Artículo originalmente publicado por Brenden Moore para Capitol News Illinois, en su versión en inglés y traducido al español. Fotografía: Janelle O’Dea/Illinois Answers Project
Por Brenden Moore
Springfield, Illinois.— El gobernador J.B. Pritzker, que la denominó parte de una respuesta “pionera a nivel nacional” a las agresivas redadas federales de inmigración, firmó el martes una ley que permite a los residentes de Illinois demandar a los agentes de inmigración que los arresten en los juzgados o en sus inmediaciones, o si consideran que se violaron sus derechos constitucionales.
La nueva ley —que los legisladores han reconocido que probablemente enfrentará una impugnación legal— también exige que las universidades públicas, los hospitales y las guarderías establezcan políticas para abordar la aplicación de las leyes de inmigración y, en general, les prohíbe revelar el estatus migratorio de estudiantes, pacientes, padres e hijos.
“Juntos, enviamos un mensaje a Donald Trump, a Kristi Noem, a Gregory Bovino y a cualquiera que busque aterrorizar a nuestra gente: su división y su brutalidad no son bienvenidas aquí”, declaró Pritzker, rodeado de legisladores estatales y defensores de los derechos de los inmigrantes en el barrio de La Villita de Chicago.
“Sabemos que este nuevo conjunto de leyes no puede mitigar todo el daño, pero nos brinda nuevas herramientas de protección y es un símbolo de nuestra acción conjunta contra quienes aterrorizan a nuestras comunidades y a nuestro estado”, declaró Pritzker.
Respuesta a la Operación Midway Blitz
La legislatura estatal, liderada por los demócratas, aprobó el proyecto de ley a finales de octubre, durante el apogeo de la campaña federal de control migratorio conocida como “Operación Midway Blitz”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la operación, que comenzó en septiembre y finalizó el mes pasado, resultó en el arresto de más de 3000 inmigrantes que vivían en Chicago y sus suburbios sin permiso legal.
Aunque los funcionarios federales afirmaron que se dirigían a los “peores de los peores”, los datos del DHS indican que la mayoría de los arrestados no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.
Las redadas a menudo derivaron en enfrentamientos violentos entre agentes federales enmascarados y manifestantes durante diversos operativos en la ciudad y los suburbios, incluyendo cerca de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el suburbio de Broadview. Muchos de estos enfrentamientos dieron lugar al uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos.
Bovino y unos 200 agentes de la Patrulla Fronteriza bajo su mando partieron de Chicago hacia los estados del sur el mes pasado, aunque podrían regresar cuatro veces más este marzo, según informó el Chicago Sun-Times.
El presidente del Senado, Don Harmon, demócrata por Oak Park, afirmó que la ley “envía el mensaje de que si se abusa de la autoridad, habrá consecuencias”.
“Nuestros derechos nos acompañan en los juzgados, en el campus, en el hospital y cuando llevamos a nuestros hijos a la guardería”, declaró Harmon. “Nadie puede quitárnoslos. Estamos brindando a las víctimas de este caótico asalto federal una vía legal clara para perseguir a sus abusadores y hacerlos responsables”.
Con la firma de Pritzker, todas las personas que asistan a los tribunales se consideran “privilegiadas de arresto civil” dentro de los juzgados estatales y dentro de una zona de seguridad de 305 metros fuera de los edificios.
Si bien desde hace tiempo se entendía que dichas instalaciones estaban fuera del alcance de las autoridades migratorias, han sido objeto de detenciones cada vez con mayor frecuencia durante el último año. Quienes violen la ley podrían ser responsables de daños legales por $10,000.
La ley otorga a las personas arrestadas en estas circunstancias el derecho a demandar a los agentes que las detuvieron.
Críticas y posible impugnación
La ley también permite a los residentes demandar a los agentes de inmigración por violar su derecho constitucional al debido proceso y a la protección contra registros e incautaciones irrazonables.
Podrían cobrar daños punitivos que pueden aumentar si los agentes usan máscaras, ocultan su identidad, no usan cámaras corporales o utilizan un vehículo con matrícula no estatal o con matrícula oculta.
Los republicanos de Illinois han criticado la disposición, argumentando que tendría consecuencias imprevistas para las fuerzas del orden estatales y locales. También es probable que la administración Trump la demande, argumentando que viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.
La portavoz del DHS, Tricia McLauglin, declaró por correo electrónico a Capitol News Illinois que Pritzker “debe desconocer la Constitución de los Estados Unidos”.
“Al firmar esta ley, Pritzker violó la cláusula de supremacía, el juramento que hizo como gobernador de ‘apoyar la Constitución de los Estados Unidos’, que a su vez se enmarca en la cláusula de juramentos de la Constitución”, declaró McLaughlin. “¡Esperamos que los titulares, los “me gusta” en redes sociales y los correos electrónicos de recaudación de fondos que lo motivaron valgan la pena!”.
Harmon reconoció en octubre que la ley probablemente sería impugnada, aunque Pritzker, uno de los críticos más acérrimos de Trump y considerado un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, declaró el martes que creía que estaba “en buen estado”.
“Siempre que se promulga algo contundente, que busca proteger a la gente, habrá quienes lo ataquen”, afirmó Pritzker. Sin duda, tienen la capacidad de recurrir a los tribunales. Pero creo que esta no es solo una buena ley, sino una excelente ley.
Guarderías, universidades y hospitales
La ley exige que todos los hospitales de cuidados intensivos implementen una política de interacción con las fuerzas del orden antes del 1 de enero. Todos los demás hospitales necesitan un plan establecido antes del 1 de marzo.
Las universidades de Illinois deberán contar con procedimientos para aprobar las solicitudes de los agentes del orden que intenten ingresar al campus antes del año nuevo.
La ley también prohíbe que las guarderías compartan el estatus migratorio de los niños o los padres, a menos que la ley lo exija. También exige que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois y el Departamento de Primera Infancia de Illinois proporcionen materiales de “conozca sus derechos” y planes de preparación a las familias en sus sitios web.
Las guarderías también deberán adoptar planes para interactuar con los agentes del orden y notificar a los padres si los agentes solicitan información sobre un niño.
La representante estatal Norma Hernández, demócrata por Melrose Park, afirmó que el asesinato a tiros de Silverio Villegas González, padre desarmado e inmigrante mexicano, en septiembre, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dejar a sus dos hijos pequeños en la escuela y la guardería en el área de Chicago “nos recuerda la importancia de esta ley”.
“Su muerte no fue una tragedia aislada”, declaró Hernández. “Es un doloroso recordatorio de que, sin protecciones sólidas, la vida cotidiana se convierte en un lugar de peligro, y ahí es donde nos encontramos ahora”.
Además de la ley, Pritzker firmó en octubre una orden ejecutiva que crea la Comisión de Responsabilidad de Illinois, encargada de elaborar un registro público de los presuntos abusos perpetrados por agentes federales durante la “Operación Midway Blitz”.
También examinará el impacto de dicha conducta en los residentes y las comunidades de Illinois y ofrecerá recomendaciones para la rendición de cuentas y la reforma.
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