Esta historia fue publicada originalmente por Alexander Castro para Rhode Island Current, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer
Por Alexander Castro
Funcionarios educativos de Rhode Island y Providence afirman que un programa de condonación de préstamos para educadores de color “ya no está vigente”, según documentos que ambas organizaciones presentaron el viernes en respuesta a una queja del Departamento de Justicia de EEUU.
Ambos acusados solicitan la desestimación de la queja federal y exigen un juicio con jurado.
El caso comenzó en septiembre de 2025 e identificó el Programa de Condonación de Préstamos para Educadores de Color, ofrecido por el Distrito Escolar Público de Providence (PPSD), como un ejemplo de discriminación racial porque, según la demanda, “excluía a los maestros blancos” y otorgaba beneficios por motivos de raza.
Con una financiación de hasta 3,175 millones de dólares prometida por la Fundación de Rhode Island, el programa comenzó en 2021 y ofreció hasta 25.000 dólares en condonación de la deuda estudiantil para los nuevos empleados del distrito que se identificaran como asiáticos, negros, indígenas, latinos, birraciales o multirraciales. Los solicitantes necesitarían tener una deuda de al menos 5.000 dólares para participar.
Ahora, en respuestas separadas y en su mayoría similares a la demanda del Departamento de Justicia, ambos demandados afirman que el programa ha expirado, y la frase “ya no está en vigor” se repite más de 30 veces en ambos documentos.
“El demandante no alega hechos suficientes para demostrar que tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios del RIDE”, dice la respuesta del Departamento de Educación. “Las alegaciones del demandante son irrelevantes, total o parcialmente”.
Aún no se sabe con certeza cuándo finalizó el programa. Cuando se presentó la demanda el pasado septiembre, el Departamento de Justicia alegó que el programa “continúa operando en nombre de los solicitantes aceptados”. Las referencias al programa se habían eliminado del sitio web del distrito en ciertas secciones, aunque aún se puede acceder a copias públicas en caché.
El programa duró al menos hasta el año académico 2024-2025, según la respuesta del PPSD del viernes.
La denuncia federal original indica que “el PPSD aceptó solicitudes para el Programa durante al menos cuatro años escolares: Año escolar 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025”.
El distrito escolar de Providence admitió la veracidad de las acusaciones en su respuesta. El RIDE sostuvo en su propia respuesta que carecía de conocimiento o información suficiente para formarse una convicción sobre la veracidad de las acusaciones.
El Departamento de Justicia argumenta que el programa de condonación de préstamos violó el Título VII al compensar a los empleados de manera diferente debido a su raza. En sus respuestas formales, el RIDE y el PPSD argumentan que actuaron de buena fe.
“El RIDE actuó razonablemente y de buena fe y no ha violado ningún derecho establecido en la Constitución o las leyes de los Estados Unidos, ni de ninguna subdivisión política ni de ninguna ley del Congreso que proteja los derechos civiles”, se lee en la respuesta.
Sin embargo, las dos partes discrepan un poco al responder párrafo por párrafo a las últimas partes del argumento del Departamento de Justicia, que detallan la mecánica del proceso de condonación de préstamos en el departamento escolar de Providence.
Los funcionarios escolares de Providence confirman la mayor parte de la cronología y los esquemas federales sobre el funcionamiento del programa, mientras que el departamento de educación, que ha controlado el distrito escolar de Providence desde 2019, afirma reiteradamente carecer del conocimiento necesario para confirmar la veracidad de estas acusaciones.
Ambos acusados confirmaron haber sido investigados por el Departamento de Justicia antes de la presentación de la denuncia.
Los funcionarios de Providence declararon en septiembre que la denuncia les desconcertó, ya que habían cooperado con la investigación a principios de 2025. En ese momento, ni el RIDE ni el distrito escolar habían recibido la notificación formal.
Según el expediente del caso, los departamentos escolares del estado y de la ciudad no recibieron la notificación formal, y por lo tanto se vieron obligados a responder, hasta principios de diciembre.
Los demandados tenían como fecha límite el 29 de diciembre para responder, pero RIDE y PPSD solicitaron una prórroga para presentar sus respuestas, extendiendo la fecha límite al 16 de enero. RIDE y PPSD presentaron sus respuestas el viernes.
RIDE y PPSD no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.
El caso, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, está asignado a la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Mary S. McElroy y a la Jueza Magistrada Patricia A. Sullivan. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia.
