Esta historia fue publicada originalmente por Charlotte Rene Woods para Virginia Mercury, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Charlotte Rene Woods/Virginia Mercury
Por Charlotte Rene Woods
El fiscal general de Virginia, Jay Jones, se unió a sus homólogos de otros 20 estados para impugnar las regulaciones que el presidente Donald Trump impuso durante su primer mandato, las cuales ampliaron las exenciones que permiten a los empleadores excluir los anticonceptivos gratuitos de los planes de seguro.
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) incluye el requisito de que las aseguradoras cubran los anticonceptivos, pero las regulaciones establecidas durante el primer mandato de Trump ampliaron las excepciones para empleadores y universidades con objeciones religiosas o morales, permitiéndoles excluir los anticonceptivos gratuitos de los planes de seguro que ofrecen a sus empleados.
Durante años se han presentado demandas contra estas regulaciones; Jones y otros ahora instan al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos a que confirme un fallo previo de un tribunal de distrito que declaró ilegales dichas regulaciones.
En un comunicado, Jones acusó a Trump de intentar “reescribir” la ACA mediante la “creación de amplias exenciones”.
“Este esfuerzo no es más que desmantelar una protección fundamental de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, erosionar la cobertura y trasladar el costo de los anticonceptivos a las mujeres, las familias y estados como Virginia”, afirmó. Cuando el gobierno federal ignora la ley y socava el acceso a la atención médica básica, los estados tienen la responsabilidad de defenderse. Virginia está haciendo precisamente eso para garantizar que la ilegal medida de Donald Trump que restringe la cobertura de anticonceptivos no se mantenga.
Este tira y afloja legal se produce mientras los legisladores de Virginia consideran dos medidas para proteger el acceso a los anticonceptivos a nivel estatal.
En primer lugar, se espera que una amplia enmienda constitucional sobre derechos reproductivos se someta a votación en todo el estado este noviembre. Si los votantes la aprueban a finales de este año, consagraría en la constitución estatal la protección de los derechos a la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad y el acceso al aborto. Esta enmienda también está sujeta a litigios en curso.
Enmendar o ampliar la constitución es un proceso más largo que aprobar una sola ley, lo que también dificulta su eliminación. Siendo Virginia el estado del sur menos restrictivo en lo que respecta al acceso al aborto, la aprobación de la enmienda garantizaría que mantenga esa posición.
En segundo lugar, la legislatura está impulsando una ley sobre el derecho a la anticoncepción que podría garantizar el acceso y otorgar legitimación activa para demandas en caso de que se vulnere el derecho de alguien. La propuesta fue vetada previamente por el exgobernador Glenn Youngkin, pero probablemente se firmaría si llega al despacho de la gobernadora Abigail Spanberger este año.
Una de las autoras de la propuesta, la delegada Cia Price, demócrata por Newport News, ha enfatizado que la anticoncepción es más que planificación familiar, ya que ella misma la utiliza para tratar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Las personas con endometriosis a veces también utilizan anticonceptivos para tratar esta afección.
Desde las regulaciones de Trump impugnadas por Jones y otros estados, hasta el interés del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en derogar las protecciones federales de anticoncepción, la senadora Jennifer Carroll Foy, demócrata por Prince William, declaró en una entrevista reciente: “Sabemos que existe una seria amenaza”.
Carroll Foy es la autora de la versión senatorial de la propuesta. Ella y Price exploraron cómo conciliar las diferencias entre sus proyectos de ley para que la medida llegara al despacho de Spanberger.
La versión del proyecto de ley de Carroll Foy se ajustó durante la sesión legislativa para “que algunos republicanos se sintieran mucho más cómodos apoyándolo”, dijo.
La modificación consiste en reiterar una sección del código estatal vigente que describe el acceso de los menores a los anticonceptivos y la necesidad del consentimiento paterno para las cirugías.
A lo largo de los años, Price ha evitado dicha enmienda argumentando que era redundante.
“No repetimos la ley vigente en cada proyecto de ley que presentamos; dejamos que el código existente hable por sí mismo”, dijo Price el año pasado.
Cuando proyectos de ley similares se aprueban en cada cámara con diferencias, se someten a un proceso de conciliación. El informe de la conciliación sobre los proyectos de ley de Carroll Foy y Price, publicado el jueves, no incluye la reiteración del código estatal relativo al acceso de los menores a los anticonceptivos.
Una vez que los proyectos de ley lleguen al escritorio de Spanberger, ella tiene hasta el 13 de abril para firmarlos, solicitar enmiendas o vetarlos.
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