Por Víctor Gamboa
Ciudad de México.- Con 75 votos a favor y 34 en contra, el pleno Senado aprobó en lo particular el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y reforma diversos ordenamientos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional.
Al advertir que el régimen de Morena ha militarizado la seguridad pública, la oposición emitió su voto en contra, mientras que Morena y sus aliados argumentaron que lo que se busca es fortalecer a esa institución en su tarea de combate a la delincuencia, pero manteniendo su mando civil, a través de la Presidencia de la República.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que su partido no está en contra de la Guardia Nacional, cuya labor es “absolutamente valiosa” para México.
Sin embargo, advirtió que “con lo que no estamos de acuerdo es que el régimen tergiverse su naturaleza, militarice la seguridad pública y desgaste el papel de las fuerzas armadas en funciones que deberían estar desempeñando las policías, la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales”, acotó.
“Hoy lo reiteramos, la militarización es una salida falsa para escapar del espiral (0:09) de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz”, afirmó.
En contraste, la senadora Lizeth Sánchez, del Partido del Trabajo, defendió la reforma impulsada por el oficialismo y negó que implique una militarización:
“Es importante subrayarlo con toda claridad: el mando de la Guardia Nacional sigue siendo civil, como lo ordena el artículo 21 constitucional. A pesar de las voces que insisten en desinformar, lo cierto es que esta reforma no militariza la seguridad pública, por el contrario, la fortalece con profesionalismo, transparencia y con respeto irrestricto a los derechos humanos”, señaló.
Karla Toledo, senadora del PRI, sostuvo que la estrategia de militarización ha fallado.
“En el grupo parlamentario del PRI, estamos claros que la militarización no ha traído paz, ha traído miedo, ha traído abusos y una falsa sensación de control, tal pareciera que mientras los cárteles se arman, el gobierno se arrodilla. Mientras la delincuencia organizada impone reglas en colonias y comunidades, a la Guardia Nacional la están utilizando para intimidar a los adversarios, reprimir protestas, vigilar opositores e inclusive hasta para impedir eventos culturales”, aseguró.
Por parte del PAN, el vicecoordinador Enrique Vargas recordó declaraciones pasadas de legisladores de Morena en contra de la militarización y las contrastó con su postura actual.
Al presentar un video con declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y otras figuras de la 4T en las que se pronunciaban porque las fuerzas armadas entornaran a sus cuarteles, Vargas cuestionó la congruencia del partido en el poder.
“En esta tribuna, Morena decía todo lo contrario de lo que hoy quieren votar. Yo les hago un llamado con mucho respeto porque esta no es la solución para la seguridad pública en México”, refirió.
La nueva legislación, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, “representa una reconfiguración profunda del modelo de seguridad pública federal, al consolidar el carácter militar de la Guardia Nacional y redefinir su estructura, funciones y régimen jurídico”, establece la minuta aprobada.
La nueva ley abroga la legislación vigente y adapta el marco jurídico al decreto de reforma constitucional publicado el 30 de septiembre de 2024.
Define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque “se integrará también con personal civil de confianza para tareas técnicas y administrativas, el mando operativo y estratégico recaerá en la estructura militar.
La presidenta de la República ostentará el Mando Supremo, mientras que el Alto Mando corresponderá a la persona titular de la Sedena.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal.
Además, se establece un robusto sistema de coordinación entre esta fuerza y los organismos de inteligencia del Estado mexicano, como el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
La Sedena asume formalmente funciones en materia de generación, procesamiento y uso de inteligencia para advertir riesgos y prevenir amenazas a la seguridad nacional.
El decreto aprobado fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
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