Artículo originalmente publicado por William J. Ford para Maryland Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: McKenzie Romero/Utah News Dispatch
Por William J. Ford
Una jueza federal bloqueó temporalmente un plan de la administración Trump para suspender los fondos de Medicaid para Planned Parenthood y proveedores de atención médica similares.
La orden judicial preliminar, dictada el martes en el Tribunal de Distrito de EEUU en Massachusetts, indicó que una coalición de 22 fiscales generales demócratas, incluido el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, había “demostrado una gran probabilidad de éxito en el fondo de su demanda” de que la denegación de fondos condicionaba inconstitucionalmente el gasto aprobado por el Congreso sin notificar a los estados.
La jueza de distrito de EEUU, Indira Talwani, escribió que la ley “es inadmisiblemente ambigua” y representa una “incursión sin precedentes en la discreción tradicional de los estados sobre la regulación de la medicina, algo que los estados demandantes no podían haber previsto al unirse a Medicaid”.
Talwani también escribió que si la administración mantenía esta ley en vigor, “aumentaría el porcentaje de pacientes que no pueden acceder a anticonceptivos y pruebas preventivas, lo que provocaría un aumento en los costos de la atención médica de los estados”.
El plan para retener los fondos de Medicaid formaba parte de un amplio paquete de recortes fiscales y de gastos promulgado por el presidente Donald Trump (republicano) el 4 de julio. La ley prohíbe la financiación de Medicaid a los proveedores de atención médica “que se dedican principalmente a servicios de planificación familiar, salud reproductiva y atención médica relacionada”.
Planned Parenthood Federation of America, junto con dos de sus filiales en Massachusetts y Utah, presentó una demanda tres días después de que Trump firmara el recorte fiscal y el plan de gastos.
Más tarde, ese mismo julio, los estados presentaron una demanda que impugnaba una disposición que elimina los reembolsos de Medicaid durante un año a los proveedores de atención médica que realizan abortos y que recibieron más de 800.000 dólares en fondos federales y estatales de Medicaid en 2023.
Los demandados enumerados en la demanda son el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y su administrador, Mehmet Oz.
Un representante del HHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.
Karen J. Nelson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood de Maryland, emitió un comunicado el miércoles celebrando el reconocimiento por parte del tribunal de la inconstitucionalidad de esta ley.
“Ofrecemos nuestra más sincera gratitud al Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, quien se unió a funcionarios de 21 estados y Washington, D.C., para luchar contra una disposición de ‘desfinanciamiento’ que inevitablemente perjudicará a los pacientes que buscan servicios de atención médica cruciales”, declaró.
El juez otorgó siete días al gobierno de Trump para apelar su fallo.
La demanda de Planned Parenthood es solo una de las más de 100 acciones legales (escritos y demandas) que la Fiscalía General de Maryland ha liderado o se ha unido este año contra el gobierno de Trump. En noviembre se presentaron aproximadamente cuatro más, incluyendo un escrito amicus curiae en apoyo a la moción de California para desestimar una demanda federal que exige bases de datos de registro de votantes sin censura.
Brown, quien codirigió el escrito junto con otros 15 fiscales generales, argumenta en él que el gobierno federal busca recopilar información personal en todo el país.
“Los votantes de Maryland merecen votar sin preocuparse por el manejo indebido de su información de registro”, declaró Brown en un comunicado. “Las exigencias ilegales de la administración amenazan tanto la privacidad individual como nuestra confianza colectiva en nuestras elecciones. No permitiremos que la extralimitación federal socave el derecho al voto ni desincentive la participación en nuestra democracia”.
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