, la “emergencia económica” se convertiría en un instrumento permanente de política exterior.
Mientras tanto, el calendario avanza hacia otro punto crítico: la revisión formal del T-MEC en 2026. En Washington, Ottawa y la Ciudad de México ya se preparan equipos técnicos para renegociar reglas de origen, cuotas y cláusulas de excepción. Brookings advierte que “los aranceles sobre México y Canadá tienen un impacto particularmente pronunciado porque son los socios comerciales más grandes de Estados Unidos” y cualquier endurecimiento adicional podría desarticular la integración regional que tardó tres décadas en construirse.
En ese contexto, “los aranceles se han convertido en herramienta de política industrial que opera con efectos de corto plazo y consecuencias de largo alcance”, explica a EL UNIVERSAL la economista María Díaz. El Yale Budget Lab estima que el crecimiento real de Estados Unidos en 2025 podría reducirse 0.9 puntos y el empleo en más de 600 mil plazas respecto al escenario sin aranceles. La paradoja es evidente: se encarece el comercio con aliados mientras se busca contener la influencia de China.
En México, la presión sobre el tipo de cambio y la inversión extranjera directa comienza a preocupar. Cada punto porcentual de aumento en los costos de exportación reduce competitividad y empuja a las empresas a relocalizar etapas de producción. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha pedido estrategias de “reorigen” de insumos para mantener acceso preferencial al mercado estadounidense, una tarea que implica rediseñar cadenas productivas completas.
Menos pedidos, pagos atrasados
En los campos agrícolas del noroeste mexicano, los jornaleros hablan de menos pedidos y pagos atrasados. En las maquiladoras del norte, los turnos extra se han reducido: “En Estados Unidos, los consumidores notan la inflación, pero no sabemos su origen real. El libre comercio, que durante tres décadas definió la estabilidad de la región, se está deshilachando sin que nadie lo quiera declarar oficialmente muerto” comenta Díaz.
El puerto terrestre de El Paso, Texas, que procesa más de 20 mil camiones por semana, estima pérdidas de millones de dólares si el arancel general de 30% entra en vigor: “El comercio es el pulso de esta región, si se detiene, todos nos detenemos”, dijo el alcalde Oscar Leeser. La pregunta que flota en ambos lados del río Bravo es si esta guerra comercial puede sostenerse sin que colapse la integración. La historia de América del Norte muestra que los aranceles son fáciles de subir y difíciles de retirar. El riesgo es que, cuando la política cambie, el daño estructural sea irreversible. Los economistas del Peterson Institute advierten al respecto que “cada punto adicional en aranceles generalizados reduce productividad y eleva la inflación, incluso si las tarifas se desmontan después”.
Hoy, las cadenas de suministro que unieron durante años a Monterrey con Detroit o a Sinaloa con California se enfrentan a la paradoja de pagar por seguir existiendo. El “hecho en América del Norte” se convirtió en una prueba de resistencia: quién puede certificar, quién puede absorber el costo, quién puede sobrevivir al papeleo.
En la víspera del nuevo arancel de 30%, la frontera vuelve a ser noticia por el peso de los impuestos que se están pagando.
“América del Norte está dejando de ser un bloque integrado para convertirse en tres países conectados por una cinta transportadora cada vez más cara”, dijo la revista The Economist.
“Si los aranceles se mantienen, América del Norte será más cara y menos competitiva. Si se renegocian, puede que el daño sea reversible, pero no gratuito. En cualquier caso, la era del comercio libre y sin fricciones parece haber terminado” concluye Díaz.
