Por Max Aub
Miami, Florida.— El asesinato del influencer Charlie Kirk en Estados Unidos ha dado paso a una era de persecución en Estados Unidos contra cualquier voz que suene a disidencia, a oposición.
La decisión de suspender indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, el llamado del presidente Donald Trump a despedir también a Jimmy Fallon y Seth Meyers, sus demandas millonarias contra medios críticos y su declaratoria como organización terrorista de gran importancia del movimiento ultraizquierdista Antifa dan cuenta de una nueva etapa de censura en el país.
Trump acusó de inmediato a la “izquierda radical” —como identifica a la mayoría de los demócratas— de ser la culpable del asesinato de Kirk, señalando que “atiza el odio”. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, advirtió que todo “discurso de odio que cruza la línea hacia amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda [de la Constitución estadounidense] y es un delito”.
El vicepresidente JD Vance llamó públicamente a señalar y denunciar a quienes “celebren” o minimicen el asesinato de Kirk: “Cuando veas a alguien celebrando el asesinato de Charlie, denúncialo (…) y, al diablo, llama a su empleador”.
El gobierno ha tomado además medidas para investigar a redes progresistas (izquierda, LGBTQ+, opositores, políticos) con herramientas apoyados en la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que se usa como marco legal para investigaciones judiciales complejas y revisar estatus fiscales e incluso hacer señalamientos de posible terrorismo doméstico.
La administración Trump amenaza con quitar visas, incluso la ciudadanía, a quienes, a su consideración, “glorifiquen” el asesinato de Kirk, un influencer de derecha, apoyo clave de Trump en la campaña de 2024 y defensor de las posiciones conservadoras del movimiento Make America Great Again (MAGA).
A las declaraciones de Trump y su gabinete siguió una ola de despidos. En Texas, la Universidad Estatal informó que un estudiante que apareció en video imitando el movimiento de Kirk al morir ya no está inscrito en el campus; la decisión llegó horas después de que el gobernador Greg Abbott, muy cercano a Trump, exigiera su expulsión.
En Carolina del Sur, la Clemson University despidió a un empleado y retiró de la docencia a dos profesores por publicaciones en redes sobre la muerte de Kirk; la Universidad de Arkansas en Little Rock suspendió a una profesora de Derecho por sus mensajes; autoridades estatales presionaron para su cese. La Middle Tennessee State University anunció el despido inmediato de un empleado por “comentarios inapropiados y crueles” en redes.
La empresa Nasdaq despidió a una empleada, por publicaciones en X sobre el asesinato. También en el despacho Perkins Coie un abogado fue despedido. La estación PHNX Sports en Phoenix despidió a un reportero de los Suns de Phoenix. MSNBC rompió su vínculo con el analista Matthew Dowd por referirse al discurso divisivo de Kirk y señalar que atizaba la violencia política en el país. The Washington Post despidió a la columnista Karen Attiah por sus publicaciones.
El despido de Kimmel se produjo luego de que en un programa acusara a los republicanos de sacar “rédito político” del crimen.
Aerolíneas como Delta Air Lines y United Airlines se han sumado a las suspensiones y/o despido de empleados por publicaciones en redes o comentarios sobre el tema.
“Lo que estamos comenzando a ver se llama coerción política, con un fuerte efecto inhibidor sobre la libertad de expresión”, advierte el politólogo Pablo Salas. La Casa Blanca, dice, va “tras opositores y medios”. “Hay evidencia clara de que la libertad de expresión en la Unión Americana está enfrentando un asedio político tras las amenazas y acciones del presidente Donald Trump”, subraya.
“Lo que comenzó como una condena contra este crimen se ha transformado en una campaña institucional”. Según múltiples organizaciones civiles, la administración Trump está erosionando los derechos fundamentales y criminalizando a la disidencia. “No creo que el objetivo de la administración sea tener razón en la ley. Creo que el objetivo del gobierno es silenciar la disidencia. Silenciar opiniones políticas que no les gustan”, dijo Alex Abdo, director de litigios del Knight First Amendment Institute, a CNN.
“Y según esa medida, no importa si convencen a un jurado investigador para acusar o convencen a un tribunal de que su teoría legal es correcta porque ese simplemente no es su objetivo”, añadió. “Su objetivo es intimidar a la gente”, acotó.
PEN America, una organización no partidista de defensa de la libre expresión, alertó que “el asesinato de Kirk se está usando como pretexto para reprimir el discurso, en clara violación de la Primera Enmienda”. Añadió que, “si esto no se contiene, esta campaña coordinada puede crear un clima de miedo que afecte a todo el país”.
Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema estadounidense, criticó duramente los intentos de criminalizar opiniones divergentes, especialmente aquellas que expresaron simpatía o comprensión por el asesinato y condenó los despidos y las expulsiones universitarias. “El enorme riesgo aquí es que se está utilizando el asesinato de Kirk como catalizador para restringir libertades fundamentales, castigar opiniones disidentes y consolidar un aparato de control ideológico”, afirma Salas.
