Con información de KARE11
Minneapolis, Minnesota.— Marisa Simonetti, una mujer que fue acusada de arrojar una tarántula a su ex huésped de Airbnb durante una disputa, presentó una demanda de 28 millones de dólares, alegando una campaña para descarrilar sus aspiraciones al Senado.
En la demanda, Simonetti nombra como demandados a la ex inquilina, al condado de Hennepin, a la ciudad de Edina y a sus agentes de policía. La acción legal se deriva de un incidente ocurrido el 21 de junio de 2024, cuando Simonetti presuntamente arrojó la araña y otros objetos a su inquilina durante una disputa dentro de la casa que compartían en Edina.
La huésped de Airbnb declaró a la policía que Simonetti estaba invadiendo su zona de la residencia, mientras que Simonetti insistió en que la mujer era una okupa que le alquilaba y se negó a irse una vez finalizado el contrato.
El propietario de la casa le dijo más tarde a Lou Raguse de KARE 11 que nunca le dio permiso a Simonetti para subarrendar habitaciones y que, al hacerlo, violó su propio contrato de arrendamiento.
Simonetti fue finalmente arrestada, pasó el fin de semana en la cárcel y fue acusada de agresión, delito menor de quinto grado, por arrojar la tarántula.
La demanda, presentada en el condado de Hennepin el 29 de julio de 2025, alega que, mediante acusaciones falsas y su proceso penal en curso, los acusados pusieron en peligro colectivamente su bienestar y su carrera política. Los documentos judiciales están repletos de acusaciones contra la exinquilina por presunto comportamiento errático y violento, y acusan a la policía del condado y de Edina de acosarla en lugar de expulsarla de su hogar.
Simonetti, quien en aquel momento afirmó ser candidata declarada a comisionada del condado de Hennepin y más recientemente se autodenominó en la demanda como una “contendiente emergente para la contienda senatorial de los Estados Unidos de 2026 en Minnesota”, afirma que las acciones de los acusados han perjudicado sus aspiraciones políticas. Afirma que donantes clave retiraron sus contribuciones prometidas y que se le negaron oportunidades para hablar y comparecer debido a los cargos penales pendientes.
Operadores políticos y periodistas han citado repetidamente las acusaciones penales sin resolver en debates públicos sobre la campaña de la demandante, lo que ha impedido su capacidad para recaudar fondos, formar un equipo o conseguir apoyo institucional. Donantes y simpatizantes han expresado su preocupación por represalias o vergüenza por asociación —se lee en la demanda—.
La demandante ha sido privada no solo de un cargo electivo, sino también del derecho fundamental a acceder a un servicio público libre de interferencias maliciosas del Estado. El daño a su imagen política, credibilidad e infraestructura de recaudación de fondos continúa y sigue obstaculizando sus esfuerzos por organizar una campaña para el Senado.
En un comunicado de prensa, Simonetti dice que los daños de la demanda se utilizarán para lanzar lo que ella llama la Gran Campaña de Devolución, una iniciativa para trabajar con empresas locales y brindar ayuda práctica a los habitantes de Minnesota en forma de alimentos, asistencia para el alquiler y reparaciones de automóviles y viviendas.
Está previsto que comparezca ante el tribunal para una audiencia previa al juicio este octubre por los cargos de agresión.
