El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.
Quedó avalada por unanimidad de 456 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.
El debate se centró en las penas establecidas en la reforma, pues la oposición recriminó que diversos estados del país tienen penas superiores a las establecidas en la ley, lo que aseguraron, podría dejar en libertad a más de 500 presos sentenciados por extorsión.
“Al menos hay cinco estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, tiene una penalidad superior a los 16 años que es la que prevé esta legislación. Al aprobarla como está la legislación, vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad. 500 personas pueden salir, delincuentes de alto impacto”, declaró el diputado del PRI, Alejandro Domínguez.
El legislador panista, César Damián Retes, dijo que con la reforma, se pretende bajar la sanción en diversos estados del país.
“O no se dieron cuenta, o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, mi estado, la sanción mínima ya es de siete años. Entonces, ¿la presidenta lo que quiere es bajar la pena de siete a seis años en Baja California? Porque fácil y sencillo hay que decirlo, eso se traduce en que hay delincuentes sentenciados por extorsión que van a salir libres en Tijuana, en Mexicali, por culpa de la iniciativa de la presidenta”, cuestionó.
En defensa del proyecto, la diputada de Morena, Julieta Kristal Vences Valencia, dijo que con la reforma “creamos una política uniforme de investigación y sanción”: “Se establecen medidas operativas. Establecemos que la extorsión se investigará por oficio, porque a diferencia de ustedes, los del PRIAN, a nosotros en Morena nos preocupan las víctimas, cuidamos su integridad, porque sí, las víctimas durante años han temido por su vida al momento de denunciar, por eso ahora será por oficio”.
En tanto que la diputada federal del PT, Mary Carmen Bernal, expresó que uno de los mayores flagelos que ha vivido la población mexicana es, precisamente, el tema de la inseguridad y el delito de extorsión: “Esta ley, representa un paso valiente para enfrentar este delito de manera frontal, ya que dotará de instrumentos y herramientas legislativas suficientes y necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública, para que pueda atender este tema, además de crear una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, para prevenirlo y sancionarlo”.
La iniciativa reconoce que a pesar de los esfuerzos emprendidos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han logrado consolidar la prevención, investigación, persecución y sanción efectivas de dicho delito.
“Son una tarea pendiente que se encuentran obligadas a atender sin mayor dilación, de forma coordinada, asumiendo las responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponden y a partir de un marco jurídico claro, robusto y general”.
Ley de Extorsión plantea sanciones de hasta 25 años de prisión
Por lo anterior, plantea establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa 100 a 500 quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La ley contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación al tipo de bien jurídico tutelado.
Finalmente, propone una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, de la mitad hasta dos terceras partes más, es decir, hasta 25 años de prisión en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social.
“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de un hecho de tránsito (“monta choques”), cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”, señala el documento.
Tras su aprobación en lo general, se procedió a la discusión en lo particular.
Diputados guardan minuto de silencio por joven asesinado en partido Chivas y Atlas
El pleno de la Cámara de Diputados, rindió un minuto de silencio en memoria de José Eduardo Ramírez Dávalos, un joven de 16 años que, el pasado 24 de octubre, fue asesinado a golpes durante un partido entre las Chivas y Atlas, en Zapopan, Jalisco.
Durante el acto, los congresistas también se pronunciaron por un alto a la violencia en los estadios de futbol.
La solicitud fue interpuesta por el diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo Araujo.
“Es para pedir un minuto de silencio, señor presidente, por el asesinato de un jovencito aficionado al fútbol, por pronunciarse. Y para para pronunciarme en contra de la violencia entre aficionados al fútbol en México”, declaró.
Cuanalo Araujo señaló que “Lalito”, como le llamaban, no pertenecía a ninguna barra, y era un adolescente aficionado que soñaba con ser portero profesional: “y que salió esa noche a llevar serenata a su equipo favorito junto con otros jóvenes, cuando fueron interceptados presuntamente por la porra del otro equipo y murió por el nivel de agresividad del ataque recibido a golpes”.
El legislador llamó a la ciudadanía y en particular a los aficionados a los deportes, a respetar la libertad de las demás personas de pensar diferente y su derecho de manifestarse públicamente.
“Debemos, la ciudadanía, comprender que el deporte lo que busca es fomentar justamente lo contrario a la violencia y debe ser un ejemplo de libre convivencia y de sana competencia. Es absurdo y ridículo pelear por un club deportivo que muy probablemente ni siquiera está enterado de la existencia de esas personas que tan equivocadamente ven como enemigos mortales a otros que simplemente piensan diferente o manifiesta su apoyo por otro equipo”, señaló.
De igual forma, se pronunció en contra de la violencia en todos los ámbitos, y exigió a los dueños de los dos equipos, de Atlas y de Chivas, para que corran con los gastos necesarios, derivados de la muerte de José Eduardo Ramírez.
“Llamo a los dueños de ambos equipos, instituciones además millonarias, para que socorran a la madre y a los hermanitos de este joven y para que, junto con los demás clubs deportivos, a quienes también hago este llamado, promuevan una cultura de respeto y fraternidad entre aficionados. Pido a las autoridades que no quede impune este crimen”, concluyó.
El caso se une a otros de violencia futbolística, incluida la muerte de Rodrigo Mondragón, fallecido el pasado sábado 25 de octubre, al finalizar el partido de Cruz Azul y Monterrey, en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, en CU, Ciudad de México. El joven, presuntamente fue golpeado por elementos de seguridad del estadio y murió asfixiado durante un intento de someterlo.
nro/Bmc
