Artículo originalmente publicado por Liv Caputo para Florida Phoenix, en su versión en inglés y traducido al español. Fotografía: Cortesía de Layne Griffith
Por Liv Caputo
Las empresas de Florida que ignoren deliberadamente la legalidad de sus empleados en Estados Unidos podrían enfrentar fuertes multas o incluso cargos penales si contratan a más de 50 inmigrantes indocumentados, según un nuevo y amplio paquete de medidas migratorias.
Presentado el miércoles por el senador republicano Jonathan Martin, el proyecto de ley de 34 páginas presumiría que ciertos extranjeros son responsables de accidentes automovilísticos, restringiría severamente su empleo e impediría que los bancos estatales les prestaran dinero.
Se trata del paquete de medidas migratorias más amplio propuesto hasta la fecha, de cara a la sesión de 2026, y extendería las medidas restrictivas de 2025 que eliminaron la matrícula estatal para estudiantes indocumentados, impusieron sanciones estatales por ingresar ilegalmente a Florida y exigieron que todos los condados colaboraran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La iniciativa nacional para eliminar todas las vías para la inmigración indocumentada se ha ejemplificado en Florida, el primer estado en crear un centro de detención de migrantes estatal. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero pasado, los funcionarios del Estado del Sol han reflejado su agenda contra la inmigración ilegal.
Esto incluye la designación de cientos de funcionarios estatales y locales como agentes de inmigración; Florida es el único estado que tiene todos sus (67) condados firmando acuerdos 287(g), que son colaboraciones con el ICE.
Martin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sanciones por E-Verify
El proyecto de ley SB 1380 crearía sanciones civiles para los empleadores que no utilicen correctamente E-Verify, una base de datos federal que verifica si los nuevos empleados están legalmente autorizados para trabajar en el país. Esto se basa en otro proyecto de ley de Martin, que exigiría a todas las empresas utilizar E-Verify.
Los empleadores que no verifiquen el estatus migratorio de los trabajadores a través de E-Verify antes de presentar las solicitudes de compensación laboral serían personalmente responsables de cualquier costo, gasto o beneficio para los empleados indocumentados.
Sin embargo, no verificar su estatus migratorio a propósito resultaría en la suspensión de la licencia comercial por un año y multas de hasta $10,000. Reincidir resultaría en una suspensión de la licencia por cinco años junto con una multa de $100,000, y una tercera infracción implicaría la revocación permanente de la licencia y una multa de $250,000.
Si el empleador incumple intencionalmente esta sección y el trabajador indocumentado lesiona a otra persona, su licencia se suspendería por cinco años con una multa de $100,000. Si el trabajador mata a otra persona, las licencias se revocarían permanentemente con una multa de $500,000.
De manera similar, el proyecto de ley impondría un cargo por delito grave de tercer grado a un empleador que, a sabiendas, contrate a más de 50 trabajadores indocumentados. La empresa perdería su licencia permanentemente. El proyecto de ley crearía una causa de acción contra el empleador para cualquier persona lesionada o el familiar más cercano de una persona fallecida por las acciones de un trabajador indocumentado.
Estas disposiciones evocan una investigación federal de dos años, recientemente cerrada, sobre Archer Western, una empresa de construcción de carreteras contratada por el estado que empleó a inmigrantes indocumentados durante años, según informó el Tampa Bay Times.
Las autoridades abrieron la investigación después de que un empleado indocumentado de Archer Western, que conducía maquinaria pesada en 2022, atropellara y matara a un agente del condado de Pinellas. Al menos 18 de sus compañeros de trabajo en esa obra financiada por el estado también eran indocumentados.
Accidentes de tráfico, remesas internacionales y licencias
La SB 1380 crearía una presunción refutable de culpa en accidentes de tráfico que involucren a inmigrantes indocumentados de otros estados. Esto significa que si un conductor indocumentado de otro estado se ve involucrado en un accidente de tráfico en Florida, las autoridades podrían presumir que tuvo la culpa, siempre que el otro conductor no condujera de forma imprudente, bajo la influencia del alcohol o drogas, o tuviera una culpa manifiesta.
El proyecto de ley establece que las aseguradoras no podrían pagar prestaciones ni resolver reclamaciones con un conductor no autorizado de otro estado.
Además, el proyecto de ley exige que los agentes del orden que investiguen accidentes de tráfico verifiquen la residencia legal de las partes en el país.
Otras disposiciones prohibirían a la División de Gestión de Riesgos del estado aprobar una reclamación presentada por un inmigrante indocumentado adulto. Se prohibiría a los inmigrantes no autorizados enviar dinero a otros países y los bancos estatales no podrían aceptar las identificaciones que tradicionalmente utilizan los inmigrantes indocumentados o quienes se encuentran ilegalmente en el estado con pagos iniciales o préstamos.
Todos los procedimientos de licencia, la instrucción para renovar la licencia y los exámenes para obtenerla deben realizarse en inglés, según el proyecto de ley. Se prohibirían los intérpretes, traductores o adaptaciones lingüísticas alternativas.
El periodo de sesiones de 2026 comienza el 13 de enero.
